El último 16 de mayo, el pleno del Congreso rechazó los proyectos de ley que, recogiendo las propuestas del Ejecutivo, el Poder Judicial y aportes de distintos parlamentarios, pretendían descongestionar las cárceles para evitar un contagio masivo de coronavirus (COVID-19).
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Uno de los argumentos más sonados entre los parlamentarios para no aprobar las iniciativas fue que el gobierno tuvo, en su momento, la posibilidad de legislar sobre deshacinamiento penitenciario y no lo hizo, por lo que estaría colocando la pelota en la cancha del Congreso con un tema de alta sensibilidad política.
Como consecuencia, pasado viernes 22 de mayo, durante la acostumbrada conferencia de prensa sostenida por el presidente Martín Vizcarra para informar sobre la situación de la emergencia nacional, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, anunció que el Ejecutivo pediría al Parlamento facultades para legislar sobre deshacinamiento penitenciario.
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“En ningún caso, hemos tenido el ánimo de trasladar el problema al Congreso de la República (...) no teníamos las facultades delegadas. Basta realizar una comparación de lo que se solicitó y de lo que se dio para concluir que se nos denegó esas facultades”, aseguró en ese entonces el titular de Justicia.
Actualmente, en el Perú existe un promedio de hacinamiento de 140%, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En algunos penales, esta cifra alcanza el 500%.
El pedido
Este viernes 22 de mayo, el Ejecutivo presentó finalmente el pedido de delegación de facultades al Congreso, solicitando que se tramite con carácter de urgencia. En el documento, firmado por el presidente Vizcarra y el ministro Castañeda, se precisa que la solicitud de delegación de facultades legislativas es por 7 días calendario, contados a partir de la aprobación del pedido.
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El proyecto, además, especifica que la delegación de facultades es para legislar en materia penal, procesal penal, penitenciara y de justicia penal juvenil.
“(...) en particular en lo que respecta a revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica procesal, redención de penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad mediante medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto de la ley penal, a fin de evitar el contagio masivo con el virus COVID-19 de las peronas privadas de libertad, de los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de la ciudadanía en general”, se lee en el documento.
Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, considera que las materias sobre las que el gobierno ha pedido delegación de facultades son suficientes para actuar sobre el problema del hacinamiento en las cárceles.
“(El pedido) Ha incluido materias sobre las que versaban los proyectos de ley que presentaron el Ejecutivo y el Poder Judicial. Están abordando ámbitos procesales, penales, de sentencias, de beneficios penitenciarios. Son ámbitos abiertos que, además, abarcan a los centros juveniles, que era sumamente importante que se incluyan”, sostuvo.
Por su parte, en entrevista con El Comercio, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que, tras rechazar los proyectos sobre deshacinamiento penitenciario, el Parlamento debe permitir al gobierno legislar sobre la materia.
“Si el Legislativo no quiere asumir, o no ha entendido, la gravedad de la situación, pues debe delegar facultades que van a ser solicitadas por el Ejecutivo, y deben hacerlo en el más breve plazo”, sostuvo.
Voces parlamentarias: ¿aprobarán el pedido?
Al cierre de esta edición, los representantes de distintas bancadas se pronunciaron sobre el trámite del pedido de delegación de facultades y su posible aprobación. La Junta de Portavoces iba a evaluar cuándo debatirían el pedido. Se espera que en las próximas horas.
El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, sostuvo que la bancada naranja está de acuerdo con priorizar el pedido de facultades del Ejecutivo y esperó que se discuta en Junta de Portavoces hoy mismo.
“Creemos que esta norma es necesaria y urgente. Pese a los esfuerzos que hicimos, no hubo consenso parlamentario para que desde el Congreso se apruebe esta norma. Hay grupos parlamentarios completos y miembros de bancadas que han señalado abiertamente su oposición a apoyar una norma de esta naturaleza. Ante esta situación y si el Poder Ejecutivo pide facultades para legislar puntualmente en ese tema, no vemos problema alguno en priorizar el pedido y delegar aquello que sea delegable por el tema de hacinamiento y el riesgo del COVID19”, afirmó.
En la misma línea estuvo Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado. “Estamos de acuerdo (con el pedido de facultades legislativas sobre deshacinamiento de penales) y así lo plantearemos en la Junta de Portavoces para que se añada a la agenda del Pleno”, indicó. El parlamentario informó que esperar que la solicitud sea vista hoy viernes en Junta de Portavoces.
Por su parte, Daniel Urresti, representante de Podemos Perú, aseguró que “definitivamente” se dará prioridad al pedido de delegación de facultades. Informó, además, que durante el pleno que se desarrolla este viernes la Junta de Portavoces para tomar la decisión de someterlo a votación en el pleno. “Estoy seguro que será aprobado por mayoría (el pedido del Ejecutivo), por lo que vengo conversando con los otros voceros”, señaló.
El congresista, sin embargo, indicó que él votará en abstención, pues considera que el gobierno no necesita excarcelar internos para solucionar el tema del hacinamiento en las cárceles.
“En lo particular, yo no estoy de acuerdo con que proteger la salud de los reos pase por liberarlos. El Ejecutivo tiene las herramientas para darle solución al problema sin tener que librar reos”, expresó.
Desde Somos Perú, Rennán Espinoza indicó que la Junta de Portavoces verá hoy mismo el pedido del Ejecutivo para poder someterlo a debate en el pleno que actualmente se desarrolla.
“Hoy mismo lo veremos [el pedido de facultades]. Felizmente estamos en sesión, y siendo un tema que ya hemos debatido recientemente y largamente, urge debatirlo y votarlo. La Junta de Portavoces verá la ampliación de agenda. El pleno decidirá su destino más tarde", señaló.
Quien manifestó que su grupo parlamentario votará en contra de otorgar las facultades al gobierno fue José Vega, vocero de Unión por el Perú, pues consideró que el Ejecutivo tuvo la chance de legislar sobre la materia y que hoy es demasiado tarde.
“Me parece poco serio del Gobierno que, habiendo tenido las facultades, luego de todo lo que pasa con las muertes en los penales por la pandemia, amotinamiento, hoy recién nuevamente lo plantean. Considero que el gobierno y premier están con falsos reflejos", indicó.
El parlamentario, sin embargo, aseguró que este viernes en el transcurso de la tarde, Junta de Portavoces se reuniría para definir cuándo se agendará el pedido de facultades.
Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, sostuvo que su bancada aún no ha decidido si apoyará la delegación de facultades que ha solicitado el gobierno. “Vamos a escuchar al premier”, señaló.
Este Diario intentó comunicarse con los representantes del Frepap, Alianza para el Progreso y Acción Popular, pero no obtuvo respuesta.
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