Dina habló y nada se aclaró, por Fernando Vivas

1.Dina habló, pero…

Tras tres meses sin responder preguntas de la prensa local, el lunes por la tarde Palacio convocó, con poquísima antelación, a una conferencia de prensa con Dina en la mesa. Todo se dispuso para minimizar el diálogo: ella y los ministros que la acompañaron a China hicieron un largo informe sobre su viaje. Cuando empezaron las preguntas, no había una agenda sugerida que no fuese el viaje, ni voluntad de sentar posición sobre temas polémicos como los delitos de lesa humanidad (ver crónica aparte). Cuando tuvo la oportunidad, interrogada sobre las denuncias de violaciones en la etnia awajún, para hablar emotivamente sobre la juventud (como lo hizo cuando se quebró en una entrevista ante una periodista China), le pasó el micrófono al ministro Morgan Quero.

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Dina encarna un presidencialismo acotado por la decisión de sobrevivir en armonía con el Congreso y apelando a la vocería de algunos ministros sobre temas que solo debiera responder ella y su defensor legal Juan Carlos Portugal.

Alberto Otárola fue más funcional en ese presidencialismo, aunque despertó celos en el entorno de Boluarte. Gustavo Adrianzén cumple esa función en clave más baja y dejando que un grupo de ministros (Julio Demartini del Midis, Hania Pérez de Cuéllar de Vivienda, Morgan Quero y Eduardo Arana, de Justicia) mantengan una relación más directa con Dina. Ocasionalmente, como en el caso del debate ante la Corte IDH, Adrianzén alienta y encabeza la postura oficial.

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2. La guerra de la Línea 2

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), nos había notificado, en el áspero estilo del alcalde Rafael López Aliaga, que no estaba de acuerdo con el reinicio de obras para la construcción de la estación central de la Línea 2, por presuntos incumplimientos del concesionario. Por lo tanto, no darían los permisos para los desvíos e intervenciones en pistas. Uno de los incumplimientos era la inexistencia de un documento con el compromiso de que las obras duren más de 13 meses. La empresa, según ha explicado su vocero legal Luis Vargas Valdivia, no ha querido comprometerse a algo que no figura en el contrato, y tiene el respaldo del Ministerio de Trasportes (MTC), la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) y el Ositran (organismo supervisor del sector), quienes, en virtud de una norma que exonera a la Línea 2 de permisos municipales, la han autorizado a avanzar con las obras.

A pesar de esa ley permisiva, el procurador de la MML ha interpuesto una demanda de habeas corpus para frenar las obras. Entrevisté al gerente de asuntos legales de la MML, Raúl Fernández, y me dijo que reconocen la vigencia de esa ley pero consideran, respaldados en una sentencia del TC, que esa norma tiene el mismo valor que la ordenanza 1680 que faculta a la municipalidad a dar los permisos. El PJ tendrá que decidir poniendo en la balanza la trascendencia del metro frente a las nunca menguantes exigencias de Rafael López Aliaga. El jueves, retador, Rafael dijo a Raúl Pérez Reyes, tras llamarlo varios días sin que lo atienda: “No es de hombres no dar la cara”.

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3. Poderes atados

El miércoles, el TC, en audiencia en Arequipa, oyó a las partes en la demanda competencial que el Congreso entabló contra el Poder Judicial porque un juez mandó al traste la inhabilitación a Inés Tello y Aldo Vásquez de la JNJ y ordenó reponerlos. Se puede cuestionar un proceso parlamentario, según una sentencia reciente del mismo TC, si es que hay derechos fundamentales involucrados. Sin embargo, el procurador del PJ no supo responder con claridad al magistrado del TC que le preguntó qué derecho estaba en juego. Al margen de esa débil defensa que no atinó a mencionar, por ejemplo, el derecho al debido proceso; las apuestas corren en contra de la decisión judicial que los rehabilitó.

Como si fuera una carrera contra el tiempo, la JNJ, implicado como tercero, pidió, sin éxito, aplazar la audiencia. Al día siguiente, el pleno de la JNJ debía atender la reconsideración de la ratificación negada en primera instancia a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Ratificaron a Corvetto y, de paso, ratificaron a Carmen Velarde en la Reniec. Los actores de la Justicia son tan conscientes –quizá hasta la paranoia- de lo politizados que están sus nudos competenciales, que un día más en el cargo sí importa. Esto lo decimos, por supuesto, en el caso de que una de las razones para que la JNJ pidiera el aplazamiento de la audiencia en Arequipa, haya sido ganar tiempo para tomar decisiones cruciales en torno a los entes electorales. En cualquier caso, el TC tiene un plazo de 30 días para resolver la demanda competencial y hubiera sido grotesco que lo hiciera de inmediato. El viernes a la medianoche se cerró el plazo para que los pre candidatos al 2026 se afilien a un partido. Con caras nuevas y famosas en la lid, como Carlos Álvarez y Phillip Butters, se empieza a dibujar el mapa electoral.