Defensoría pide al Gobierno explicar su política contra el terrorismo

A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno que informe a la ciudadanía sobre su política contra el terrorismo a fin de garantizar la paz social. Ello a raíz de la decisión del Poder Judicial de otorgar arresto domiciliario a los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo mientras sean procesados por el Caso Tarata.

Asimismo, la institución exhortó a la Policía Nacional del Perú disponer “las medidas más extremas de seguridad para garantizar la tranquilidad pública”.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también se dirigió al Poder Judicial al referirse al momento en el que Morote y el sanguinario cabecilla senderista Abimael Guzmán celebraron la orden de arresto domiciliario determinada el último martes por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional.

“Haber permitido celebraciones y expresiones inaceptables de la cúpula senderista, en la sala judicial donde se decidió la excarcelación de sentenciados por terrorismo reveló la falta de autoridad de los magistrados para conducir dicha diligencia”, señaló la Defensoría.

A juicio de esta entidad dirigida por Walter Gutiérrez, los jueces debieron evitar esas conductas. En ese sentido, exigió a los magistrados del país a asumir un compromiso efectivo para que hechos como el señalado no se repitan.

En tanto, consideró imprescindible que todas las instituciones muestren firmeza en la lucha contra el terrorismo.

Más temprano, el presidente Martín Vizcarra reconoció que si bien los jueces son autónomos en sus decisiones, su Gobierno no está de acuerdo con la orden de arresto domiciliario para los citados cabecillas senderistas. Desde San Martín de Pangoa (Junín), adelantó que Morote y Liendo estarán bajo “control estricto” de la Policía Nacional mientras cumpla su arresto domiciliario en Chaclacayo y Santa Anita, respectivamente.

En la víspera, el primer ministro César Villanueva se expresó en la misma línea y dijo tener información de que las condiciones necesarias para una prisión domiciliaria para los terroristas “no están dadas”.