La ministra de la Producción, Rocío Barrios, fue acusada de presunto peculado doloso por la fiscalía el 31 de enero. Se piden más de 9 años de cárcel contra ella. (Foto: Andina)
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, fue acusada de presunto peculado doloso por la fiscalía el 31 de enero. Se piden más de 9 años de cárcel contra ella. (Foto: Andina)
Paolo Benza

Periodista

paolo.benza@comercio.com.pe

El 23 de enero pasado se publicó un decreto de urgencia con la firma de la ministra de la Producción, . La norma dispone reorganizar y modernizar el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), ente encargado de darle asesoría técnica al Produce para que defina las cuotas de pesca. Los gremios pesqueros –– rechazaron la medida.

Entre otros, el decreto de urgencia indica que la presidencia del ya no será un cargo de confianza, sino que será elegida mediante concurso público de méritos. Además, se modificaron los puestos del consejo directivo y se encargó la selección de sus miembros a un comité. Hasta entonces, el presidente de Imarpe era designado entre los almirantes en retiro de la Marina de Guerra.

Una semana después se reveló el antecedente detrás de ese decreto de urgencia. El 1 de febrero, el diario “La República” reveló audios –que forman parte de una investigación fiscal en el Callao– en los que dos funcionarios del Imarpe discuten una presunta manipulación de datos para ‘inflar’ la segunda cuota de pesca de anchoveta del 2019. De este pescado se obtiene la codiciada harina cuya producción el Perú lidera a nivel mundial.

A raíz de esa presunta manipulación de estos datos es que se habría podido fijar una segunda cuota de pesca históricamente alta el año pasado. Pero tuvo que ser suspendida cuando las empresas pesqueras se toparon con la realidad: había una excesiva presencia de juveniles en lo que estaban capturando. Y pescar juveniles (anchovetas que todavía no se han reproducido) atenta contra la sostenibilidad del recurso.

La noticia de esta presunta manipulación habría llegado a la ministra semanas antes y sería el germen del decreto de urgencia. Pero otra cosa también ocurrió esa semana: el 31 de enero la fiscalía formuló una acusación contra Barrios que data de su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esto tardó un mes en hacerse público y recién este lunes salió a la luz.

Barrios tiene –según ha dicho ella misma– 23 años de trayectoria en el sector público. “Ingresé como practicante en el Ministerio Público y luego migro al Congreso en el año 2000”, contó a Canal N. En ese tiempo, la abogada ha saltado entre distintas entidades, especialmente del Poder Ejecutivo. En unas le fue mejor que en otras.

Pronaa y Qali Warma

Gran parte de la carrera de Barrios ha estado vinculada al sector alimenticio. Entre marzo del 2012 y septiembre del 2013, por ejemplo, formó parte del equipo que estuvo a cargo de la liquidación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). Esto, luego de que tres niños murieran intoxicados en Cajamarca tras ingerir alimentos de este programa con rastros de insecticida.

La intoxicación de los niños, cuando el Pronaa todavía estaba a cargo del Ministerio de la Mujer, fue un escándalo mayor durante el gobierno de Ollanta Humala. A raíz de ello, se decidió pasar el programa al recientemente inaugurado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a cargo de Carolina Trivelli, y finalmente desmontarlo con la comisión de la que participó Barrios.

El reemplazo que el gobierno nacionalista diseñó para el Pronaa se llama Qali Warma: el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Cinco años después, en el 2017, cuando se descubrieron parásitos en conservas destinadas a Qali Warma, Barrios era presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Esto fue parte de un escándalo mayor de gusanos en latas de caballa procedentes de China.

Por tener competencia sobre la calidad de dichos productos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) suspendió temporalmente a Barrios. Hizo lo mismo con el director del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Ernesto Bustamante. Ambos retornaron a sus puestos luego de que una comisión investigadora no encontrara responsabilidad para sancionarlos. Bustamante, sin embargo, fue removido por el gobierno de Martín Vicarra. Barrios, en cambio, continuó y dio el salto al Produce.

Vivienda y PCM

Un día antes de que se publicaran los audios sobre la supuesta manipulación de data en el Imarpe, y una semana después de que se firmara el decreto de urgencia sobre su reorganización, la fiscalía formuló la acusación contra Barrios por el presunto delito de peculado doloso. El caso se remonta a su paso por la PCM, en donde dirigió la oficina general de administración entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.

La fiscalía acusa a Barrios de haber autorizado el pago de S/177.279 a dos empresas por servicios que no se realizaron. Concretamente, se tenía que hacer mantenimiento correctivo a 40 vehículos de la PCM, pero nunca existieron órdenes de servicio, constancias de conformidad, “ni evidencias” de que el servicio fue realizado, según el documento fiscal al que accedió El Comercio.

Barrios ha negado la acusación mediante un comunicado en Twitter, en el que afirma que la denuncia “no tiene asidero legal” y que actuó “en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. La ministra no consignó en su declaración jurada de intereses este proceso, de cuya etapa preliminar fue notificada en el 2016, según dijo a Canal N.

Pero entre la liquidación del Pronaa y el Inacal, Barrios ha pasado por varios ministerios. Además de la PCM, también fue jefa de la oficina general de administración del Ministerio de Vivienda cuando se firmó el contrato del Centro de Convenciones de Lima con la brasileña OAS. Como Vivienda tenía a su cargo el centro de convenciones, Barrios también fue directora nacional de dicho proyecto en el periodo previo a la firma. Sin embargo, renunció a este cargo “pocos días antes” de que el contrato fuera suscrito, en marzo del 2014, según fuentes del Produce. Del ministerio se fue días después.

El centro de convenciones es una obra de más de S/500 millones que se adjudicó en menos de cuatro meses y,, mediante presuntos pagos ilícitos. En febrero, del concurso antes de que fueran publicadas. Sin embargo, Barrios no es investigada ni ha sido citada por los fiscales del equipo especial Lava Jato. Además, indica que ella misma pidió que se incluyera a la contraloría como veedor en el acelerado proceso de adjudicación.

–Más datos–

—Barrios ha tenido más puesto en el sector público. Por ejemplo, ha sido jefa de la oficina general de administración del Ministerio de Trabajo, en el 2014. También fue viceministra de pesquería, en el 2011.

—La ministra de la Producción es hermana de jueza suprema Elvia Barrios Alvarado.

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