El 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta de la República en asumir las riendas del país tras el golpe de Estado y el cierre del Congreso llevado a cabo por Pedro Castillo que derivó en su posterior vacancia. Luego de un año a cargo del Ejecutivo, el escaso respaldo ciudadano a la mandataria convierte su gestión en una de las más inestables de las últimas dos décadas.
Boluarte empezó su mandato con una menor aceptación en comparación con otros presidentes. En febrero, solo tenía el respaldo del 16% de peruanos, según Datum Internacional. Si bien esta situación se mantuvo en un nivel casi constante por varios meses, la aceptación cayó a 11% en noviembre, marcando el punto mínimo en lo que va de su gobierno. Asimismo, esta cifra es la más baja observada al término del primer año de los seis últimos presidentes, incluso por debajo del 16% obtenido por Alejandro Toledo a mediados del 2002 y menor en 9 puntos porcentuales que lo alcanzado por Pedro Castillo en julio del 2022 [ver gráfico].
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Por zonas y sectores económicos
A diferencia de su antecesor, Dina Boluarte concentró una mayor aceptación inicial en Lima Metropolitana y en los sectores socioeconómicos A y B, mientras que tuvo una marcada desaprobación en la zona sur (casi de 90%), así como en los sectores socioeconómicos C, D y E (al menos 3 de cada 4 encuestados). Sin embargo, la pérdida de respaldo en la capital y en los sectores altos observada en noviembre influyó aún más en la caída de la escasa aprobación registrada en meses anteriores. De febrero a noviembre, la aceptación a su gobierno bajó en 12 puntos porcentuales en Lima (de 25% a 13%), mientras que en el sector A/B lo hizo en 15 puntos porcentuales (de 25% a 14%).
Pese a esto, ambos grupos aún reportan el mayor nivel de aprobación en comparación con las demás macrorregiones o estratos socioeconómicos. En las regiones, la aprobación solo varía entre 8% y 11% [ver gráfico]
Para Urpi Torrado, CEO de Datum, la reducción de la popularidad (a nivel general, pero más en dichos grupos) está relacionada con la poca eficiencia y la falta de resultados concretos que el Gobierno ha podido mostrar en temas relevantes para la ciudadanía como la recuperación frente a la recesión económica y la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Cuando la hemos evaluado en distintas áreas como el manejo de la seguridad ciudadana y la economía, ella (Boluarte) siempre salía con una evolución incluso menor que su popularidad, entonces esta variable no se sostenía sobre una base sólida. En el último mes se pierde porque las medidas económicas y en seguridad que se han tomado no han dado resultados. Los viajes al exterior y denuncias a sus familiares han sido como el detonante para esta perdida de apoyo”, comenta.
La especialista añade que en la crisis política e institucional podría impactar aún más en el nivel de aprobación de la presidenta, que incluso podría bajar a un dígito.
“Sí podría caer más [la aprobación] ¿en cuánto? Esto dependerá de lo que pase estos días. Diciembre es un mes en que la gente suele ser más positiva, sin embargo, nada está elevando el ánimo de los peruanos, Difícilmente con lo que ha pasado en los últimos días va a recuperar la popularidad que tenía”, explica.
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Tema de fondo
Por su parte, Paulo Vilca, director del observatorio regional de 50+1, coincide en que el balance negativo a la gestión de Dina Boluarte se sustenta en la falta de iniciativas sostenibles en políticas públicas que hayan podido emprender desde el Ejecutivo. Resalta que el Gobierno tampoco ha mostrado autonomía frente a grupos de interés contrarios a reformas o a la implementación de políticas de calidad.
“A lo largo de los meses hemos visto que, más allá de haber contenido las protestas con todos los saldos en violaciones a derechos humanos que han señalado diferentes instituciones, es muy poco lo que ha podido hacer. Se ha caracterizado por una escasa iniciativa para plantear soluciones a problemas como la inseguridad ciudadana, el estado de emergencia, frente a eventual Fenómeno El niño o la reactivación económica. Por otro lado, es un gobierno sin autonomía frente a sectores opositores a las reformas o políticas públicas vinculadas a la educación superior [Sunedu], a la lucha contra las economías ilegales (minería ilegal), o a la lucha contra la corrupción”, opina.
Vilca resalta que en el último año también se ha observado un fuerte abandono y poca presencia del Estado en zonas del interior.
“Vemos a un Ejecutivo que gobierna menos en el territorio, está arrinconado un poco en la costa norte y en Lima, no tiene capacidad, ni tal vez el interés, de llegar a todo el territorio, puede ser una consecuencia del rechazo que existe. La presidenta mas allá de una presencia puntual en algunos sectores del sur se ha acentuado en la costa norte. Es un Ejecutivo que se repliega y deja de gobernar en varias partes del país, esto es un asunto crítico porque tiene que ver con la pérdida de legitimidad del Estado”, puntualiza.