Dina Boluarte: congresistas cuestionan permanencia de asesor presidencial Eduardo Guerrero

El primer ministro Alberto Otárola no anunció medidas concretas de Palacio de Gobierno sobre el caso de Eduardo Guerrero, asesor del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte, relacionado a actos de violencia familiar y a dos intervenciones, una de estas por conducir un vehículo en estado de ebriedad, como lo dio a conocer este martes la Unidad de Investigación de El Comercio.

Guerrero incluso formó parte de la comitiva que viajó con Boluarte a Estados Unidos hace unos días.

LEE TAMBIÉN | Alejandro Soto: Poder Judicial ordena reactivar proceso judicial por sentencia civil

El martes, consultado por los medios de comunicación en Arequipa, Otárola respondió que “todo se tiene que investigar”. Sin embargo, no precisó si evaluarán la permanencia de Guerrero en el cargo.

“Nosotros creemos que todo se tiene que investigar. Vamos a regresar a Lima, la verdad que no hemos leído la noticia, pero nosotros trataremos de que se den las explicaciones correspondientes”, declaró.

VIDEO RECOMENDADO

En diálogo con este Diario, la congresista María Jauregui (Renovación Popular), presidenta de la Comisión de la Mujer, opinó que este hecho daña la “imagen de la mandataria Boluarte” y que la “persona que lo contrató” es responsable de que esté Palacio.

“No se puede dar una imagen tan baja de los trabajadores publicos [...] Este hecho daña la imagen de la presidenta [...] Definitivamente no es idóneo”, expresó.

Para Jauregui, la permanencia de Guerrero va en contra de las políticas del Estado contra el maltrato de la mujer. “No podemos tener al enemigo adentro”, concluyó.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) dijo que el funcionario debe ser retirado del cargo por no cumplir “con los criterios de idoneidad”.

Además, cuestionó la respuesta que dio Otárola a los medios de comunicación: “La idoneidad no se investiga, se basa en hechos concretos, como no tener antecedentes. Qué se puede esperar de un gobierno que justifica más de 60 muertes en las protestas”.

A juicio de Luque, “debería pasar lo que pasó en el Gobierno de Castillo, cuando el funcionario no cumplía con los principios de idoneidad se le pedía que se le retire y este señor no cumple con los criterios de idoneidad”.