Darwin Espinoza otra vez: qué le espera al legislador y los peligros de su más reciente proyecto de ley con ‘Los Niños’

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La propuesta tiene por objeto modificar el artículo 11.1 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) “a fin de restablecer los derechos constitucionales a la libertad de contratación y presunción de inocencia, limitados por el actual marco normativo”.

Espinoza, quien sigue siendo pese a todo portavoz de la bancada de AP, es el autor principal de la iniciativa, mientras que Luis Aragón, Wilson Soto, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara la suscriben. Todos ellos son señalados como ‘Los Niños’. De acuerdo con la fiscalía, se trata de un grupo de congresistas que intercambiaban sus votos a favor del gobierno de Pedro Castillo por beneficios en ministerios y otras entidades públicas. También firma el proyecto Luis Cordero Jon Tay, implicado en la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides.

En el Caso ‘Los Niños’, testimonios apuntan a Espinoza como coordinador de esta presunta red de corrupción.

Lo que proponen los parlamentarios de AP es que los familiares de los congresistas, del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República y titulares y miembros de organismos constitucionalmente autónomos solo estén impedidos de contratar con la entidad a la que pertenecen.

Por ejemplo, los familiares de los congresistas solo estarían impedidos de obtener contratos u órdenes de servicios con el Poder Legislativo, pero sí podrían hacerlo en ministerios y otras instituciones del Estado.

Revisa aquí el proyecto de ley:

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En diálogo con El Comercio, el excontralor Fuad Khoury y el exviceministro de Justicia Gilmar Andía criticaron la propuesta y la calificaron de “peligrosa” y que “destruye el concepto de conflicto de intereses”.

Khoury remarcó que lo que desaparecería por “arte normativo es el conflicto de interés”. Explicó que la norma permitiría que un ministro de Transportes pueda tener a su hermano trabajando como director de Provías Nacional o Descentralizado o incluso al frente de otra cartera. “Tremendo conflicto de interés”, comentó el excontralor.

“Con los congresistas pasa lo mismo, todos sus parientes podrían ser contratados en cualquier entidad. Eso es algo que está prohibido en la actualidad. Eso daría una apertura más a que se debiliten los sistemas de integridad del país”, expresó también.

El extitular de la Contraloría General de la República no descartó que una norma de esta naturaleza abra las puertas para que el hermano de la presidenta pueda ser ministro.

Khoury subrayó que otro cambio que plantean ‘Los Niños’ es que los familiares de los ministros, congresistas y los altos funcionarios a los que alcanza el impedimento puedan contratar con el Estado apenas ellos dejen el cargo.

Con ello, en el peor de los casos, según el excontralor, un mal funcionario podría dejar “arreglado” el camino para que su familiar ingrese a una posición de control o importante dentro de alguna institución.

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Andía también cuestionó la norma e hizo hincapié en que actualmente los parientes del presidente, los viceministros, los congresistas, los jueces supremos, no pueden contratar con el Estado ni durante el ejercicio del cargo, ni en los doce meses posteriores del cese.

El exviceministro teme que la norma abra las puertas a que estos funcionarios también “contraten con el Estado siempre y cuando no sea dentro de su institución”.

Además, dijo que es “un proyecto peligroso porque les da herramientas [a ‘Los Niños’] para seguir trabajando la política de favores y ello significa un retroceso a las políticas de lucha contra la corrupción”.

En su opinó, todas las normas pueden ser reevaluadas, pero “con un criterio técnico”. Asimismo, “analizar el impacto en la economía”.

“¿Es tan importante que los familiares [de los altos funcionarios] ingresen a trabajar para la que la economía se reactive? Creo que no”, sentenció.

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Sobre Darwin Espinoza, autor de la polémica iniciativa, pesan múltiples cuestionamientos y no solo por el Caso ‘Los Niños’. El último domingo “Punto Final” dio a conocer que el vocero de AP utiliza recursos públicos y trabajadores del Congreso para recolectar firmas para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, una agrupación política vinculada a él.

El programa dominical reveló que los trabajadores de Espinoza emplean una impresora instalada en el despacho parlamentario y 10 millares de hojas bond provistas por el Congreso para imprimir fichas de afiliación del movimiento regional.

Además, el personal parlamentario viaja a Áncash para recolectar firmas en días laborables y utiliza el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) otorgado por el Parlamento para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

De acuerdo con el Reniec, solo en marzo último, desde la cuenta del congresista accionpopulista se realizaron 1.851 consultas. Y en lo que va de este mes, la cifra ya supera las 1.150.

El organismo informó a El Comercio que cada una de estas consultas le cuesta al Congreso S/ 1.60. Es decir, el parlamentario malgastó en marzo S/ 2961 y en lo que va de abril S/ 1840.

Asimismo, detalló el convenio con el Parlamento es “por aproximadamente 70 accesos”, que fueron solicitados a través del oficial mayor, entre ellos el de Darwin Espinoza.

De otro lado, este Diario verificó que Wilfredo Valencia, Franco Mora Contreras, Elizabeth Castillo y Héctor Camacho laboraron en el despacho de Espinoza en marzo. La suma de sus salarios supera los S/20 mil.

Según los registros de Sunarp, Valencia es el dueño del vehículo que traslada las pelotas que distribuye el personal de Espinoza a cambio de firmas para Adelante Ancash.

Fuentes de AP, señalaron que Espinoza tiene siete trabajadores en su oficina y dos adicionales por ser vocero de su bancada. Al cierre de esta edición sus colegas de bancada no se han pronunciado sobre la grave denuncia. Este Diario buscó contactarse con él, pero no respondió nuestras llamadas, ni mensajes.

En la web del Congreso todavía no se puede visualizar los informes de las actividades que el portavoz de AP realizó Áncash durante las semanas de representación de febrero y marzo.

En las redes sociales del legislador figuran visitas a diferentes entidades de su región y también se le observa en más de un video disfrutando de la gastronomía local. Todos sus post los cierra con el hashtag “Adelante Ancash”.

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia opinó que el legislador y los trabajadores de su despacho habrían cometido el delito de peculado. “Se trata de un funcionario o servidor público que se apodera o permite que un tercero se apodere de vienes que están bajo su administración”, dijo.

“No puede decir que no sabe nada, él es el jefe de esa oficina. Cada paquete de hojas, trae 500 unidades, estamos hablando de varios paquetes. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que hay varios paquetes en tu oficina?”, cuestionó.

Para Vargas, el caso amerita que la fiscalía inicie una investigación preliminar. Además, remarcó que Espinoza no tiene inmunidad.

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En un comunicado, el secretario general del partido de la lampa, Juan José Abad, anunció que la Secretaría de Disciplina de AP inició un “procedimiento sumarísimo” de expulsión contra Espinoza.

Señaló, además, que este caso evidencia la comisión de “actos de traición” a dicha agrupación por parte del legislador.

Asimismo, recordó que Espinoza Vargas ya viene siendo afrontando procesos disciplinarios dentro de AP por un presunto mal uso de un inmueble del partido y por el Caso ‘Los Niños’.

En diálogo con El Comercio, el secretario nacional de disciplina, Lizandro Salas, señaló que, en efecto, Espinoza tiene “procesos de expulsón que concluyen en primera instancia el próximo lunes”. Inicialmente, era por por traición al partido por el Caso ‘Los Niños’, a este se le suma la conformación de otro partido.

“Luego, con el informe que emito pasa al Tribunal de Disciplina 1 para que, después de una audiencia emita su resolucion. Si apela, pasa al Tribunal 2, que solo revisa para confirmar o anular y ahi termina el proceso”, explicó.

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En el pasado, Darwin Espinoza también enfrentó otros procesos disciplinarios que derivaron en expulsión del partido de la lampa.

Como se recuerda, en octubre del 2023, con Edmundo Del Águila al frente de AP, la agrupación expulsó a Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori e Ilich López. Sin embargo, esta sanción quedó sin efecto debido a que el Tribunal de Disciplina no estaba inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Algo parecido sucedió años atrás. El polémico Darwin Espinoza enfrentó dos procesos disciplinarios, uno en 2013 y otro en 2016. El primero derivó en su expulsión de la organización política.

Luego, en mayo de 2016, Espinoza fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina de Acción Popular por haber realizado cobros irregulares del alquiler de las tiendas del local partidario de Chimbote. La demanda alcanzaba a su hermano Yuri Espinoza y otros militantes de AP.

De acuerdo con la demanda, Espinoza habría incurrido en una falta “muy grave” al haber efectuado las “cobranzas de arrendamiento”, debido a que dicha función le corresponde únicamente a la Tesorería Nacional del partido.

La denuncia indica que no se reportó “ni la totalidad, ni parte” del dinero abonado y que, de acuerdo con la Tesorería Nacional de AP, ello representaría el presunto delito de apropiación ilícita.

Asimismo, señala que Espinoza admitió la falta y subraya que el hoy legislador ya contaba con antecedentes disciplinarios y una expulsión (en 2013).

Una fuente de Acción Popular que prefirió mantener su nombre en el anonimato dijo a El Comercio que, en el 2016, ya existían “muchas sospechas” de que los hermanos Espinoza “habían tomado” el local partidario de Chimbote.

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Además, narró que el secretario nacional de disciplina hizo una investigación exhaustiva del caso y recabó los contratos de alquiler. “El secretario de disciplina del partido cumple un rol parecido al de los fiscales, recaba información y presenta la denuncia”, subrayó.

De acuerdo con la pesquisa, el dinero del arrendamiento de los locales no era abonado al partido político, sino que iba “al bolsillo de Darwin Espinoza”.

También detalló que las indagaciones se hicieron a pedido Rafael Vásquez, secretario general del partido en ese entonces. No obstante, indicó que “todo lo actuado durante esa gestión quedó sin efecto” debido a que la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional del partido fue anulada.

“Por problemas internos hace más de ocho años no tenemos secretario nacional de disciplina, ni Tribunal de Disciplina”, acotó.

Finalmente, afirmó que quien estuvo a cargo de la investigación a Espinoza por los cobros irregulares sintió temor por su vida y tenía seguridad.