Dina Boluarte: los argumentos del informe de Contraloría que la deja al borde de la inhabilitación

La contraloría emitió un informe sobre la declaración jurada de intereses (DJI) que presentó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En el documento, la institución determinó que Dina Boluarte, quien también es primera vicepresidenta de la República, habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución. ¿La razón? Haber firmado documentos como titular de la asociación privada Club Departamental Apurímac, durante el actual gobierno.

El artículo 126 de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

Y, además, remarca que los integrantes del Gabinete Ministerial “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

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El informe fue enviado por la contraloría, que es dirigida por Nelson Shack, al Congreso el último viernes. Precisamente, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, decidió este lunes, durante una nueva sesión del Consejo Directivo, que el expediente sea distribuido en físico y de manera virtual a las bancadas, a fin de determinar los pasos a seguir.

¿Cuáles son los argumentos del informe de control? ¿Y qué tipo consecuencias puede traer para Boluarte Zegarra?

1. Trece documentos firmados

La contraloría detalló, en base a una búsqueda realizada en el Registro de Personas Jurídicas (RPJ) de la Sunarp, que Boluarte fue elegida el 15 de enero de 2017 como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac hasta el 2019, cargo para el que fue reelegida hasta febrero de 2022.

Y, mediante escritura pública del 20 de setiembre del año pasado, se modificaron de manera parcial los estatutos del Club Departamental Apurímac para prorrogar el mandato de los integrantes del Consejo Directivo, incluyendo a Boluarte, hasta el 15 de febrero de 2024.

El órgano de control informó que, entre el 26 de agosto y el 20 de octubre últimos, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social suscribió 13 documentos como presidenta del club. Estos tuvieron relación con el cambio en parte de los estatutos, con convocatorias a sesiones del Consejo Directivo y con constancias sobre el quórum [ver imagen].

La rúbrica de Boluarte Zegarra, en todas las oportunidades, fue validada por el notario Jorge Luis Gonzales Loli.

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2. Una licencia puesta en duda

La primera vicepresidenta de la República, en un comunicado difundido en sus redes sociales, dijo que como todo ciudadano y ciudadana “tengo el derecho de participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro”. Agregó que no ha recibido remuneración ni beneficio lucrativo alguno de parte del Club Departamental Apurímac y Asociación de Clubes Departamentales del Perú. En esta última era vicepresidenta del Consejo Directivo.

Ante la institución que dirige Shack, Boluarte indicó que solicitó licencia a su cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac el 29 de julio del año pasado y adjuntó la carta.

No obstante, el órgano de control, en su informe, indica que ni la ministra ni el Club Departamental Apurímac remitieron la copia legalizada (y tampoco simple) del acta de sesión de Consejo Directivo del club del 5 de agosto de 2021, donde se habría aprobado la solicitud de licencia de la abogada.

La contraloría subrayó que en la búsqueda del RUC N°20295956152, que corresponde al Club Departamental Apurímac, en la Sunat, la alta funcionaria del gobierno “figura como representante legal de dicha asociación desde el 16 de febrero de 2017 hasta la fecha de elaboración del presente informe”.

El informe también remarcó que a pesar de estar de licencia, continúo firmando documentos, como se precisa en el punto 1 de esta nota.

Boluarte Zegarra no consignó en su Declaración Jurada de Intereses su participación en el Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.

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3. La contratación de familiares

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social tampoco incorporó en su DJI a ocho parientes de segundo grado de afinidad (cuñados), a pesar de que el artículo 4 de la Ley N°31227 lo dispone expresamente.

La Contraloría, además, indicó que Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, hermano y cuñado de la primera vicepresidenta de la República, fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y en la Escuela Nacional de Control, cuando existía un impedimento. Recomendó, en ese sentido, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tomar las acciones que correspondan.

“No se ha evidenciado un presunto conflicto de intereses real de la fiscalizada respecto a las contrataciones de su hermano y cuñado efectuadas por la Municipalidad de Pueblo Libre y la contraloría, respectivamente, al no identificarse todos los elementos constitutivos del mismo; sin embargo, dicha situación configura un conflicto de interés potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas”, se lee en el documento.

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4. Alistan denuncia constitucional y evalúan interpelación

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo a El Comercio que su bancada presentará una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra a base al informe remitido por la contraloría. “Vamos a agotar todos los recursos, un ministro no está en la capacidad de realizar gestiones por nadie y menos representar a una institución privada”, complementó.

Montoya señaló que su agrupación evaluará si presenta o no una interpelación que corra en paralelo al proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque la ministra debe brindar explicaciones.

“Lo que correspondería es que el presidente Castillo la retire [del MIDIS], pero no lo hará, para esto estamos nosotros, para fiscalizar”, acotó.

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A su turno, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, sostuvo que “el camino correcto” para analizar la situación de la primera vicepresidenta de la República es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no una interpelación, porque el primero es un espacio técnico y jurídico, y el otro es político y subjetivo.

“Aquí hay un tema jurídico que se debe resolver de manera inmediata en la subcomisión”, manifestó en conferencia de prensa.

Una postura similar tuvo la portavoz de Cambio Democrático (Juntos por el Perú), Ruth Luque, quien refirió que la denuncia debe ser abordar con objetividad, a fin de que se garantice el debido proceso.

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5. Puede ser inhabilitada por el Congreso

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el Congreso, a raíz del informe de contraloría, puede acusar constitucionalmente a Boluarte Zegarra. Agregó que si la denuncia procede, la abogada podría ser no solo destituida del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sino también “inhabilitada hasta por 10 años” para ejercer la función pública.

Urbina, en comunicación con este Diario, señaló que si el Parlamento inhabilita a Boluarte, ella no podrá continuar como primera vicepresidenta de la República y tampoco asumir la administración del Despacho Presidencial, cuando el presidente Pedro Castillo se ausente del país o si llegará a renunciar o ser vacado.

“Para [la inhabilitación] no son necesarios 87 votos, para la acusación constitucional se requieren 66 votos [fuera de los integrantes de la Comisión Permanente]”, explicó.

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El letrado opinó que Boluarte debió renunciar a la presidencia del Club Departamental Apurímac antes de jurar como titular del MIDIS.

“Ella debió traspasar el cargo [en el Club Departamental Apurímac] ante de asumir [como ministra]. La señora es abogada y ya ha tenido varios traspiés con el tema del Reniec. Estos impedimentos son de conocimiento público y se les informa a todos antes de [jurar], justamente para evitar este tipo de situaciones”, acotó.

Una postura similar tuvo el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien dijo que es probable que uno de los 130 congresistas tome el informe de contraloría y presente una denuncia constitucional contra la primera vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“El proceso [antes de llegar al pleno] puede demorar entre tres y cuatro meses, y la señora Boluarte podría ser inhabilitada para ejercer la función pública. Por ejemplo, sí lo hace por cuatro o cinco años, prácticamente está fuera del gobierno. La contraloría es una institución seria, [el informe] es una prueba”, remarcó a este Diario.

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Rospigliosi indicó que así Boluarte haya firmado solo un documento que transfería el control del Club Departamental Apurímac a una nueva Junta Directiva, la infracción ya está constituida.

“Ella debió renunciar y la institución convocar a su directorio o socios y elegir a un nuevo presidente”, acotó.