Del despacho al banquillo: un año oscuro para los gobernadores regionales

Ebrio y sin mascarilla, Élmer Cáceres Llica se negó a firmar la orden de detención que leyó una de las fiscales. Eran más de las 11 de la noche del viernes 22 de octubre, él estaba en el comedor de su casa. “Yo soy Charly, ¡el más guapo!”, dijo luego, quizá entusiasmado por los homenajes que ese mismo día había recibido el rockero argentino Charly García, al cumplir 70 años. Después comenzó a insultar al presidente Pedro Castillo, pero su espose le tapó la boca con las manos. El gobernador regional de Arequipa siguió diciendo incoherencias hasta que se lo llevaron en un patrullero.

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A Cáceres se lo acusa de repartir terrenos públicos a consejeros regionales para que ‘blindaran’ su gestión. En la organización, bautizada por la policía como “Los hijos del cóndor”, participaban varios funcionarios.

Este fue el caso más llamativo de una autoridad regional envuelta en líos judiciales, pero no el primero ni el último de este año.

Antes de que terminara octubre, el gobernador de Puno, Agustín Luque, participó en un evento junto a la vicepresidenta Dina Boluarte y el canciller Óscar Maúrtua. “El Perú necesita a las autoridades unidas a su población”, dijo en un discurso.

Él no sabía que, poco antes, un sobre había sido dejado de manera anónima en la sede de la Policía Anticorrupción de Puno. Allí había documentos que probaban conductas turbias en la ejecución de obras públicas. Dos días después del evento con autoridades del Ejecutivo, Luque fue detenido.

Noticias similares llegaron a inicios de diciembre desde Ucayali. Cuando un equipo de policías, orden de captura en mano, ingresaron al despacho del gobernador Francisco Pezo, notaron que este había huido por un pasaje secreto que lo llevaba directamente a la calle. La selva es grande, pero no sirve de escondite. Solo unos días después, Pezo intentó otra vez escapar pero se hirió el tobillo al intentar saltar un muro y lo atraparon. Literalmente, el gobernador cayó.

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Mención aparte merece Juan Carlos Morillo, uno de los seis gobernadores de Áncash que ha enfrentado a la justicia. En mayo le dictaron una segunda prisión preventiva por supuestas irregularidades en la construcción de un hospital en Huaraz; la primera fue por un hospital en Chimbote.

La larga lista de gobernadores ancashinos que han dormido en carceletas judiciales la inició Freddy Ghilardi en el 2003 y tuvo como sus máximos exponentes a César Álvarez y Waldo Ríos, uno más peligroso y el otro más excéntrico.

Por cierto, el sucesor de Morillo, Henry Borja, también está en la mira. En noviembre, su vivienda fue allanada por la policía. Se investiga un supuesto caso de cohecho pasivo en otra obra pública.

Esta lista infame la integra también el gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz. En abril, se anuló su sentencia por un error del juzgado (vicio procesal, que le llaman) en un proceso que se le sigue por una compra fraudulenta. Mientras se decide su futuro, su labor continúa. Hace poco estuvo en el Aula Pablo VI del Vaticano, enseñando al papa Francisco el nacimiento que hicieron artesanos de la comunidad campesina de Chopcca. Incluso recibió la bendición.

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“El archipiélago regional”, por Mauricio Zavaleta

Estamos viendo el desprestigio de la política en general. Hay poco entusiasmo por líderes políticos y la ciudadanía no parece tener favoritos en las siguientes elecciones regionales y municipales. Es probable el 2022 veamos una suerte de repetición de la elección presidenciales de este año: muchos candidatos, alta fragmentación, apatía ciudadana.

Esta no es la única mala noticia: el deterioro institucional continuará y las causaciones de corrupción de las nuevas administraciones regionales llegarán más rápido que tarde. En un contexto de bajo control institucional y políticos que por lo general no son capaces de mantener una trayectoria duradera, los incentivos para la corrupción siguen intactos. Estas dinámicas se fortalecen por la ausencia de partidos más o menos funcionales. Los movimientos regionales – u organizaciones nacionales solo en nombre – se manejan como islas donde no hay una marca partidaria que proteger del desprestigio de una gestión desastrosa en Huánuco o Apurímac. Cada uno baila con su propio pañuelo.

Paradójicamente, el archipiélago regional no solo afecta el desarrollo local, sino también tiene consecuencias directas para la ambición de los políticos que lo habitan. Salvo Martín Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ningún otro exgobernador ha ocupado la presidencia de La República, ello a pesar de las explícitas ambiciones presidenciales de figuras como César Villanueva, Gregorio Santos o Vladimir Cerrón. Incluso Luis Castañeda, quien gobernó la plaza subnacional más poblada del país, fracasó en sus intentonas presidenciales.

La descentralización brindó a políticos independientes la posibilidad de administrar un flujo de recursos sin precedentes y soñar con construir una carrera política desde lo local. Sin embargo, sin estructuras estatales o partidarias más o menos funcionales, la corrupción ha sido una constante que no solo ha arruinado la expectativa ciudadana de mejores servicios, sino que ha impedido el surgimiento de una élite política local con capacidad de apostar al largo plazo.

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