Ministro Daniel Maurate no declaró defensa legal que brindó a exfuncionarios del Estado | INFORME

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Maurate no declaró, por ejemplo, los servicios de defensa legal que brindó, en los años 2022 y 2023, al Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y el Seguro Integral de Salud (SIS), una entidad adscrita al Minsa, por el valor total de S/. 449.500,00.

El hoy ministro solo se limitó a completar los puntos 2, 4 y 7 de referido documento. En el primero brindó información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados a él, su cónyuge o conviviente por personas naturales o jurídicas, públicos o privados. Mientras que en el último colocó los nombres de las personas con las que tiene vínculo de consanguinidad y afinidad.

En el ítem 4, Maurate debía registrar los empleos que tuvo antes de asumir como titular del Minjus. No obstante, él solo declaró su actual cargo.

Ello pese a que, durante el primer trimestre de este año, fue contratado, a través de diversas órdenes de servicio, por el Minsa, el SIS (una entidad adscrita al Minsa) y EsSalud para que ejerza la defensa legal de diversos exfuncionarios demandados en el ejercicio de sus funciones [ver recuadro]. El pago total por esos tres meses fue de S/. 253.000,00.

Según un reportaje de “Al Estilo Juliana”, entre enero y abril del 2023, cuando fue favorecido con las múltiples órdenes de servicio, el ministro de Justicia no estaba habilitado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para desempeñarse como profesional del derecho.

Estos son los servicios que brindó Maurate en el primer trimestre de este año:

En el 2022, Maurate también había sido contratado por el Minsa, el SIS y EsSalud bajo el mismo concepto. Ese año obtuvo, en total, 13 órdenes de servicio que suman S/.196.500,00.

El ministro figura en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el buscador de proveedores del Estado como una persona natural sin negocio, es decir, cobró por su trabajo de defensoría legal con recibos por honorarios.

Maurate fue sancionado temporalmente en 2006 por el Tribunal de Contrataciones del Estado y, actualmente, está impedido de contratar con el Estado debido al cargo que ostenta.

El Comercio buscó contactarse con el ministro Daniel Maurate a través de su equipo de prensa, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

La Ley 31227 establece que la presentación de la declaración jurada de intereses es obligatoria para altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente de la República y los miembros del Gabinete Ministerial.

También indica que se trata de un documento que sirve como “instrumento para la detección y prevención de conflictos de intereses y requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública”.

La declaración jurada de intereses se presenta al inicio de las funciones (dentro de los quince días hábiles tras la designación). Luego, el alto funcionario debe actualizar el documento al cumplir un año en el cargo y al momento del cese de sus labores.

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En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el excontralor general de la República Fuad Khouri y el especialista en contrataciones con el Estado Roberto Benavides advirtieron que Maurate cometió una grave omisión en su declaración jurada de intereses. Mientras que el abogado penalista Andy Carrión alertó sobre un posible delito.

Andía explicó que, inicialmente, el documento era revisado por la Presidencia del Consejo de Ministros, pero que luego (en 2021) la competencia pasó a la Contraloría General de la República, con la finalidad de que haya “un mejor control sobre esta información”.

“Una de las cosas que se dijo cuando se hizo el cambio es que la contraloría se encontraba en mejores condiciones para hacer la fiscalización, ya que PCM no contaba con todo el aparato para hacerlo. La ley que regula la declaración jurada de intereses indica que dentro de los rubros que debe informar el funcionario son sus trabajos de los últimos cinco años”, acotó.

El exviceministro afirmó que la “razón de ser” de esta norma es poder “delimitar si el funcionario, en el ejercicio de sus funciones, pudiera tener un conflicto de intereses” respecto a la empresa o institución en la que laboró previamente.

“Entonces sí es información que se considera obligatoria y necesaria consignar para poder lograr el objetivo del documento que es evitar los conflictos”, apuntaló.

Andía cuestionó que la norma solo establezca sanciones cuando no se cumple adecuadamente con la presentación de la declaración jurada de intereses periódica y la de cese, más no cuando inicia funciones. Por tanto, advirtió que, en el caso de Maurate, no habría una responsabilidad administrativa. “[La contraloría] sí podría pedir que se coloque o aclare la información”, expresó.

No obstante, para el exviceministro, Maurate no estaría exento de un proceso penal por el presunto delito de omisión de función.

“Si alguien quisiera construir algo podría decir que él está obligado porque, ojo, la obligación está. Es obligatorio presentar la información de los últimos cinco años y no lo ha hecho y podría haber una omisión”, alertó.

Finalmente, el exviceministro dijo que es importante conocer cuál es la periodicidad con la que la contraloría revisa este tipo de documentos, con más énfasis en funcionarios de alto nivel como los ministros de Estado.

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En tanto, Khouri subrayó que la norma indica que el funcionario público, en este caso el ministro, debe reportar los trabajos de los últimos cinco años. “Más aún si es el ministro de Justicia que se supone que debe hacer cumplir con las normas de todo el aparato estatal”, apuntó.

“Tiene que regularizar y, si al actualizarla se encuentra que hay un conflicto de interés, podría haber un problema. Los peruanos necesitamos saber en qué trabajó, en estos momentos hay una omisión”, indicó.

Sin embargo, a su criterio, no habría delito “porque no conocemos si la información que omitió es valiosa para determinar si es apto o no para ser ministro”.

A juicio del excontralor, una persona que se dedica a defender a funcionarios denunciados no sería idónea para asumir un ministerio tan importante como el de Justicia. “Yo no lo nombraría”, opinó.

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A su turno, Benavides indicó que es obligatorio colocar en el documento tanto los trabajos públicos y privados que tuvo el funcionario antes de ocupar el cargo.

También consideró que, en el caso de Maurate, hay una “omisión grave” y que ve difícil que el ministro pueda argumentar “el desconocimiento” porque, al haber brindado servicios como persona natural sin negocio, “ha tenido que hacer un todo trámite administrativo para que le paguen”.

Benavides cuestionó que el ministro no haya declarado sus trabajo previos. “¿Por qué no lo dijo? ¿Qué está ocultando?”, preguntó.

“Él ha debido declarar que prestó servicios a las entidades públicas, no era necesario que detalle a qué funcionarios defendió [...] Y detallar las órdenes de servicio. Él ha debido transparentar. Probablemente lo omitió por error o desconocimiento. Él debe transparentar la información, para poder tener claro el panorama del desempeño que él va a tener”, agregó.

De otro lado, el abogado Andy Carrión dijo que, al omitir la información, el ministro podría haber incurrido en los presuntos delitos de “falsa declaración en el proceso administrativo” y “falsedad”.

“La declaración de intereses implica que se deba señalar con rigurosidad cuáles son las instituciones en las que el funcionario ha trabajado o tenido relación laboral, sea directa o tercerizada”, concluyó el penalista.

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En abril, “Epicentro” dio a conocer que un informe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la policía revela que hay más de 180 llamadas entrantes y salientes entre el ahora ministro Maurate e investigados por el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El documento, al que también tuvo acceso El Comercio, da cuenta de llamadas entre Maurate y los empresarios Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chang Romero y Antonio Camayo Valverde.

Solo entre diciembre del 2016 y noviembre del 2017, se registraron 65 llamadas de Oviedo al número celular de Maurate, y 68 de Maurate a Oviedo. Además, hubo 39 llamadas entre Maurate y Alberto Chang, y 15 con Antonio Camayo.

El ministro Maurate admitió las comunicaciones telefónicas con varios de los implicados en Los Cuellos Blancos del Puerto e indicó que era porque practicaban “el mismo deporte”.

Además, en su declaración jurada de antecedentes, de acuerdo a la Ley 31457, Maurate señaló haber tenido cuatro investigaciones fiscales o procesos judiciales que fueron archivadas o sobreseídas. También consignó un proceso administrativo.