:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4K32MIBYEVFZ7LYMTMDPXVU2E4.jpg)
‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
La Contraloría General de la República está próxima a culminar un informe de control sobre al manejo de los fondos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La medida se inició a raíz de declaraciones de un colaborador eficaz del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder respecto de presuntos pagos a Vladimir Cerrón y Richard Rojas –dirigentes de Perú Libre– por su supuesto rol de informantes.
Según pudo conocer El Comercio, en la entidad de control se espera culminar con dicha tarea –denominada acción de oficio posterior– en los próximos días, a fin de detectar presuntos desvíos de fondos. No obstante, una de las trabas durante el proceso ha sido el acceso y manejo de información clasificada o reservada.
Esa situación también se ha dado en torno a pedidos de información del Ministerio Público sobre Henry Shimabukuro, funcionario de la DINI investigado en el Caso Gabinete en la sombra por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
MIRA: Roberto Sánchez, el vocero que se quedó sin voz. Crónica de Fernando Vivas
A ello se suman informes de la contraloría que han detectado que la contratación de Shimabukuro en la DINI es irregular y contradicciones respecto del desempeño de su labor en instalaciones de Palacio de Gobierno, como reportó “Punto final” el último domingo.
Por ello, desde la contraloría se ha sugerido a la fiscalía que se solicite al Poder Judicial la desclasificación de información reservada.
Pedirán el documento
El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto (Renovación Popular), también se manifestó sobre la acción de oficio posterior emprendida por la contraloría. Según dijo, pedirá que le remitan el documento “de manera urgente para ver los resultados”, a fin de reunirse luego de forma reservada con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“Como Comisión de Inteligencia, estoy desde hace varias semanas trabajando de la mano con la contraloría para ver desvíos de fondos. El viernes estuve en la DINI, fui de forma inopinada, he estado hablando con el director, el director de Inteligencia, todos los involucrados. He visto que ese día la contraloría estaba terminando su acción de control de fondos”, declaró el legislador el último lunes.
Cueto refirió esperar que le remitan la información esta semana. “Fui personalmente a verlo [a José Fernández Latorre, jefe de la DINI] y coordiné con la contraloría que hagan una acción de control”, comentó a El Comercio sobre el pedido de información que hizo tras revelarse las declaraciones del colaborador eficaz.
Fuentes de la contraloría indicaron también que Cueto ha pedido que se le haga llegar toda la información sobre el tema. En tanto, el parlamentario aseguró que volverá a citar al jefe de la DINI a la comisión que preside.
“Yo he citado al jefe de la DINI desde el primer día que he estado en la comisión. Siempre ha ido”, aseveró.
El uso de los fondos de la DINI también se ha puesto bajo la lupa por otros asuntos. Por ejemplo, este Diario reveló hace unos días que un informe de la contraloría emitido en octubre pasado determinó que –durante la gestión de Fernández Latorre– la entidad de inteligencia adjudicó un proceso de compra por S/200.000 a un contratista que presentó información falsa para acreditar experiencia.
Además…
Acción de oficio posterior
– En octubre pasado, la contraloría emitió la directiva N°023-2022-CG/VCIC, referida a la acción de oficio posterior.
– De acuerdo a la referida norma, se trata de una modalidad de servicio de control posterior. Se realiza de manera oportuna y puntual a partir de información proveniente u obtenida del Servicio de Gestión de Denuncias, cuyo objetivo es comunicar al titular de la entidad o responsable de la dependencia la existencia de hechos irregulares evidenciados. Ello con el fin que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.
– La medida, según la directiva, no genera la identificación de responsabilidades civiles, penales o administrativas, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.
– Las etapas del proceso de acción de oficio posterior son: planificación, ejecución y elaboración de informe de acción de oficio posterior. Este incluye recomendaciones.
Solicitud de citación
De otro lado, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) remitió el último lunes un oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitando que, con carácter de “muy urgente”, se cite a José Luis Fernández Latorre a dicho grupo a raíz recientes publicaciones periodísticas que dan cuenta de su presunto rol en actos de “obstrucción de la justicia”.
Fuentes de la Comisión de Fiscalización refirieron que no tienen competencia sobre temas relacionados a inteligencia, por lo que se derivaría el requerimiento a la Comisión de Inteligencia.
La Comisión de Fiscalización ha citado anteriormente a Fernández Latorre, pero sin éxito. Por ejemplo, en setiembre pasado a fin de que responda por su presunta participación en una actividad para niños pacientes con cáncer en Palacio de Gobierno.
No obstante, el jefe de la DINI se excusó de acudir al grupo legislativo argumentando que, de acuerdo a la normativa vigente, “el control parlamentario, la fiscalización y los requerimientos de información a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional se efectúa a través de la Comisión de Inteligencia”.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2QJI7E5DDZHA3C7SGQT7G4ITBU.jpg)
Captura.
