(Foto: /El Comercio)
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Fernando Vivas

Hay una rebelión en la granja –concretamente en la Sala Penal Nacional a cargo de Inés Villa Bonilla– y quiere aplacarla de una buena vez. Me lleva a su balcón, en el ala sur del Palacio de Justicia, para apuntar con el dedo el edificio del nuevo subsistema anticorrupción y prometer que ahí van a ir los casos de corrupción de funcionarios, aunque la sala rebelde se resista a soltarlos.

— Creíamos que solo los poderes Ejecutivo y Legislativo estaban conmocionados, y ahora el suyo...
Efectivamente, aparte de la inestabilidad política, vemos que los partidos están partidos. Lo vimos en el debate de la vacancia. Lamentablemente, toca una cuota al (PJ). Pero lo único que estoy haciendo son actividades de acuerdo a la ley.

— Y de acuerdo a un plan, ¿no? ¿Fue idea suya crear un subsistema especializado en corrupción?
No fue una idea original mía. Ya existía en el 2000 para procesar los delitos de Montesinos, y ahí jugó un papel protagónico la jueza Inés Villa Bonilla. Pero se desactivó. Y ahora lo he implementado por una ley que no ha salido de mi gestión, sino el 30 de diciembre del 2016, el Decreto Legislativo 1307. No estoy inventando la pólvora, estoy implementando la ley. Y esta dice que se aplica para todos los procesos en trámite a la fecha de su entrada en vigencia el 31 de marzo pasado, salvo apelaciones. Designé a la jueza Susana Castañeda, que hizo una convocatoria nacional, con filtros rigurosos.

— Pero la sala penal se rebeló, ¿y por eso usted sí tuvo la idea de crear un estatuto que defina sus límites?
La sala penal no fue creada por ninguna ley, tiene 20 años de varias resoluciones. Se creó exclusivamente para terrorismo, y poco a poco se le agregaron otros temas. Pero ahora hay un sistema anticorrupción y por principio de especialidad ahí tienen que ir los casos de colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible.

— El estatuto no ha aplacado la rebelión. Hay un comunicado de los jueces de la sala contra él.
El estatuto era absolutamente necesario porque todos esos jueces son precarios, prestados de distintas cortes del país. Fueron invitados. Tienen procesos muy complicados como los de Sánchez Paredes, Pativilca. ¿Cuándo hay más garantía para que actúe con independencia un juez? Cuando sea estable y titular.

— La ironía es que para lograr esa estabilidad se les haga pasar por otra inestabilidad.
El sistema no va a parar. Que se va a dar una cierta inestabilidad, aparentemente sí. Pero eso acabará cuando se nombren nuevos jueces.

— Dicen que se sienten discriminados al tener que concursar.
Le respondo con contundencia. Ayer el Consejo Ejecutivo del PJ ha pedido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que convoque concursos a la sala penal y al sistema anticorrupción, de modo que los jueces van a poder optar por un sistema u otro.

— ¿Se ha reunido con la Dra. Villa?
No en estos días, pero cuando hemos estado trabajando en eso del estatuto, sí. Nombré al Dr. César San Martín para que presida la comisión que lo diseñó y convoqué a la Dra. Villa para que viera que el estatuto no los perjudicaba. Lo aprobamos el 20 de noviembre y se ha publicado el Día de los Inocentes.

— O sea, me quiere decir que la fecha es coincidencia y no un intento de aplacar casos de impacto político.
Dicen que no era el momento, pero no podemos guiarnos por el momento político, eso será para el indulto o la vacancia, pero no para nosotros. No no hay nada bajo la mesa.

— ¿Los casos que tienen que ver con Keiko Fujimori los seguirá viendo la sala penal?
Si los delitos que ve la sala penal son de lavado de activos no originado en corrupción de funcionarios, eso es delito común [o sea, los seguirá viendo]. Se dice que quitamos casos, pero lo digo en mil idiomas: bajo el nuevo Código Procesal Penal, los dueños de los casos no son los jueces, son los fiscales. El dueño del Caso Odebrecht [que sí es de corrupción de funcionarios] es el fiscal Hamilton Castro.

— Pero los jueces que han resuelto pedidos de fiscales ya conocen los casos, están familiarizados.
Cuando deciden una medida cautelar o una prisión preventiva, se les da un cuadernillo y lo devuelven. Por otro lado, ¿alguien puede decir que el sistema anticorrupción esté trabajando mal? Ahí se ven los casos de Félix Moreno, de Acurio en Cusco.

— Cuando habla de jueces precarios, no titulares, uno piensa en Richard Concepción Carhuancho y sus sentencias de impacto; es que se podría pensar en un intento de aplacarlo.
Entiendo que se pueda pensar eso, pero la sala penal no es él solito, son 32 jueces que aprovechándose del prestigio del Dr. Concepción Carhuancho quieren tener un candado para que nadie los mueva. Serán titulares y nadie los moverá cuando ganen un concurso. Mientras tanto son invitados [esgrime en la mano la lista de cada corte de origen de los 32, adonde podrían regresar]. En buena hora que Concepción Carhuancho sea conocido, yo le renuevo mi confianza, no tengo queja contra él.

— Se acaba de presentar a la sala de Concepción Carhuancho el cuadernillo de extradición de Toledo. ¿Él lo debe ver?
Hubo una apelación resuelta a favor de Concepción Carhuancho. Pero hay que interpretar, porque ya está vigente el sistema anticorrupción. Yo digo, no vayamos a dar armas a la defensa para objetar.

— ¿Entonces lo debe ver la nueva sala anticorrupción?
Sería lo coherente, pero no lo voy a decidir yo, pues estaría direccionando un tema delicado. Me alegro de que la fiscalía cumplió su promesa de presentarlo en diciembre. Espero que se acopien todas las pruebas, la declaración de Maiman y de Barata. Si es débil, la justicia norteamericana lo desecha.

— ¿Le preocupó el allanamiento de locales de FP, por el simbolismo democrático que tiene un partido?
Soy respetuoso de las decisiones de jueces y fiscales. No puedo interferir. Las decisiones de los jueces, aun cuando hipotéticamente sean incorrectas, tienen que cumplirse. Si no, sería la anarquía absoluta. Por eso hago un llamado a los señores de la sala penal para que dejen de lado esa actitud de rebeldía y confrontación. Porque no solo están en crisis los otros poderes, sino el Judicial, ¡no puede ser! Espero que vuelvan al orden. No puede haber rebelión en un poder del Estado.

— ¿Respalda al fiscal Pablo Sánchez frente a su denuncia constitucional?
No niego la potestad del Congreso de realizar denuncias constitucionales, así como la vacancia. Pero pienso que eso puede interpretarse como interferencia a la labor de órganos jurisdiccionales. Como ciudadano y presidente del PJ, hago un llamado a los poderes del Estado para que las cosas vuelvan a su nivel. Si todos los poderes del Estado entran en crisis, esto va a ser aprovechado por sectores violentistas.

— El Caso Pativilca [asesinatos del grupo Colina] contradice el derecho de gracia que ha dado PPK a Fujimori, según algunos juristas. ¿Es posible que la sala penal que lo ve ignore el derecho de gracia?
Dentro del cálculo de posibilidades está hasta la muerte al doblar la esquina. Ese caso es de lesa humanidad y lo ve la sala penal. Les corresponde a los jueces de esa sala decidir si respetan o no el derecho de gracia.

— Prefiere no darme su opinión.
Así como se discute si el indulto ha sido político o humanitario y si se han cumplido los requisitos o no; es una discusión de los políticos en la que no voy a entrar.

— Teóricamente, ¿el indulto podría ser revisado en una sala?
Así es, teóricamente, es posible casi todo. Yo dejo de ser presidente el próximo año y volveré a hacer sala, así que no adelantaré opinión.

— ¿Le preocupan las prisiones preventivas?
La regla es que el proceso penal se afronte en libertad, pero hay excepciones. Debo agregar que en Brasil se han dado muchas prisiones efectivas en el contexto de colaboración eficaz. Cuando se detiene a la persona, se la invita, para decirlo diplomáticamente, a que diga todo lo que sabe. Por ejemplo, a Gil Shavit le decretaron prisión efectiva y se le varió porque se sometió a colaboración eficaz.

— ¿Sus deseos para el 2018?
Avanzar en implementar el expediente digital y tener jueces titulares en la sala penal y el sistema anticorrupción.

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