Critican al Ejecutivo por su postura sobre norma que pone en riesgo colaboración eficaz

En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exprocurador Luis Vargas cuestionaron la postura del Poder Ejecutivo sobre la norma que pone en riesgo la figura de la colaboración eficaz, aprobada el mes pasado por el Congreso.

Ello luego de que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, defendiera ayer en diálogo con RPP que el gobierno observara la autógrafa de ley solo en uno de sus aspectos, sin tomar en cuenta la opinión del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado (PGE) y distintos actores ligados al aparato judicial.

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“Si salvamos esto del plazo, hay varios aspectos de la ley que son positivos”, aseveró el titular del Minjus.

Por ejemplo, aseveró que el Ejecutivo está de acuerdo con que las declaraciones de un colaborador eficaz no se puedan corroborar con las de otro. “Debe estar prohibido que una declaración pueda ser corroborada con otra declaración. Necesitamos otros elementos externos más”, dijo.

Asimismo, Maurate afirmó que es importante que se establezca la figura del aspirante a colaboración eficaz y se dispongan sanciones contra los fiscales que filtren la información.

La norma aprobada por la representación nacional es cuestionada por establecer un plazo de ocho meses para cerrar acuerdos de colaboración eficaz ligados a casos de crimen organizado, cuyos plazos de investigación son cuatro veces mayores (36 meses). Además, por la obligación de grabar en audio y video los testimonios, la obligación de que se celebre un acuerdo preliminar con el colaborador en el que se fijen los beneficios que iba a recibir, entre otras críticas.

En diálogo con este Diario, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía cuestionó que el ministro esté de acuerdo con que la declaración de un colaborador eficaz no se pueda corroborar con la de otro. Asimismo, opinó que detrás de esta postura hay un “serio desconocimiento técnico” y que se estaría “recortando” la labor de los jueces “quienes son los responsables de valorar” las declaraciones de los colaboradores eficaces y otros elementos presentados por los fiscales.

Andía señaló que lo primero que debió tomar en cuenta el gobierno de Dina Boluarte es que se trata de una norma elaborada “con intereses propios”. “Muchos de los [congresistas] que han votado a favor tienen serios conflictos de intereses”, añadió.

En tanto, el exprocurador Luis Vargas Valdivia calificó de “barbaridad” lo que dijo Maurate sobre las corroboraciones. “Afirmar eso implica desconocer el procedimiento de colaboración eficaz porque en este lo importante no son los dichos, sino las pruebas que aporte el involucrado”, enfatizó.

Asimismo, dijo que la Corte Suprema ya se pronunció al respecto.

Fuentes de El Comercio estimaron que esta ley afectaría más de 200 procesos de colaboración eficaz, ligados a delitos como corrupción, terrorismo o narcotráfico.