Pedro Castillo y los cuestionamientos a su gobierno. (Ilustración: Giovanni Tazza).
Pedro Castillo y los cuestionamientos a su gobierno. (Ilustración: Giovanni Tazza).
Alicia Rojas Sánchez

Aunado a la confrontación política, el gobierno del presidente se ha visto acorralado en los últimos días debido a las protestas sociales que se han desarrollado en regiones del país. El último viernes, una masiva movilización se realizó en la ciudad de Huancayo (Junín), donde la paralización de transportistas generó también la afectación de edificios públicos.

El último lunes, se reportó en ocho regiones vías bloqueadas debido al paro de transportistas, un conflicto social que ha escalado desde la semana pasada. Estos bloqueos ocurrieron en jurisdicciones como Ucayali, Lima, Ica, Cusco.

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Frente a la conflictividad, el Consejo de Ministros y el gobierno tomó la decisión de ordenar el toque de queda en la ciudad de Lima y el Callao durante este martes 5. Esta medida fue anunciada la noche del último lunes para, según algunos ministros, evitar disturbios.

Línea de tiempo de la crisis

Durante los ocho meses de gobierno, el presidente Castillo afrontó dos mociones de vacancia y una creciente crisis política.

De otro lado, una serie de designaciones en el Estado y el involucramiento del jefe de Estado en presuntos casos de corrupción motivaron el inicio de investigaciones preliminares en contra de Castillo por presuntos delitos. Asimismo, personas de su círculo cercano fueron incluidos en estos cuestionamientos.

Pese a superar la segunda moción de vacancia, días después dos sobrinos de Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como Bruno Pacheco, fueron incluidos en el Programa de Recompensas debido a que no fueron hallados durante el operativo de allanamiento y detención por el caso Puente Tarata.

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La pregunta del día: ¿Qué delitos se atribuyen a los sobrinos de Pedro Castillo y cuáles son sus penas?
Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo han sido incluidos entre los más buscados del Ministerio del Interior. El Ministerio Público les imputa delitos que pueden llegar a ser sancionados hasta con 20 años de prisión.

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