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Entre febrero y marzo de este año, se habría orquestado un plan desde el entorno de la presidenta Dina Boluarte para lograr el archivo de la investigación que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop) tiene en contra su hermano, Nicanor Boluarte.
Uno de los principales actores de este plan, habría sido Mateo Castañeda Segovia, abogado de la mandataria, quien fue detenido este viernes implicado por haber realizado presuntos ofrecimientos ilícitos a dos importantes integrantes del desactivado Equipo Especial de la Policía que apoya las labores del Eficcop, buscando el archivo de la investigació al hermano presidencial, según la resolución judicial a la que accedió El Comercio.
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Junto a Castañeda, también fue detenido el mismo Nicanor Boluarte, a quien se le señala de haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político “Ciudadanos por el Perú”.
En el operativo “Valkiria-Jericó”, que contó con el despliegue de 28 fiscales de Eficcop y 169 agentes de la Diviac en Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Abancay, además fueron detenidos Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez.
Jorge Luis Ortíz Marreros y Jorge Chingay Salazar, para quienes también se dictó la medida de detención preliminar, no habían sido ubicados hasta el cierre de este informe.
El operativo se realizó un día después de que el Ejecutivo desactivó al Equipo Especial de la PNP que apoyaba las labores de Eficcop. Fuentes de este Diario indicaron que esto habría sido una represalia para evitar que se concrete la diligencia.
Todos los detenidos integrarían la presunta organización criminal denominada “Los Waykis en la sombra”, que hasta el momento comprende a 22 personas.
Según la resolución judicial de detención, emitida por el juez de Richard Concepción Carhuancho, el plazo de la medida será de 10 días y los afectados quedarán incomunicados durante este tiempo.
Mateo Castañeda, el abogado presidencial señalado como el "protector legal" de presunta red criminal
La situación de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, es complicada. Y es que, según la fiscalía, sería el “protector legal” dentro de la red criminal al ser sindicado como “operador y brazo legal” de la misma.
Dentro de ese rol, habría buscado archivar la investigación que el Eficcop abrió en noviembre del 2023 contra Nicanor Boluarte, presunto líder la organización criminal, implicado en la solicitud de dádivas económicas a cambio de ejercer una influencia ilícita en la designación de prefectos y sub prefectos y obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción de su partido político.
Es por ello que, en febrero y marzo del 2024, Castañeda Segovia contactó al entonces coordinador del Equipo Especial de la PNP que apoyaba al Eficcop, Harvey Colchado; y al integrante de dicho equipo, el coronel PNP, Walter Lozano Pajuelo, realizando ofrecimientos ilícitos a cambio de lograr su fines.
Según documentación, chats y recibos, el 9 de febrero del 2024, el abogado de la presidenta contactó al agente encubierto “Carlos” a quien le habría hecho un primer requerimiento para que se archive la investigación del hermano presidencial.
Mateo Grimaldo Castañeda Segovia informó al agente encubierto Carlos’ que se encontraba en representación de la presidente de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y manifestó como pedido expreso de la presidenta el archivamiento de la carpeta fiscal n°11-2023 a cargo del Eficcop, en la cual se investigaba a su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.”
Fiscalía-PNP
A cambio de ello, según la fiscalía, el abogado habría indicado al agente que la mandataria usaría su condición de jefa suprema de la Fuerzas Armadas y Policía para la protección del coronel PNP Walter Lozano Pajuelo en cualquier situación que pueda requerir en su institución.
Además, le habría mencionado que el ascenso al grado de general se da mediante resolución suprema firmada por el presidente de la República.
Pero esto no quedó allí, el abogado buscó llegar al jefe del desactivado EE de la PNP, Harvey Colchado. Por ello, según la tesis fiscal, Castañeda Segovia se contactó con el agente encubierto “René” el 12 de marzo del 2024, a través del aplicativo WhatsApp, para reunirse en un conocido restaurante.
La cita entre “René” y Castañeda se concretó dos días después, el 14 de marzo.
En esta reunión, según el agente especial, el abogado presidencial buscaba que el coronel Colchado interceda ante la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que se archive la investigación o la derive a la fiscalía anticorrupción, para que allí pueda ejercer sus influencias.
Castañeda le habría requerido tanto a Lozano Pajuelo como a Colchado Huamaní, que le brinden información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta Dina Boluarte y cualquier dato que se obtuviera sobre esta en los procesos especiales de colaboración eficaz.
Por ello, les ofreció que respaldarían a los efectivos policiales, no los sacaría de la DIVIAC, ni de la coordinación del Equipo Especial PNP y tampoco los pasaría al retiro.
Esto ha sido reforzado por la declaración de aspirante a Colaborador Eficaz 02-2024, quien señaló que dicho abogado habría contactado a un efectivo policial que labora en la DIVIAC y en el Equipo Especial para pedirle que interceda ante la fiscal Marita Barreto Rivera a fin que apruebe el escrito presentado por Nicanor Boluarte para que su caso sea derivado a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, porque el investigado podría influir en dicho despacho fiscal para manejar la investigación.
Por ello, la fiscalía señala que el abogado presidencial podría obstaculizar la actividad probatoria de la investigación y habría peligro de fuga.
Sin embargo, ante la negativa de los agentes, Castañeda Segovia y otras personas de las más altas esferas por encima de la PNP y las FFAA, habrían coordinado para “defenestrar” al Equipo Especial de la PNP de apoyo al Eficcop.
En ese camino, “habrían desplegado acciones contra el Equipo Policial que se encuentra a cargo de la investigación en cuestión, como la suspensión del cargo del coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamani entre otras acciones”.
Precisamente, el jueves por la noche, el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, emitió un resolución desactivando al Equipo Especial de la PNP de apoyo al Eficcop.
Esto se dio a los pocos días de que la fiscalía solicitó el requerimiento de detención contra Nicanor Boluarte. Ese mismo día que el coronel PNP Franco Moreno Panta, fue convocado a Palacio de Gobierno.
Nicanor Boluarte, a quien la presidenta le habría atribuido un “poder de facto”, lideraría una red criminal
De otro lado, las investigaciones del Eficcop le atribuyen a Nicanor Boluarte, ser el líder de la presunta organización criminal “Los Waykis en la sombra” que habría actuado luego de que su hermana, Dina Boluarte, asumiera la presidencia de la República.
Al investigado se le atribuyen la participación ilícita en cuatro hechos, uno de los cuales es la designación ilegal de subprefectos en la región San Martín para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú y su financiamiento.
También, influencias ilícitas para la designación de subprefectos en Cajamarca para financiar la presunta red criminal y lograr la recolección de firmas para la inscripción del mencionado partido político.
También se le atribuye presuntas influencias ilícitas, a través de Víctor Hugo Torres Merino, para la designación de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado y estar implicado en los presuntos actos corruptivos del abogado Mateo Castañeda Segovia para neutralizar las investigaciones en su contra, en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
Según la fiscalía, el hermano presidencial, “investido del poder de facto otorgado por su hermana Dina Ercilla Boluarte Zegarra actual presidenta de la República”, junto a su círculo de confianza, emprendieron un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior, mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en San Martín.
Para ello, se habría buscado manejar la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho ministerio a fin de lograr las designaciones ilegales de subprefectos.
En contraprestación por los nombramientos, habría solicitado dádivas económicas y dispuesto que los beneficiados estén bajo la sujeción de líderes políticos que respondían directamente a Nicanor Boluarte.
Para sostener esto, la fiscalía presentó la declaración del aspirante a colaborador eficaz N°CE-02-2024-EFICCOP, del 11 y 23 de abril del 2024, quien ha detallado las circunstancias en las cuales diversas personas le entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación o promesa, la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca.
(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer Flores Fernández, subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel Becerra Villalobos y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de subprefecto a cambio de un monto de S/3,500 soles para subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin Gómez Julca va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)”
Aspirante a Colaborador Eficaz N°CE-02-2024-EFICCOP
Boluarte, además, habría instrumentalizando el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, para la recolección de firmas con la finalidad de lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por el hermano presidencial. Ello, con el propósito de tener una continuidad en el poder.
Para ello, señala la fiscalía, el investigado Boluarte Zegarra habría coordinado directa e indirectamente con los encargados de las regiones Cajamarca y San Martín, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, a fin de que con apoyo de los demás integrantes y operadores de la organización criminal capten a los prefectos y subprefectos a designarse para luego ser sometidos a los intereses de la red.
Las designaciones eran gestionadas y materializadas por el “hombre clave”, José Luis Ortiz Marreros, director general de Gobierno Interior del Mininter, añade.
Sobre la vinculación de Nicanor Boluarte en presuntos actos irregulares en Provías, la fiscalía presentó la declaración del testigo protegido Nro. 08-2024, quien el pasado 19 de abril, señaló al Eficcop que Víctor Hugo Torres Merino -amigo de los hermanos Boluarte Zegarra- habría obtenido también un “poder de facto” otorgado por la mandataria.
Debido a esa vinculación, la mandataria le habría pedido a Torres, que busque a una persona de confianza para ser designado como director ejecutivo de Provías Descentralizado.
Torres contactó a Juan José Enciso Torres, a quien habría llevado hasta la oficina del hermano presidencial -en la avenida Javier Prado- para que sea entrevistado por este.
Allí, Nicanor Boluarte le habría preguntado cuál era su puesto dentro de Provías, conversaron sobre la situación de las carreteras y hospitales de Chalhuanca (Apurímac) y le dijo que su hermana necesitaba hacer una buena gestión. Sin embargo, la designación no se logró concretar.
Además, señala la fiscalía, cuando se puso al descubierto todo el programa de actividades ilícitas y se iniciaron las investigaciones penales, como las más sofisticadas organizaciones criminales, habrían desplegado su aparato legal para poder captar a miembros del Equipo Especial de la PNP que apoya al Eficcop y procurar neutralizar la persecución penal a su líder Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la investigación que se viene desarrollando en su contra.
Estos hechos delictivos se han perpetrado de forma organizada con roles definidos uno tras otros, o en algunos otros casos desarrollándose en paralelo”.
Eficcop
Según fiscalía
Habrían penas de entre 31 y 12 años de cárcel
Según la fiscalía delitos imputados a los ocho investigados se encontrarían incursos en los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, los cuales han previsto un marco de pena conminada, así tenemos que el delito de organización criminal presenta un marco de pena conminada de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad, y el delito de tráfico de influencias de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.
En el caso concreto de Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (15 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por cuatro eventos (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 31 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos.
En el caso del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.
