Daniel Salaverry
Daniel Salaverry
Fernando Vivas

Hoy es el último pleno del año y Daniel Salaverry no quiere acabar su gestión con un misil legislativo que obstruya los casos emblemáticos de lavado de activos y enerve la calle. Antes de eso tenemos que hablar de una denuncia de “Panorama” sobre informes falsos de su semana de representación.

— Ya separó a su asesor Geanmarco Quezada. ¿Cree que eso es suficiente?
Me he sentido sorprendido e indignado. Que quede claro que ese informe [de la semana de representación] no sirve para justificar el uso de los recursos.

— Esa es una exquisitez jurídica. Hay falsedades que llevan su firma.
Demuéstremelo, ninguno de los documentos lleva mi firma. Lo que he firmado es un documento aparte que remite el informe.

— Y lo valida de esa forma.
No he revisado y refrendado eso. Un congresista tiene un staff de asesores a los que delega este trabajo.

— Lo que estoy entendiendo es que si revisamos a otros, vamos a encontrar casos similares.
Espero que este hecho sobre este informe sirva para que los demás congresistas hagan una auditoría en sus despachos.

— La congresista Marita Herrera tiene una acusación constitucional.
Su caso no es similar. Ella estuvo fuera del país y sustentó un informe diciendo que estaba dentro del país. Yo no he informado que he participado en esas actividades. El encargado incluyó fotos falsas.

— ¿Pensó en algún momento en la posibilidad de una renuncia?
Estoy haciendo lo que corresponde, mis puertas están abiertas para quien quiera despejar interrogantes, no voy a caer en el juego de quienes se sienten afectados por mis decisiones y me quieren lejos. [...] El documento es informativo y voluntario, hay congresistas que tienen años en el Congreso y no presentan esos informes. [...] Si se trata de hacer demagogia y decir que voy a recortarme el sueldo, no soy un demagogo. Yo quiero transparentar la gestión, convoqué a la contraloría, publiqué todos los acuerdos de la mesa anterior, hay una aplicación para que los ciudadanos vean lo que piden los congresistas.

— Tendrá que escoger bien a sus asesores.
Ahí sí acepto el mea culpa.

— Me decía que no quería caer en el juego de sus enemigos y no sé si se refiere a su ex bancada.
Sí, es evidente que las decisiones que vengo tomando incomodan a algunos miembros de FP.

— ¿Y son mayoría?
Quiere llevarme a que diga nombres y no lo voy a hacer, es fácil darse cuenta de quiénes se sienten incómodos, pero soy presidente de 130, no de 61.

— ¿Cómo se lleva con los tres vicepresidentes en la mesa?
Nuestra relación es de respeto. Nos reunimos toda la semana. No toda decisión es unánime, pero si hay algo que nos une es seguir administrando el Congreso de modo imparcial. La población reconoce ese esfuerzo y por eso la aprobación va en aumento.

— Esperábamos que el tema de Mamani se agende.
Es un caso sensible y la población quiere sanciones drásticas, pero hay un reglamento que impide correr con la velocidad que nos gustaría.

— El caso es sensible, pues protagonizó con él un hecho político.
No protagonicé, hice una conferencia de prensa presentando una denuncia.

— Pareciera que se arrepiente.
Quiero evitar cualquier suspicacia respecto a que tengo un compromiso con Mamani. En absoluto. Soy padre de tres hijas y una más que nacerá en abril.

— El caso de Edwin Donayre demora demasiado.
Ni bien llegó el documento reiterativo del PJ, corrimos traslado a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, y en vista de que hay dos posiciones legales, ha trasladado a la Comisión de Constitución para que esta haga un informe.

— Se ha propuesto una ‘comisión de consenso’. ¿Simpatiza con la idea o prefiere otros mecanismos de concertación con el Ejecutivo?
Se ha planteado una reconsideración y entiendo que solo dos bancadas, FP y el Apra, están dispuestas. [...] Ha sido testigo de que me acabo de reunir con la ministra del Ambiente [Fabiola Muñoz] para ver cómo impulsar la ley de plásticos; la semana pasada fue con la ministra de Salud. Fui con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, a Palacio a consensuar con el ministro de Economía y el presidente Vizcarra cómo aumentar el presupuesto en Salud, Educación.

— ¿La crisis en FP no hace impredecibles sus votos?
Las leyes más importantes de las últimas semanas han contado prácticamente con el voto unánime de FP, priorizamos leyes que toquen el día a día del ciudadano.

— ¿Cómo evitar tanta ley declarativa?
De 100%, 80% son declarativas. Hay temas reivindicativos e importantes, pero en comisiones. En el pleno buscan que pase al revés, 80% de leyes de fondo.

— Hay un proyecto polémico que dice que los partidos no pueden ser organizaciones criminales.
No está agendado, hay un dictamen de Justicia y otro de Constitución que buscan llenar el vacío de ley sobre el financiamiento ilegal de partidos, tipificando que no sería lavado de activos [...]. Dudo que se debata, salvo que los portavoces lo decidan así.

— Tendrá que hilar fino.
He presentado mi licencia a FP, por lo tanto, mis decisiones son individuales y partiendo de la premisa de qué es lo mejor para el país.

— Desde esa independencia, ¿cree que el Congreso debe dar facilidad para armar nuevas bancadas?
Estoy a favor de acatar la decisión del TC pero no depende de mí. Según el reglamento, es una decisión del oficial mayor y está a la espera de un informe de Constitución.

— ¿No puede crear un espacio de concertación para analizar ese tema?
Por supuesto, y lo he venido haciendo. Lo que no puedo es hacerle la agenda a la congresista Rosa Bartra, de Constitución, que ha tenido un trabajo recargado revisando los temas del referéndum y los decretos legislativos. Espero que tanto el informe sobre Donayre y este del TC sobre nuevas bancadas los eleve cuanto antes. Mi gestión tiene un férreo compromiso con quienes interpretan la Constitución y si hay un pronunciamiento del TC, yo lo acepto. Sin embargo, no puedo tomar la decisión, sino el oficial mayor.

— ¿Está satisfecho con la decisión de Uruguay sobre el asilo de Alan García?
El tiempo nos ha demostrado que no existe persecución política en nuestro país y que lo que están haciendo las instituciones que persiguen el delito es simplemente su trabajo. Fue una decisión autónoma del Gobierno del Uruguay.