Cuotas de contenido para la radio y TV: Cuestionan respaldo del Gobierno a peligroso proyecto del Congreso

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La medida propuesta se basa en los dictámenes de las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, que proponen obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a que dediquen, como mínimo, entre el 30% y el 40% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana.

En la entrevista, la titular de la cartera de Cultura minimizó las repercusiones de la posible norma y argumentó que dicho incremento “es necesario” debido a que el Perú “es el único país de la región” que tiene una “cuota tan baja del 10%”de contenido nacional en la programación de los medios de difusión.

“Nosotros, desde el Ejecutivo estamos de acuerdo con que se incremente [el porcentanje del contenido nacional]. Somos el único país de la región que tiene esta cuota tan baja del 10% […] Nuestros músicos, nuestros creadores peruanos y peruanas necesitan justamente este incremento”, dijo.

Respecto al porcentaje a incrementar, Urteaga indicó que eso se puede “conversar”. “Que sea de 20%, 30%, que sea diario, semanal […] De eso se trata el debate”.

“[Además del canal del Estado]También los medios privados podrían sumarse a promover que los músicos puedan tener muchísimo más de expectativa respecto a la diversificación que producen, a la creación”, subrayó.

Ante la pregunta sobre la inconstitucionalidad de la medida y quién decidirá qué tipo de contenido transmitirán los medios de comunicación, Urteaga respondió: “Nadie decide, la propuesta es que la cuota que ya existe, que en este momento es del 10% se eleve un poquito, frente a países que tienen un 50%”.

“Respetamos la libertad de empresa”, agregó la ministra de Cultura.

Minutos antes, le preguntaron qué pasaría, por ejemplo, con las radios de contenido temático, como las que transmiten música en inglés y la ministra respondió que también “hay peruanos que hacen música en inglés”.

“No se trata de que obliguemos o que se regule. Se trata de promover mucho más producción y promoción de peruanos. La radio en inglés podría poner en sus cortinas músicas de peruanos […] Está para debate”, enfatizó.

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Las iniciativas aprobadas en las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Cultura y Patrimonio Cultural se basan en un proyecto de ley del congresista Alex Flores Ramírez, de Perú Libre, presentado en mayo de 2022 (cuando Pedro Castillo era presidente de la República), que busca modificar la Ley de Radio y Televisión.

Los dictámenes plantean obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a que dediquen, como mínimo, entre el 30% y el 40% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana.

Además, señalan que la mitad de ese porcentaje mínimo debe ser “música emergente”, sin precisar qué califica como tal.

Ambas propuestas precisan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solo otorgará o renovará las licencias a los organismos de radiodifusión que acrediten haber cumplido con la difusión del porcentaje de programación mínima y con el pago de los derechos de autor.

El dictamen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones señala que las empresas de radio y televisión establecerán “una producción nacional mínima diaria de cuarenta por ciento de su programación en el horario comprendido entre las 05.00 a 24.00 horas”.

Este es el dictamen de la Comisión de Transportes:

En el documento se precisa que la producción nacional difunde folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana.

En ambos dictámenes, se señala que al menos el 15% de la programación diaria de las radios deberá ser “música emergente”. Se añade que el MTC será la entidad competente para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de esa ley. Los dictámenes podrían ingresar en los próximos días a la agenda del pleno del Poder Legislativo, que los someterá a debate y votación.

Este es el dictamen de la Comisión de Cultura:

Luego de que se aprobaran los dictámenes en las comisiones del Congreso, la Defensoría del Pueblo envió un oficio dirigido al titular del Parlamento, José Williams Zapata, en el que advierte que si esta medida prospera “podría ser empleada como mecanismo para hostilizar a determinados medios de comunicación cuya línea editorial sea contraria al gobierno de turno y, por tanto, para limitar arbitrariamente las libertades de expresión e información”.

Asimismo, el documento de fecha 26 de abril, señala que la propuesta “no sustenta por qué se eleva el porcentaje mínimo a 30% o 40%, ni por qué la evaluación de su cumplimiento se llevará a cabo diariamente y no de forma semanal como lo prevé actualmente la Ley de Radio y Televisión”.

También indica que “no se ha analizado el impacto que la medida planteada tendrá en aquellos titulares de los servicios de radiodifusión dedicados a difundir hechos noticiosos o cuyo contenido esté referido a una temática en particular”.

Además, “recomienda que la norma precise términos tales como producción nacional mínima, realidad nacional, música nacional o música emergente, de tal manera que sirvan como parámetros para una debida reglamentación y facilite la labor de los titulares de los servicios de radiodifusión”.

En el oficio, la Defensoría sugiere que las infracciones se redacten “con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción”.

Para la institución es importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se pronuncie sobre el tema, debido a que eventualmente serán los responsables de fiscalizar que las empresas de radio y televisión cumplan con la medida.

“De hecho, su participación es indispensable, puesto que las atribuciones que se le otorgan implican inevitablemente que el Estado destine recursos para llevar a cabo dicha fiscalización”, dice el documento.

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En tanto, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), cuestionó la postura de la ministra de Cultura. “Es la primera vez que vemos que un Gobierno se perfila con el Congreso para afectar a los medios de comunicación”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Salazar subrayó que la posición del gobierno de Dina Boluarte ha sido “errática” frente a la libertad de expresión. Y que a las “contradicciones” del Poder Ejecutivo “ahora se suma una ministra de Cultura que se perfila con el Congreso y juega en pared para poner una cuota a los medios de comunicación”.

“Ahora se suma una ministra de Cultura que se perfila con el Congreso y juega en pared para poner una cuota a los medios de comunicación”.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP

“Cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República, nosotros nos reunimos con ella y nos dijo que no nos preocupemos que habría respeto irrestricto a la labor de la prensa; sin embargo, días después, la policía comenzó a atacar a los periodistas en las protestas. A las dos semanas o tres, pedimos que se elabore un protocolo de seguridad para los comunicadores, fuimos a las reuniones en el Ministerio del Interior, y el protocolo fue todo lo contrario: le ponía límites al trabajo de la prensa”, resaltó.

El director del CPP advirtió que este proyecto de ley abriría una “caja de Pandora peligrosa” que derivaría en que los medios de difusión pierdan sus licencias. “Suena bonito decir que haya mayor contenido nacional en los medios de comunicación, pero el problema es cómo haces un trabajo de fiscalización para saber si el medio cumple o no con este porcentaje. Esto abre las puertas para decirle al medio que no cumplió con dicho porcentaje y que se le cancele su licencia”, argumentó.

Sobre una eventual acción de inconstitucionalidad, Salazar señaló que no confía en el Tribunal Constitucional (TC) al considerarlo “servil a los intereses del Poder Legislativo”.

“Nos preocupa que, si se llega a presentar un proyecto de inconstitucionalidad sobre esta norma, el TC falle en contra de la libertad de expresión y a favor de los intereses del Congreso. Ya no podemos confiar en la independencia del TC porque ya hemos visto sus anteriores fallos. Se van acabando los mecanismos a través de los cuales los periodistas podemos pedir la nulidad de ciertos proyectos de ley”, añadió.

El representante del CPP también expresó preocupación por la elección del próximo titular de la Defensoría del Pueblo. Indicó que, en un futuro, posiblemente haya “una institución menos” que defienda este derecho.

Finalmente, consideró que este proyecto “no debe analizarse de manera aislada”. “Hay que tener en cuenta que se presentó el mismo mes que los proyectos de ley para ampliar la pena de cárcel por difamación y obligar a la colegiatura periodística. Ya te vas dando cuenta hacia dónde apuntan”, concluyó.

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Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Michelle Szejer Aragonés, dijo que este proyecto de ley “atenta contra la libertad de empresa, la libertad de opinión y la libertad de expresión”.

Asimismo, opinó que la iniciativa “tiene la falsa finalidad de promover la música nacional, la cultura, el arte, etcétera”.

Szjer afirmó también que la norma propuesta tiene como finalidad “controlar los contenidos de los medios de comunicación”. Para Szejer Aragonés, se trataría de una medida “inviable” y “antitécnica”, debido a la dificultad que tendrían las empresas de radio y televisión para cumplir con la franja horaria que se pretende imponer.

“Atenta contra la libertad de empresa, la libertad de opinión y la libertad de expresión”.

Michelle Szejer, presidenta ejecutiva de la SNRTV

“Se pone una franja horaria desde las 5 hasta las 24 horas. Son 7.6 horas de programación de contenido diario, esto es inviable y antitécnico y un imposible para los medios de comunicación”, apuntó.

La titular de la SNRTV aseveró que la propuesta es parte del “paquete” de proyectos que buscan hostilizar a los medios de comunicación.“Viene en paquete con proyectos como la colegiatura a periodistas y el aumento de las penas para los delitos de honra, incluyendo a los medios de comunicación en esto. Se presentaron en la época de Castillo por [la bancada] Perú Libre”.

Szejer anunció que, de ser necesario, “la SNRTV presentaría una acción de inconstitucionalidad para evitar que este proyecto de ley se convierta en ley”.

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De otro lado, Daniel Chappell, presidente del Instituto de Estudios del Derecho de los Medios y las Audiencias (Idecom) expresó que esta “norma no camina”. Primero porque “los gustos” no se pueden imponer ni en los televidentes, ni en los radioescuchas.

Chappell resaltó que, por ejemplo, en el caso de la radio, no se toma en cuenta que los usuarios podrán migrar a plataformas como Spotify, las cuales no son reguladas por el Estado peruano y esto significaría un duro golpe para las empresas de radiodifusión. “Alterar el modelo de negocio de alguien, en una economía libre de mercado, es inconstitucional. Esta norma no ha hecho ninguna estimación del perjuicio económico que la franja que se va a aprobar”, dijo.

Chappell, quien fue director del Comité de Radio, prevé que, si la norma prospera, habrá desorden al momento de la fiscalización. “Ni siquiera se ha podido fiscalizar la cuota actual del 10% porque no tiene cómo hacerlo y ahora tampoco lo van a poder hacer. Con eso nomás te das cuenta de que es una ley con nombre y apellido”, mencionó.

"[El Mincul] No tiene un solo plan para la promoción y preservación del artista nacional. Como no lo tienen tampoco los gobiernos regionales, los municipales. ¿Nos quieren cargar a nosotros el costo de preservar y promover?”,

Daniel Chappell, director de Idecom

El titular de Idecom dijo que los estudios sobre otros países mencionados en el proyecto de ley “responden a otras realidades” y que tienen “audiencias más robustas”.

También advirtió que hay diversos vacíos legales. “No se dice qué es música nacional, qué es música emergente. Tampoco se establece cómo se realizarán las sanciones, no se dice cómo se perderá la licencia. No se puede normar sobre aquello que no se define”.

Finalmente, dijo que es labor del Ejecutivo, a través del Mincul, la promoción y preservación del artista nacional.

“[El Mincul] No tiene un solo plan para la promoción y preservación del artista nacional. Como no lo tienen tampoco los gobiernos regionales, los municipales. ¿Nos quieren cargar a nosotros el costo de preservar y promover?”, dijo.

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El constitucionalista Alejandro Rospigliosi calificó la propuesta de “peligrosa” y dijo que parte “una visión intervencionista de los derechos constitucionales de libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa y libertad de empresa”.

A su juicio, las “denominadas cuotas estarán sujetas a la arbitrariedad y estado anímico del burócrata y gobernante de turno”.

Una opinión similar tuvo su colega Erick Urbina. “Esta norma propuesta es inconstitucional. De llegarse a aprobar, tranquilamente podría ser declarada como tal por el TC”.

Para Urbina, con una medida como esta “podría estarse vulnerando el derecho a la libertad de empresa y, por otro, podría estarse vulnerando el derecho a la libertad de expresión”.

“Ya existen pronunciamientos al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poner cuotas sin fundamento a los medios de comunicación podría ser considerado como un atentado contra la libertad de expresión e información”, expresó.

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Leslie Urteaga era viceministra de Cultura en el año 2020, cuando se dio a conocer que el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, había sido contratado por esta cartera durante la pandemia para brindar charlas motivacionales.

En ese entonces, la actual ministra negó conocer al intérprete; sin embargo, salió a la luz un video en el que se les veía bailando festejo.

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“Magaly TV: La firme” reveló que ‘Richard Swing’ fue contratado por el sector Cultura por nueve servicios diferentes y obtuvo un total de 175 mil soles.

Al hacerse pública esta situación, Urteaga, entonces viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, descartó conocer detalles del contrato de Cisneros.

“Se han dispuesto las investigaciones para ver si es que este señor cumple con el perfil que se requiere para el servicio o la necesidad de haberlo contratado, y la investigación de las otras contrataciones que ha tenido anteriormente”, dijo.

Este escándalo le costó el cargo a la entonces ministra de Cultura Sonia Guillén. Incluso fue uno de los argumentos con los que se promovió el primer pedido de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, que no tuvo éxito. El Ministerio Público, la contraloría y el Parlamento, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron casi al mismo tiempo investigaciones sobre esta denuncia.