El 9 de enero fue un día traumático para Dina Boluarte. Le cayó encima la segunda ola de protestas que fue, como la del Covid, más letal que la primera. Ocurrió, maldita sea, lo que el informe de la CIDH llamó, en condicional, ‘una masacre’. 18 personas murieron en Juliaca, víctimas, en su mayor parte, de disparos hechos por la policía mientras se dirigían –según hipótesis policial- a tomar el aeropuerto de la ciudad.
La presidenta había sobrevivido a duras penas a los muertos de diciembre, por lo que la tregua navideña decretada por sus enemigos le cayó de perilla. Alberto Otárola la había ayudado a vencer sus ganas de renunciar y se convirtió en algo más que su primer ministro, en un socio político aventajado. Junto a él, Dina estaba surfeando la ola con relativa estabilidad, tanto así, que puso en marcha un esbozo de plan de reconciliación: El Acuerdo Nacional (AN) para su Sesión 132 había convocado a los gobiernos regionales. Según mis fuentes, el AN lo hizo porque sentía necesidad de ese encuentro con las autoridades debutantes y, en parte, porque el Ejecutivo se lo había sugerido. Era, sin duda, una estupenda ocasión para que Dina y Alberto se encontraran con los gobernadores de las regiones más chúcaras, incluyendo a Puno. Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa y actual presidente de la ANGR (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales), estaba entre los presentes.
La reunión se convocó para el 9 de enero en Palacio de Gobierno y los invitados fueron entrando por la puerta grande. Una vez adentro, se les retuvieron sus celulares, cosa normal en Palacio, pero destaco ese detalle para precisar que los participantes no sabían lo que se precipitaba en Juliaca. La sesión demoraba en empezar porque Dina y Alberto, podemos adivinar, atendían los primeros informes de la tragedia. Por fin, entró la presidenta y se sentó al lado del secretario técnico del AN, Max Hernández. Ensimismada, habló sin parar –eso lo vimos por TV- de su vida y carrera. Luego, ya sin cámaras –las reuniones del AN no se visualizan- empezó el foro con las palabras de un líder empresarial y, ¡zas!, Hernández anunció la intervención virtual de Richard Hancco Soncco, el gobernador puneño.
De pronto, en una enorme pantalla que se había colocado para las exposiciones virtuales, apareció Hancco en primer plano, encabritado, anunciando las muertes en su tierra y, con el dedo acusador, culpando de ellas a la presidenta. La situación era ominosa, terrible. No hay grabación de esto, pero he hablado con 3 invitados que me confirman el bochorno paralizante que sufrió Boluarte. Dina no contestó a Hancco -¿qué hubiera podido replicarle?- sino que detuvo la sesión con la excusa de que debía atender la emergencia. La decisión fue bienvenida, pues todos querían huir, recuperar sus celulares y saber qué diablos estaba pasando.
Otárola también estaba en esa sesión abortada. Y, seis meses después, quisiera concluirla. Tras el anuncio de Boluarte en el mensaje del 28 de julio –”relanzamos el AN, incorporando a todos los sectores sociales, a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas”- Alberto ha sido más explícito y ha anunciado una reunión del Acuerdo para fin de mes. Pero, ¿tiene el AN la llave mágica para reconciliar al Ejecutivo con la oposición radical? Por supuesto que no. Ni siquiera tiene la obligación política de acatar el llamado del Ejecutivo. El presidente de la república es, reglamentariamente, el presidente del AN y puede convocarlo; pero los usos y costumbres han establecido que el AN decida la forma de reunirse y su agenda. Con Castillo hicieron la Sesión 131, el 20 de agosto del 2021, cuando este no tenía ni un mes en el cargo, y, luego, cuando las papas quemaban, se negaron a atender sus llamados hasta que cayó. Tras el llamado de Dina y la presión de Alberto, el AN está debatiendo cuánto caso le hacen al gobierno, con qué premura y si la sesión que convoquen será la 133 o una reanudación de la malograda sesión 132.
Chalhuanca, espera
Desde hace meses, hago a mis fuentes palaciegas una pregunta recurrente: ¿Cuándo irá la presidenta a Chalhuanca?. La respuesta nunca es negativa pero tampoco asertiva: ‘Estamos en eso, pronto, ella quiere, ya lo verás’. El destino no es gratuito: Boluarte nació y se crió en ese pueblo, capital de la provincia de Aymaraes, región Apurímac. De su nostalgia del origen hay una prueba sólida: por aferrarse al mando del Club Apurímac, el Congreso casi la inhabilita y pierde la presidencia en favor de José Williams. Bueno, en algunos días de diciembre y enero habrá anhelado que ello hubiese pasado.
Mira: Boluarte regresó de Brasil.
Visitar Chalhuanca sería, pues, la ocasión dorada que espera un equipo de comunicación presidencial: retorno a las raíces que estimularía a que se hable de su biografía de mujer andina y madre divorciada; encuentro con sectores de oposición; visibilización de la agenda social diversa, desde agricultura hasta minería, pasando por el reconocimiento y el pedido de perdón ante los peruanos que más la desaprueban. Sé, por mis fuentes, que hasta hubo un proyecto de producir un pequeño documental con ella en su pueblo, contando su vida y su visión de país. Pero Chalhuanca aún no tiene fecha; tendrá que esperar a que Dina y su equipo venzan el temor de que la ocasión se eche a perder por un insulto o un botellazo que se viralice en Tik Tok.
Pero ‘están en eso’; no lo duden. Si Boluarte quiere quedarse hasta el 2026 no puede seguir soportando la lenta merma de su aprobación y echarle la culpa al equipo de comunicaciones. Si no hay voluntad política de reconciliar y declarar en consecuencia, poco puede hacer cualquier equipo. Súmenle al reto de imagen de Boluarte el hecho de tener al lado un poder de PCM que la apantalla y al que ella misma, por comodidad o por temor a sus limitaciones, delegó más de lo que otros presidentes hubieran delegado. Por ejemplo, el mensaje del 28 de julio, fue manejado por el equipo de Otárola y, hasta poco antes, recibió aportes (o, visto de otra forma, lastres), de cada ministro políticamente despistado que no quería que nada de su cartera quede afuera. Por eso, la lectura le tomó a Dina 3 horas y pico. Fue un crimen de comunicación política.
La ‘dircom’ (directora de comunicaciones) del despacho presidencial, Suzie Sato, renunció recientemente y fue reemplazada, interinamente, por Milagros Rumiche. El reemplazo oficial está a punto de ser nombrado; pero hay un asesor en el gabinete técnico de la presidencia que encabeza Morgan Quero, que es comunicador y tendrá un ojo puesto en la comunicación de la presidenta. Se trata de Eduardo Guerrero, que fue ‘dircom’ del despacho en las últimas semanas de Pedro Castillo, y fue del todo ajeno a las circunstancias de su debacle.
Mira: Detector de narrativas: la diplomacia presidencial.
No dependió de Sato ni dependerá de su reemplazo ni del gabinete técnico, que a Boluarte le brote la convicción de comunicar e interactuar con la gente. Uno de los pasos que dio en ese sentido fue ir a Ayacucho el día del campesino, a entregar títulos de propiedad y obras del Midagri. La entrega de títulos, por cierto, es un clásico del disimulado clientelismo presidencial de las últimas décadas. Pero hubo más: un discurso en el que Dina habló de la ‘reconciliación nacional’ y de darnos entre todos ‘un abrazo fraterno’. Sin embargo, desde la tarima y entregando obras bajo la vigilancia del omnipresente Otárola, aún no tenemos las imágenes que necesita el equipo de comunicación.
El viaje a Brasil no podría tener impacto positivo en la aprobación de Boluarte. Por el contrario, los viajes al exterior dan cierta pátina de frivolidad a los presidentes. Al menos, el par de días en que se ausentó, el foco de atención estuvo en el Congreso. Vuelta a su cancha, sabe que tiene que ir al encuentro de quienes menos la quieren y correr los riesgos del rechazo. Mis fuentes comentan que ha dicho que está dispuesta a aguantar lo que le caiga. No puede delegarle la tarea a Alberto para que a su vez la delegue al Acuerdo Nacional. Lo más efectivo es que busque a sus opuestos y comunique que los está buscando.