¿Qué delitos habrían cometido los congresistas que viajaron a China financiados por empresa privada?

La empresa asumió los gastos de traslado y viáticos de los congresistas Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial). Paredes, Monteza, López y Portalatino rechazaron que hayan cometido alguna falta al haber aceptado esta invitación.

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La congresista Paredes respondió a este Diario que no hay ninguna infracción al Código de Ética Parlamentario. Esto pese a que el reglamento establece, en su artículo 12, que todo congresista debe abstenerse de recibir “dádivas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo y de toda procedencia”, pues esto puede afectar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. Paredes es aún presidenta de la Comisión de Ética del Congreso.

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, Paredes, Monteza, López, Medina y Portalatino salieron del Perú el sábado 24 de junio, vía Holanda, permaneciendo 12 días fuera del país. Fuentes de este Diario comentaron que los legisladores retornan entre este miércoles (ayer) y hoy al Perú.

En cambio, Flores recién pudo viajar el 27 de junio debido a que el sábado 24 fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) por tener una orden de impedimento de salida del país. En su caso, viajó primero a Francia antes de llegar a China. Adicionalmente, otras fuentes de El Comercio refirieron que Flores estuvo acompañado en este viaje por su esposa, Sulma Condori Ticona. Condori también salió del Perú el 27 de junio, pero vía Holanda.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Flores para recoger su descargo, pero no recibimos respuesta. De otro lado, personal de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas -de la que Flores es presidente- refirieron que no podían brindar información al respecto o que no contaban con detalles.

Penalistas consultados por El Comercio indicaron que los seis congresistas que fueron financiados para realizar este viaje podrían ser investigados por el presunto delito de cohecho. Además, comentaron que tanto el Ministerio Público como la Fiscalía de la Nación podrían iniciar procesos en contra de los legisladores, pues consideran que hay elementos para empezar indagaciones.

Ambos incidieron también en que el Congreso debería ser el primer canal de investigación, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión de Ética.

El penalista Andy Carrión informó que el hecho de que un funcionario público reciba una dádiva o bien para el ejercicio propio de su función, o para trasgredir su función, se enmarca en el delito de cohecho pasivo.

“Es un delito que no necesariamente requiere una contraprestación, sino únicamente basta la promesa de poder brindar la contraprestación. Por ejemplo, que hayan recibido el financiamiento para el viaje con la promesa que en el futuro se pueda gestionar algún proyecto de ley a favor de ellos. Es decir, no se requiere que le den alguna dádiva, dinero en efectivo, para que se configure el delito de colusión o de cohecho”, explicó Carrión.

También señaló que los congresistas habrían contravenido normas éticas preventivas, pues los funcionarios públicos no deben aceptar dádivas, regalos o prebendas.

“Todo eso debe tomarse en cuenta porque el solo hecho de ser congresistas de la República y que tengan una representación nacional, y aparte que sean los encargados de emitir normas o leyes, debe obligarlos también a resguardar una conducta transparente y ética. Pero si eso se trasgrede y no solo es antiético, luego va de la mano con un tipo de financiamiento, tranquilamente a nivel de sospecha inicial simple, podría en el ámbito de la fiscalía de la Nación iniciarse una investigación en contra de los congresistas. Incluso podría actuar la Procuraduría General con la denuncia respectiva”, añadió Carrión.

Precisó que el financiamiento que han recibido los congresistas no necesita una contraprestación, pues la sola promesa puede configurar un delito.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo que estas prácticas contravienen la convención contra el soborno internacional. “La empresa espera de los congresistas a cambio algo. Dado que hay un actor internacional, solo puede ser la realización de actos preparatorios a cambio de sus intereses empresariales por medio de cooptar a integrantes de un Congreso”, enfatizó Maldonado.

Coincidió con Carrión respecto a que los seis legisladores pueden ser investigados por presunto cohecho. Asimismo, que este financiamiento podría influenciar las decisiones que tomen los congresistas respecto a intereses que puedan beneficiar a la empresa. Por tanto, para Maldonado constituiría un soborno.

“El ofrecimiento de esta empresa de cubrir todos los gastos del viaje a funcionarios públicos de un Estado extranjero es un acto de soborno. Es sobornar a un político extranjero con el objeto de obtener leyes favorables para sus inversiones, tratamiento privilegiado para el mercado en el Perú, para tener una conducta no vigilante en el Perú cuando venga a hacer negocios. Esto es un soborno para recibir algo a cambio”, alertó.

Al igual que Carrión indicó que basta con que haya una promesa, que no necesariamente sea explícita, para que se configure el presunto delito. “Un mes después vienen y los buscan, no tienen que firmar siquiera un documento. Hay pactos informales, pero totalmente implícitos. Ni siquiera tiene que haber un ofrecimiento expreso”, finalizó.

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo a El Comercio que están solicitando a la Mesa Directiva del Congreso “en forma expresa” información relacionada al tema para conocer los motivos del viaje, esto “para tener veracidad y formular una mejor opinión”. Sin embargo, que también solicitarán explicaciones a la congresista Kelly Portalatino, integrante de esta bancada.

El congresista Álex Paredes, vocero del Bloque Magisterial, no respondió las mismas consultas. Asimismo, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tampoco informó si en este grupo de trabajo se podría iniciar alguna investigación.