Congresistas afirman que Gobierno quiere “tirar la pelota” al Parlamento con proyecto sobre penales

Representantes de distintas bancadas cuestionaron que el gobierno del presidente Martín Vizcarra haya presentado un proyecto de ley para el deshacinamiento de los penales como medida frente al coronavirus (COVID-19), pues afirmaron que el Ejecutivo podría emitir un decreto legislativo sobre la materia en base a las facultades delegadas por el Congreso.

Por ello, afirmaron que el Ejecutivo tiene “miedo” de legislar al respecto y que quiere “lavarse las manos”, “soplar la pluma” o “tirar la pelota” del problema hacia el Legislativo.

La propuesta del Gobierno contempla que el Poder Judicial cese las prisiones preventivas que recaen sobre procesados que cumplan determinados requisitos, a cambio de otorgarles la medida de comparecencia con restricciones. Asimismo, se plantea que las penas de cárcel efectiva menores a 8 años se conviertan a trabajo comunitario a iniciar tras el levantamiento del Estado de Emergencia. La iniciativa también incluye medidas excepcionales para adolescentes privados de su libertad.

El proyecto fue presentado la mañana de este martes. Por la tarde, en su habitual conferencia de prensa, el presidente Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos recordaron que hay casi 30.000 personas privadas de su libertad, pero sin sentencia. Por tanto, dijeron esperar que el proyecto de ley sea atendido por el Congreso rápidamente.

Posturas

Para Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, el Ejecutivo bien podría emitir un decreto legislativo amparado en la Ley N° 31011, que en marzo pasado delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus. Entre ellas se incluye la protección de personas en vulnerabilidad, dentro de las cuales se consigna a aquellos que permanecen en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Así, sostuvo que el Ejecutivo pudo abordar el problema del hacinamiento en penales anteriormente y con prontitud mediante un decreto legislativo, sin esperar a plantear un proyecto de ley. “En el Congreso, imagino que la posición nuestra terminará siendo devolver ese proyecto de ley. Ya les hemos entregado facultades, por qué tienen miedo a legislar sobre ese aspecto [...] Para nosotros, el querer tirarnos la pelota de un error que ellos están cometiendo no es nada fácil. Que cada uno asuma sus consecuencias y sus errores”, refirió el legislador.

La misma posición expresó a título personal el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien consideró que detrás de la conducta del Gobierno de Martín Vizcarra puede existir una “razón política”.

“No es cuestión de tomarse la foto y decir le hemos pasado algo al Congreso, cuando el Congreso ya te habilitó para que legisles. Es una sin razón. Y si en todo caso el Gobierno quiere lavarse las manos, que se franqueen y digan que no quieren legislar sobre el tema, que digan que quieren soplarle la pluma al Poder Judicial y al Congreso, porque ellos se quieren poner de costado”, expresó.

Columbus, en esa línea, consideró que lo que hace el proyecto es demorar el objetivo final, que es el deshacinamiento.

“Están presentando un proyecto de ley innecesario, porque ellos lo pueden aprobar. Y desde el punto de vista de urgencia, podrían hacerlo ellos. Nos estarían obligando a nosotros a someterlo a comisiones. Y si es tan urgente, lo pueden aprobar ellos directamente”, reiteró.

Por su parte, Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, opinó que al Gobierno no le conviene emitir una norma de deshaciamiento de los penales, pese a tener las facultades legislativas para hacerlo, cuyo plazo vence el 14 de abril.

“En los temas enojosos, antipopulares, el Ejecutivo nos tira la pelota. Cuando ellos tienen todas las prerrogativas para poder emitir esa norma”, dijo.

Cuestionó en, ese sentido, que se deje en manos del Parlamento el “trabajo difícil” y criticó también que el Ejecutivo haya pedido facultades legislativas para no cumplir con su responsabilidad. “Saben que ellos pueden coger esa papa caliente, pero como no les conviene por el porcentaje de popularidad que puede perder el presidente, se la pasan al Legislativo. Es una irresponsabilidad total”, sentenció.

A su turno, José Vega, portavoz de Unión por el Perú (UPP), coincidió con que el Ejecutivo tiene las armas legales para el deshacinamiento de los penales, por lo que hubiera podido presentar un decreto legislativo al amparo de las facultades delegadas y no un proyecto de ley.

“Una vez más, el Gobierno está tomando temas como para soplar la pluma al frente y no tomar decisiones. Es una facultad del Ejecutivo, tiene esa prerrogativa. Parece que tienen temores, miedos y por eso no actúan”, aseveró.

En tanto, ratificó que su bancada promoverá una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, por presuntamente poner en riesgo la salud y vida de los internos. Afirmó que, con ese fin, ha conversado con legisladores de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú.

Consultado por El Comercio, el congresista Gino Costa del Partido Morado considera que el Ejecutivo pudo “haberse movido más rápido” y adoptado medidas adecuadas a tiempo para evitar que le estalle la crisis que se ha desatado en los penales a consecuencia del coronavirus.

Sin embargo, Costa también cree que el Congreso no le dio las herramientas para legislar en esa materia y por eso el presidente Martín Vizcarra ha enviado un proyecto de ley para disminuir el explosivo hacinamiento que existe en los centros penitenciarios.

“El Congreso dice ahora que en su momento le dio facultades especiales al Ejecutivo para legislar y no lo hizo, pero eso no es exactamente cierto”, asegura el legislador morado.

Precisa que el Ejecutivo pidió facultades para modificar la situación jurídica de los internos a fin de que pudieran salir en libertad, pero “dentro de las facultades aprobadas no se consideró esa prerrogativa para variar la situación jurídica del interno, con lo cual el gobierno quedó atado de manos”.

Costa expresa que el tema de los penales es delicado y se tiene que tomar medidas urgentes para salvar vidas. “Estamos en una emergencia, hay casi 5 mil reos mayores de 60 años y otros tantos que están enfermos, hay que sacar presos, es una medida impopular, pero necesaria. Pero el Congreso no quiere cargar con ese peso”, manifiesta.