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Por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió al magistrado Carlos Ramos Núñez como el ponente que se encargará de presentar un borrador de informe respecto a si se admite a o no a trámite la demanda competencial que interpuso el presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso de la República.
Carlos Ramos tendrá hasta el 29 de octubre para entregar el auto de calificación sobre admisibilidad o no del recurso.
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Ya en rueda de prensa, el presidente del TC, Ernesto Blume, confirmó la designación de Ramos y la fecha en la que se verá su ponencia sobre la admisión o no de la demanda de Olaechea.
“Señalar como fecha del pleno para emitir el auto de calificación sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial antes mencionado el día martes 29 de octubre del año 2019”, afirmó Ernesto Blume, presidente del TC, en un breve pronunciamiento a la prensa.
Fuentes de El Comercio informaron que la votación estuvo reñida, entre los magistrados Carlos Ramos y Augusto Ferrero.
Ramos obtuvo los votos de Manuel Miranda (vicepresidente del TC), Marianella Ledesma, Esloy Espinosa-Saldaña y su propio voto.
Mientras que Ferrero, a su voto se sumó el de Ernesto Blume (presidente del TC) y José Luis Sardón.
Además de solicitar la nulidad de la disolución del Parlamento, la demanda de Olaechea solicita que se defina si el Ejecutivo tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones del Legislativo. Esto en referencia al planteamiento que el entonces primer ministro, Salvador del Solar, presentó sobre el proceso de selección de magistrados del TC, el 30 de setiembre.
En el recurso de Olaechea también se pide al TC que declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Legislativo de manera expresa a través de una votación en el pleno y no de manera tácita o fáctica.
Cuando el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Parlamento, el 30 de setiembre, dijo que tomó la decisión ante la negación fáctica de la cuestión de confianza que su gobierno había planteado ese día.
Asimismo, Olaechea presentó una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto supremo que oficializó la disolución del Congreso y que convocó a elecciones parlamentarias.
