“Con humildad y concertación, PPK hubiera llegado al 2021”

Domingo García Belaunde analiza la situación política y legal luego de que Martín Vizcarra asumiera la presidencia. También opina sobre la figura de la vacancia y la forma de elegir al Parlamento.

—Si el presidente Martín Vizcarra gobierna bien, ¿podría postular en el 2021?
No. Es presidente ya y no puede ser reelegido. Tendría que esperar un período.

—¿El presidente Vizcarra puede adelantar elecciones?
No, imposible, salvo que se cambie la Constitución, como se hizo en la época de Paniagua, en la que: primero, se nombró presidente interino; segundo, se prohibió la reelección presidencial; tercero, se acortó el período de gobierno iniciado en julio del 2000 hasta julio del 2001; cuarto, esto incluía Legislativo y Ejecutivo; quinto, se convocó a elecciones y salió elegido Toledo, quien asumió el cargo en julio del 2001 por cinco años.

—Pero las circunstancias son distintas, ¿no? ¿Sería deseable un adelanto de elecciones ahora?
Creo que los procesos electorales toman tiempo, hacen ruido y aumentan la inestabilidad. Ahora hay que apaciguar las aguas, y si hay pacto nacional en lo básico, llegar con calma y bríos al bicentenario. Lo de Paniagua fue especial, salíamos de una dictadura. Aquí no, estamos ante una simple sucesión dentro del marco constitucional. El piso está parejo.

—Si el presidente Vizcarra quisiera en el futuro realizar un cambio de Gabinete para oxigenar su gobierno, ¿tendría que cambiar a todos sus ministros, según la resolución legislativa recientemente aprobada que restringe la facultad presidencial de disolver el Congreso?
No lo creo. Entiendo que no se prohíbe un cambio parcial, solo se especifican los alcances de ese cambio. La resolución legislativa dice textualmente así: “No se considera que hay crisis total del Gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente”.

—La Constitución blinda al presidente en el sentido de que no puede ser acusado por ningún delito o infracción constitucional, sino cuando termina su mandado. Sin embargo, al mismo tiempo abre la puerta falsa de la vacancia por incapacidad moral que podría ser utilizada muy arbitrariamente para sacar a un presidente cuando no tiene mayoría. ¿Tiene sentido mantener la vacancia por incapacidad moral permanente en nuestro ordenamiento constitucional?
Efectivamente, el presidente tiene un blindaje, durante su período, que no existe ni siquiera en Estados Unidos. Sin embargo, en un sitio aparte establece la vacancia por incapacidad moral permanente. Esto está tomado de la práctica de Estados Unidos y existe en toda América Latina. Y existe en el Perú desde la Constitución de 1839, pero no se ha usado nunca. Los únicos casos que se mencionan son Riva Agüero en 1823, a quien obligaron a renunciar con una pistola y luego fue rehabilitado por el Congreso. Luego Billinghurst, con quien se intentó y al final hubo un golpe de Estado dado por el coronel Benavides en 1914. Y el caso último es el de Fujimori. Renuncia por fax, el Congreso no acepta su renuncia y lo vaca en 24 horas. Entonces, recién históricamente se plantea formalmente la vacancia con todas sus normas el 21 de diciembre del 2017, y el resultado fue que no se alcanzó la votación. Ahora, la pregunta es: ¿Este instrumento tiene cierta subjetividad? Por supuesto que la tiene. ¿Debería permanecer? Tiene 180 años y nunca nadie la ha cambiado porque no ha ocurrido.

—Pero no ha ocurrido porque antes había golpes de Estado militares. Cuando el presidente no tenía mayoría en el Congreso, no se planteaba la vacancia porque el presidente era vacado por un golpe militar.
De acuerdo, y se puede prestar a la arbitrariedad, pero en otros países opera. Recuerdo el caso de Lugo en Paraguay o el del presidente Eloy Arosemena hace treinta y tantos años en Ecuador, un borrachín que andaba beodo a toda hora. No sabían qué hacer con él, cómo sacarlo. Un buen día fue al aeropuerto y se desplomó. Y entonces simplemente al día siguiente lo vacaron y la explicación fue que el señor no estaba en condiciones de manejar el país, y nadie dijo nada. Entonces, es un arma potencialmente peligrosa, de acuerdo, pero también puede ser una salida.

—¿No sería mejor reemplazarla por el ‘impeachment’ norteamericano o la acusación constitucional propiamente dicha? Es decir, poder acusar al presidente por delitos o infracciones constitucionales, claro, con un debido proceso y todo lo demás.
El ‘impeachment’ está en el artículo 99, que son las acusaciones constitucionales. Ahí hay debido proceso. Pero no se aplica al presidente. Pese a que en Estados Unidos el presidente tiene menos blindaje que en el Perú, solo ha habido tres casos de ‘impeachment’ en los últimos 150 años: Andrew Johnson, sucesor de Lincoln a su muerte, que no se logró; Nixon, que era inminente, pero renunció al cargo; y Clinton, que tampoco se logró pues el Senado lo absolvió. Ahora, la pregunta es si deba proceder la acusación constitucional también contra el presidente de la República, con lo cual habría una acusación formal, un derecho a la defensa, una investigación y eso dura tres, cuatro, cinco meses. Podría ser.

—Y limitar la vacancia a la capacidad mental, que fue el sentido original del término.
Sí, pero hoy día ya se entiende en muchos países que la vacancia se da por mala conducta. En Argentina es así. Yo diría que esa es una puerta de escape, yo la mantendría, pero reconozco que es potencialmente peligrosa.

—Si tenemos esa puerta de escape que es potencialmente peligrosa porque se presta a la arbitrariedad de la mayoría, ¿no debería haber como contrapeso la posibilidad de que el presidente de la República pueda disolver el Congreso sin expresión de causa, sin que se dé censura alguna?
Podría ser, como es en otras partes. Yo sería partidario de poner la disolución del Congreso incluso dos veces en el período, a libre discrecionalidad del presidente. Así pasa en Europa, por ejemplo, que son regímenes parlamentarios. Y convocas a una elección parlamentaria.

—El parlamentarismo es mejor porque el Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria por definición…
Pero el problema es que los sistemas funcionan de acuerdo a la propia tradición. Las veces que el Parlamento ha querido mandar en este país ha sido un caos porque no hay partidos políticos. O sea, el parlamentarismo supone partidos políticos sólidos y consolidados, y acá no hay. Los elementos parlamentarios que tiene el sistema político peruano vienen desde 1856, cuando se creó el Consejo de Ministros, y no han logrado que el Congreso tenga más fuerza que la que tiene. ¿Por qué? Porque en el fondo el presidente tiene muchos recursos.

—Bueno, en la salida del presidente Kuczynski es evidente que el Congreso tuvo más fuerza…
En mi opinión, en el caso de Kuczynski, más allá de lo que pueda hablarse de la oposición, él tampoco ha tenido voluntad de dialogar. Cayó por necio y soberbio. Con humildad y concertación hubiera llegado al 2021. Recuerda el caso de Belaunde: llega el [año] 63 y tiene el 67% del Congreso en contra, tendió puentes, dialogó y al final todos dialogaron muy tarde y vino un golpe de Estado en el 68. Pero el golpe de Estado no fue contra Belaunde, sino contra Haya de la Torre, que era el candidato que se venía.

—Vizcarra ha planteado un pacto social. ¿Va a poder entenderse con el Congreso?
Es lo único que le queda. En 1933, asesinado Sánchez Cerro, la Constituyente eligió presidente a Benavides, pero el Congreso lo dominaba el sanchezcerrismo y se entendió con ellos. Toledo y Humala se quedaron sin mayoría y consensuaron con el Congreso en lo básico. Vizcarra no tiene otra salida y es sensato. Lo hará.

—La tesis de que en nuestro sistema el presidente tiene mucho poder suele caerse cuando carece de mayoría. Belaunde dialogó, pero hubo obstruccionismo y su gobierno fue paralizado. Entonces, lo ideal sería diseñar un sistema que prevenga la confrontación facilitando la formación de mayorías. En Francia han descubierto el sistema de elegir al Congreso después de la segunda vuelta presidencial.
Podría hacerse lo mismo acá. Claro, además acá tenemos un problema, que es la ley de elecciones, que está mal diseñada por las circunscripciones. Cómo es posible que Fuerza Popular tenga 38% y tiene más del 50% del Congreso.

—Bueno, pero eso funciona así en cualquier democracia avanzada, en la que tienes un sistema de distritos electorales pequeños, uninominales, que es mucho mejor que el voto preferencial…
Que habría que eliminarlo en mi opinión... El otro problema es que la doble vuelta es solamente para el Ejecutivo. En el año 90, Fujimori gana en primera vuelta con 22% y tiene 22% en el Congreso, en la segunda vuelta él gana con 56% y sigue teniendo el 22%. Ya desde el saque había desbalance. Entonces, la segunda vuelta debería ser para el Congreso también. Quiere decir que son elegidos en primera vuelta solo los que tienen más del 50% de los votos. Los demás pasan a una segunda vuelta. En Francia es así.

—Para que pueda haber segunda vuelta congresal necesitas distritos uninominales, como en Francia. Entonces, no puedes pedir distritos grandes y al mismo tiempo pedir segunda vuelta congresal.
Bueno… Ahora, la otra forma sería la que tú anotas, que el Congreso se elija después de la segunda vuelta, cuando tú ya sabes quién ganó.

—¿Cabe la posibilidad de que la Corte IDH ordene revocar el indulto a Fujimori?
No debería, no está entre sus antecedentes y no tiene competencia para eso. Pero la actual composición de la corte me hace temer que podría hacerlo. La última opinión consultiva en la cual recomienda a todos que adopten el matrimonio homosexual es una locura. Entonces, claro, si hacen esas barbaridades, ya pueden hacer cualquier cosa. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jamaiquina Margarette May, es una ignorante absoluta. A los cuatro o cinco días del indulto a Fujimori, cuando nadie lo había leído [el documento], declaró que era un atropello. El que fue presidente de la corte hasta hace poco, el brasileño Roberto Caldas, es un abogado sindicalista, vinculado al Partido de los Trabajadores, al mundo laboral, y activista de derechos humanos exagerado. Lo he tratado en Querétaro el año pasado. Para mí, ese señor no debería votar. El sistema está mal, hay que replantearlo.

—Pero, entonces, si la corte llega a ordenar la derogación del indulto, ¿qué debería hacer el Perú?
Yo recomendaría sutilmente que no le hagan caso porque, en realidad, es un exceso de competencias. Ya hay varios países en América Latina que no han hecho caso a la corte. Un caso reciente es el llamado Caso Fontevecchia, en el cual la Corte Suprema de Justicia de Argentina recibió de la corte una orden para anular la sentencia, y la Corte Suprema le dijo no: “Ustedes no tienen competencia para decir lo que yo ya resolví en cosa juzgada después de X tiempo de proceso”.

—Doctrinariamente, ¿por qué la corte no podría pronunciarse sobre el indulto?
Porque el problema es que la Corte IDH es para ver derechos humanos. En el caso del indulto, lo que ha habido es una sentencia que ya condenó al señor Fujimori por determinados delitos, ha cumplido la mitad de la sentencia, nadie ha negado el delito, la pena, el proceso; pero el Estado Peruano considera que por su edad, por su enfermedad y por el tiempo transcurrido, ya es suficiente, y lo que se hace no es borrar el pasado, sino perdonarlo para que pase sus últimos años en paz. Eso no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es el derecho a la paz y a la tranquilidad.

—¿En el tema de la orden que dio la corte de archivar el proceso contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por haberle cambiado el sentido al voto de Vergara en el Caso El Frontón?
Bueno, creo que fue una resolución precipitada, muy mal planteada, y además con errores doctrinarios muy graves porque era un proceso que estaba recién iniciándose, no se sabía si iba a llevarse a cabo. Incluso el informe final del congresista Segura era absolutorio, salvo en el caso del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña porque, según el informe, él había sido el motor de todo esto.

—¿El fallo del TC materia de esta acusación cambiaba el voto de Vergara?
Claro, el fallo del Caso El Frontón fue una adulteración de voto. Se cambió el sentido de una sentencia firme tres años después por un auto aclaratorio. Fue una barbaridad. Lo peor de todo es que es gente a la que le han abierto un juicio después de 30 años, me parece una especie de persecución maligna.

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