Dionisio Romero: ¿Cuál es su situación en la investigación a Keiko Fujimori?

En la disposición fiscal han sido incluidos nuevos elementos que corroborarían la tesis sobre el caso, obtenidos en recientes diligencias. Además, se han precisado las imputaciones contra los investigados y los presuntos delitos.

En el documento, el fiscal José Domingo Pérez especifica los aportes recibidos por Fuerza Popular durante las campañas de 2011 y 2016, los cuales considera ilícitos. Uno de esos casos es el financiamiento del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado haber entregado US$3′650,000.00 a Keiko Fujimori para la campaña 2011.

Para la fiscalía, este monto “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.

El empresario ha sido incluido en las pesquisas en calidad de testigo. Según fuentes de El Comercio, abrir una investigación por estos hechos será una decisión que podría tomar la fiscalía más adelante.

La disposición fiscal señala que se ha determinado que Romero, en su condición de presidente del Directorio de Credicorp y presidente del Directorio de Banco de Crédito del Perú, infringió en su deber de usar el patrimonio de su representada “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por US$3′650,000.00 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori (…)”.

Para el equipo especial, estos hechos “tienen relevancia jurídico penal”, sancionada en el Código Penal, como delito contra el patrimonio, en la modalidad de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas.

Los retiros bancarios para efectuar el aporte a Keiko Fujimori fueron 17 y se hicieron desde el 3 de noviembre de 2010 hasta el 25 de mayo de 2011. Los montos oscilan entre los US$ 100 mil hasta US$ 500 mil.

De acuerdo a la disposición fiscal, las operaciones fueron realizadas en la Oficina Sede Central del Banco de Crédito ubicada en La Molina, “existiendo cartas mediante las cuales Credicorp ordena al Atlantic Security Bank (ASB) transferir fondos a favor del Banco de Crédito, siendo, posteriormente, compensados estos retiros en efectivo en la contabilidad del Banco de Crédito”.

“Se concluye que las 17 operaciones se configuran como “créditos”, por lo cual el BCP incumplió la Ley del Sistema Financiero en lo referente a que las operaciones con la empresa vinculada contaron con condiciones preferenciales respecto al resto de cliente (sin costo financiero)”, indica el fiscal.

Añaden que las 17 operaciones en efectivo no fueron incluidas por el Banco en el Registro de Operaciones ni en los “formularios del Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía”, “debido a que el BCP consideró que estos retiros al ser transacciones realizadas por su institución a través de la cuenta contable notas sucursales, según el Oficial de Cumplimiento LA/FT, no fueron transacciones comerciales realizadas por clientes, operatividad que ha sido observada por la SBS y que transgrede las normas del Sistema de Prevención de Lavado de Activos”.

La fiscalía sostiene que existió “clandestinidad”, al no haber informado al Directorio la decisión de usar el patrimonio de su representada y realizándolo de forma subrepticia. También menciona “exorbitancia”, por haber realizado aportes a Fuerza 2011 de “ingentes cantidades de dinero”.

Otra característica es la “utilización de pitufeo”. Aquí, el fiscal considera que este tipo de acto se concreta al dividir una gran transacción financiera en varias transacciones más pequeñas, con el objetivo de “evitar la creación de informes requeridos por las normas del sistema financiero (…)”.

Un último aspecto que menciona el documento es la “admisión del modus operandi”, pues fue Romero quien reveló los aportes económicos. Para la fiscalía estos hechos “ponen en evidencia la realización de la conducta delictiva subsumida como delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Fraude en la Administración en las Personas Jurídicas”.

Como se recuerda, Dionisio Romero, en su declaración ante la fiscalía, justificó la entrega de los aportes a Keiko Fujimori al señalar que el financiamiento ocurrió de forma “excepcional” con la finalidad de evitar que el país “cayera en manos de la política chavista”, en referencia al expresidente Ollanta Humala.

La fiscalía menciona que las encuestas de opinión sobre los candidatos presidenciales, hasta marzo de 2011, no presentaban a Ollanta Humala como uno de los aspirantes con mayor porcentaje de respaldo popular.

“De la información señalada, hacen poner en duda las reales motivaciones para la entrega de activos a la organización criminal liderada por Keiko Fujimori”, señala el documento.

De acuerdo al reporte de la ONPE, Ollanta Humala ganó la primera y segunda vuelta en las elecciones generales de 2011.

A través de un pronunciamiento, el Banco de Crédito del Perú indicó que el informe del grupo de trabajo al que se hace referencia el Ministerio Público “dio inicio a un procedimiento ante la SBS que aún está en trámite y en el cual ni siquiera existe pronunciamiento de primera instancia. El BCP ha presentado sus descargos en el mismo y considera que todas esas operaciones fueron llevadas a cabo dentro de lo que estipula la ley”.

Sobre el presunto fraude en la administración de la persona jurídica, José Ugaz, abogado de Dionisio Romero, sostuvo que “una imputación así no tiene ningún sustento”, y que “el delito (fraude en la administración de persona jurídica) es un delito de acción privada”, es decir, que, para que pueda investigarse tiene que ser alegado por la persona afectada. “Era patrimonio de la compañía y está dentro de los límites de gastos que está autorizado a hacer la gerencia con la presidencia”, dijo.

Ugaz insistió en que la fiscalía, de oficio, “no puede hablar de delitos ni abrir investigación”. Añadió que los 17 retiros de dinero efectuados por Dionisio Romero “están contabilizados” y no fueron informados “porque era facultad de la gerencia y presidencia, sin tener que hacer alguna consulta”.

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