Donayre: su caso debe ser visto por pleno del Congreso y no por comisión

La Secretaría Técnica de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria elaboró un informe sobre la solicitud formulada por el Poder Judicial en la que pide autorización para que se haga efectiva una condena impuesta al legislador Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) por el Caso ‘Gasolinazo’.

El Comercio accedió al documento, de fecha 1 de octubre del 2018, suscrito por el encargado de la secretaría técnica de la mencionada comisión, el abogado Daniel Vílchez Yucra.

Según la agenda del Congreso, la comisión que preside la legisladora Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) tiene planeado analizar este informe hoy desde las 2:30 p.m.

En el documento, la secretaría técnica sostiene que no corresponde a los procedimientos regulares de la comisión el pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad contra Edwin Donayre.

Para explicar ello, se basa en que el artículo 16 del Reglamento del Congreso faculta a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad a abocarse a los casos "de proceso o de arresto, mas no de solicitudes de autorización para hacer efectiva una condena emanada de órgano jurisdiccional alguno".

Además, especifica que el requerimiento cursado por el Poder Judicial usa el mismo mecanismo y formato que el que se aplicó para el caso del vacado congresista Benicio Ríos, proceso en el cual el pleno del Congreso, en uso de sus facultades, decidió aprobar el desafuero del parlamentario.

"El pleno del Congreso tomó competencia en el caso del ex congresista Benicio Ríos, que es análogo al caso del congresista Edwin Donayre. No corresponde a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria abocarse al [presente] caso, más aún si está fuera de los alcances de su competencia ", sostiene el documento.

En ese marco, la secretaría técnica de la comisión insiste en recomendar devolver al oficial mayor del Congreso, José Antonio Abanto Valdivieso, la solicitud de autorización que se le hizo llegar a la comisión "porque no se compadece con el procedimiento establecido".

En agosto pasado, Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima por el delito de peculado.

El general en retiro del Ejército Peruano, así como otros civiles y militares implicados en el Caso 'Gasolinazo', fueron acusados de haberse apropiado de manera ilícita de combustible que había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

Como se ha mencionado anteriormente, esta es la segunda vez que el Poder Judicial pide al Parlamento que se permita la ejecución de una condena de prisión efectiva contra un congresista en el presente período de gestión (2016-2021). El primer caso fue ante la condena de siete años de cárcel que se dictó en dos instancias contra Benicio Ríos.

Tras recibir el pedido de la Corte Suprema, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad acceder al pedido y levantar la inmunidad parlamentaria de Benicio Ríos, así como a declarar vacante su cargo para que sea reemplazado por su accesitaria.

En setiembre pasado, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que el caso de Edwin Donayre era diferente al del ahora ex parlamentario Benicio Ríos.

"Los asesores legales nos han explicado que son casos distintos. En el caso del señor Benicio Ríos era con el nuevo código procesal y tenía dos sentencias en dos instancias y, por lo tanto, ya no había otra instancia más y tenía que acatarse" dijo, tras agregar que el proceso de Donayre "es con el código antiguo, entonces hay una sentencia en primera instancia".