Dina Boluarte: ¿Quiénes han sido sus abogados y quién asumió ahora su defensa ante la Fiscalía de la Nación?

La renuncia, que ya había sido adelantada en un comunicado por el mismo estudio de abogados, se realizó durante la audiencia en la que se vio el recurso de tutela de derechos que presentó la mandataria ante el juez Juan Carlos Checkley, en contra del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

El comunicado anunció que Mateo Castañeda, otro de los abogados, también se apartaba de la defensa.

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Por ello, en la audiencia, Barriga Bernal indicó que si bien habían renunciado como abogados de la presidenta, debían cumplir con asumir su defensa en esta audiencia por haber sido programada con anterioridad y era una situación de urgencia.

Esto es así debido a que Boluarte Zegarra aún no cuenta con un abogado de libre elección que pueda asumir su defensa en este caso.

El martes, desde Palacio de Gobierno habían indicado a El Comercio que la mandataria se encontraba evaluando a quién acreditaría como su nueva defensa legal. Este martes, el abogado Juan Carlos Portugal asumió como su abogado y acudió a una diligencia en la fiscalía de la Nación.

Portugal es socio fundador del Estudio Jurídico Portugal & Abogados, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal.

Desde que Boluarte llegó al gobierno, se han abierto diversos casos en contra de esta y se han conocido públicamente otros casos que estaban en giro cuando aún no era electa como vicepresidenta de la República.

De manera pública se ha conocido que Boluarte ha contado hasta con cinco abogados en los casos fiscales más mediáticos.

En marzo de este año se confirmó que Mateo Castañeda había asumido la defensa legal de la mandataria Dina Boluarte, en el Caso Rolex.

El anuncio se hizo formal, luego de que Castañeda Segovia fuese captado saliendo de la vivienda de la mandataria, en Surquillo.

Castañeda fue fiscal por 22 años, iniciando su carrera como fiscal adjunto provincial titular en 1988.

Por sus manos pasaron casos como la Cooperativa CLAE, denunciando a Carlos Manrique Carreño; y también casos de terrorismo, pues formuló acusación contra Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), solicitando para este 25 años de cárcel.

Debido a su especialidad abogadil, se desempeñó siempre en el ámbito penal, llegando a ser nombrado fiscal superior penal, hasta su renuncia al Ministerio Público, en octubre del 2010.

Tras renunciar formó su estudio de abogados que inició sus actividades privadas en setiembre del 2011.

En los últimos años, y ya en el sector privado, asumió la defensa del fallecido ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y también del congresista José Luna, en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según el registro de proveedores, mantiene el cien por ciento de las acciones del estudio Mateo Castañeda y Menacho. Y, según la misma entidad, dicho estudio de abogados ha logrado contratos y órdenes de servicios con el Estado (ministerios y municipalidades) hasta por 2′079.800.00 entre el 2019 al 2024.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el monto que la mandataria pagaría o pagó por el tiempo de asesoramiento legal en el Caso Rolex.

El pasado 10 de mayo, Castañeda Segovia fue detenido en el operativo “Valkiria-Jericó” junto a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, como parte de la presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción, denominada “Los Waykis en la Sombra”.

En el caso del abogado, se le incrimina por presuntamente haber buscado e intercedido ante efectivos de la policía que apoyaban al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) -a cargo de la investigación- buscando el archivo de la investigación contra el hermano de la mandataria.

Debido a ello, y tras recuperar su libertad, a través de un comunicado, el Estudio Castañeda y Menacho S.A anunció que se desvinculaba de la defensa legal de la mandataria.

Grecia Castañeda Quiroz es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo.

El miércoles 15 de mayo, acompañó a Boluarte Zegarra a la citación para que amplíe su declaración ante la Fiscalía de la Nación, por el Caso Rolex.

Según el registro de audiencias del Poder Judicial, se encuentra acreditada como abogada del exministro Enrique Cornejo Ramírez, dentro de un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

En el registro de proveedores se encuentra una orden de servicio en el 2016 para el Ministerio de Justicia, por el monto de S/7.500.

El abogado Eduardo Barriga, también fue acreditado como defensa de Boluarte Zegarra en el Caso Rolex, tras la detención de Mateo Castañeda.

Sin embargo, Barriga Bernal también es abogado de la actual presidenta en la investigación que se le sigue por el Caso Qali Warma, en su condición de ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Boluarte Zegarra contrató sus servicios para este caso donde se le investiga como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El caso se inició el 12 de enero, bajo la hipótesis de que, en su actuación como exministra y aprovechando dicho cargo, se habría interesado indebidamente y de forma directa, en las contrataciones de la empresa Corporación Belcen SAC -parte de un consorcio- para que preste servicios de entrega alimentaria por el monto de S/4′700.000 La empresa sería del familiar de un aportante a la campaña electoral del 2021 de Boluarte Zegarra, como vicepresidenta de la República.

Según el contrato del servicio otorgado a Barriga Bernal, el Ministerio de Inclusión Social para la defensa de Boluarte, desembolsó el monto de S/96.000.00.

El abogado también fue acreditado como defensa legal de la presidenta de la República en la carpeta fiscal seguida en su contra, ante la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de genocidio debido a las muertes durante las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.

Barriga Bernal también asumió la defensa del congresista José Luna, en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Joseph Campos es el abogado principal de Dina Boluarte en la investigación que se le sigue por el presunto delito de genocidio debido a las muertes durante las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.

Según el registro del contrato, que es pagado por el Estado, el abogado cobrará el monto de S/180.000 entre abril del 2024 hasta diciembre del 2025, fecha de conclusión del acuerdo.

Según el registro de proveedores del Estado, como abogado particular ha obtenido contrataciones por más de S/380.300 , entre el 2016 y 2024, para el Despacho presidencial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, entre otras entidades.

Mientras que, a través de su estudio de abogados, también obtuvo contratos entre el 2008 y 2023, con la Contraloría General de la República, la Oficina de Normalización Previsional (ONPE), el Ministerio de Desarrollo Agrario, con Ositrán, etc, por el monto de S/428.344.

Campos Torres, como se recuerda, también fue abogado del ex procurador general del Estado, Daniel Soria.

Según la Sunedu, Gonzalo Tello es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Según disposiciones fiscales, ha sido acreditado como parte del equipo legal de la presidenta Dina Boluarte como uno de sus abogados, en la investigación por la muertes ocurridas tras las protestas sociales.

El registro de proveedores señala que en el 2021 obtuvo un contrato de servicios con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología por S/1.900.

Caso Reniec

La presidenta Dina Boluarte también mantiene una demanda en contra del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por el pago de compensaciones y beneficios laborales como extrabajadora de dicha entidad.

Hasta el momento se desconoce el nombre de su abogado en este proceso, pese a que la mandataria ha estado accionando en este proceso judicial en la vía laboral.

En setiembre del 2023, a través de su defensa legal, Boluarte Zegarra solicitó al Poder Judicial que se ejecute el proceso que ganó en segunda instancia, vía sentencia anticipada, que Reniec le pague la suma de S/239,674.63 por gratificaciones, vacaciones, escolaridad, CTS y compensación por tiempo de servicio.