Jorge Acurio es acusado de haber recibido coima de la constructora brasileña Odebrecht. (Foto: Rolly Reyna/El Comercio)
Jorge Acurio es acusado de haber recibido coima de la constructora brasileña Odebrecht. (Foto: Rolly Reyna/El Comercio)
Redacción EC

El juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex gobernador regional del Cusco , acusado de haber recibido más de US$1 millón de soborno de .

Durante su gestión en el gobierno regional, Acurio –investigado por lavado de activos y tráfico de influencias– habría pedido ese pago a la constructora brasileña a cambio de la licitación del proyecto Vía Evitamiento, la arteria más importante de la Ciudad Imperial.

El juez Chuyo Zavaleta también ordenó 18 meses de prisión preventiva para el empresario Gustavo Salazar Delgado, a quien Jorge Acurio, según la tesis fiscal, habría encargado el manejo de la ‘offshore’ Wircel S.A., la que habría recibido el dinero de Odebrecht.

Salazar Delgado, investigado por lavado de activos, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 16 de mayo. Los defensores legales del empresario y de la ex autoridad apelaron la decisión judicial.

En la audiencia, que se prolongó hasta después de las 11 p.m., Jorge Acurio negó que haya recibido sobornos de Odebrecht. “Juro por mi madre y por Dios que no he recibido un solo sol de Wircel. He podido tener errores administrativos, pero no me he robado la plata”, dijo.

El fiscal anticorrupción del equipo especial para el Caso Odebrecht, Marcial Páucar, sostuvo que cuatro colaboradores eficaces han sindicado a Jorge Acurio como el beneficiario del soborno de más de US$1’250.000 que entregó la constructora brasileña –a través de la ‘offshore’ Klienfeld Services Ltd.– a cambio de la adjudicación de la referida vía.

“La tesis es que Acurio es el beneficiario de toda la operación de lavado de activos”, dijo el fiscal Páucar en su intervención.

Uno de los colaboradores eficaces, explicó el fiscal, es el abogado José Zaragozá Amiel, socio de Salazar en la compañía Trust Comunicaciones S.A.C. y quien fue el encargado de firmar un contrato ficticio entre Klienfeld y Wircel a fin de que no haya sospechas de irregularidades.

Zaragozá, añadió el fiscal, ratificó que el “beneficiario final” del dinero fue la ex autoridad regional.

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