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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, indicó que el Ejecutivo está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar como “inconstitucional” el hacinamiento en los penales del país e indicó que las políticas para solucionar este problema ya están elaborándose.
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“En primer lugar hay que decir que estamos de acuerdo con la parte resolutiva del TC. Lo que el Tribunal ha hecho es una declaración, al decir que hay un estado de cosas inconstitucionales en los penales, hay razones estructurales que impiden que haya condiciones idóneas, que haya niveles de deshacinamiento. Hay situaciones estructurales”, manifestó en conferencia de prensa.
El último miércoles el TC decidió considerar ilegal el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y ordenó que las instituciones implicadas en el tema tomen medidas urgentes para solucionar este problema.
El titular del sector Justicia señaló que el sistema penitenciario se ha declarado en emergencia cuatro veces en los últimos años, pero que, pese a ello, la situación de hacinamiento solo ha aumentado.
“El Tribunal en su parte resolutiva hace una afirmación importante, dice existen obligaciones sobre los poderes públicos. Esto involucra al Congreso, que es el que hace las leyes; al Poder Judicial que es la que dispone las prisiones preventivas y al Ejecutivo que supervisa que se haga efectiva la decisión. Incluso al propio Tribunal está involucrado, pues puede pronunciarse sobre casos de prisión preventiva, como ya lo ha hecho”, agregó.
El último 23 de mayo el Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para que legisle sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios, a fin de que se adopten medidas que eviten contagios de coronavirus (COVID-19).
Al respecto, Castañeda aseveró que los lineamientos de su sector no están siendo penados para el corto plazo, sino que se está realizando una proyección para las siguientes dos décadas.
“La política penitenciaria se está actualizando en el Consejo de Política Criminal en un marco de 20 años. Se está pensando desde antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tiene que ser una política que cambie tanto la gestión como las condiciones de salud de las cárceles”, aseguró.
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