Edgar Alarcón: ¿cuánto daño político le ocasionan las acusaciones en su contra?

Tras una intensa semana en defensa del informe sobre las presuntas deficiencias de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco), el nombre del contralor no deja de ser mencionado. Sin embargo, Edgar Alarcón sigue apareciendo en portadas a raíz de una denuncia, que ha motivado que el oficialismo le pida dar un paso al costado.

El último domingo, el programa dominical “Cuarto Poder” dio cuenta de las acusaciones formuladas por el auditor de la contraloría, Walter Grados Aliaga, contra el hoy titular de dicha institución. Alarcón habría participado -sin haberlo declarado- en la compra y venta de al menos nueve autos cuando era vicecontralor entre los años 2013 y 2015.

Del mismo modo, también se acusa responsabilidad suya en el sospechoso cese de la ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco, que abandonó la institución en el 2010 siendo liquidada, de manera presuntamente irregular, con S/127 mil y otros S/100 mil bajo concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo solamente ascendía a S/3.350.

La situación de Edgar Alarcón se agrava cuando Grados presenta un audio en los que se les oye a ambos conversar sobre la denuncia. “¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? [...] Piénsalo, Walter. No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo piénsalo, nada más te digo”, se escucha decir al contralor.

A pesar de que la Primera Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación de oficio contra Alarcón por un presunto pago irregular en la liquidación de Marcela Mejía, la arista relacionada a la credibilidad del titular del órgano de control del Estado no ha estado al margen de las críticas, como la esbozada por la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que apunta a que “sus actos lo deslucen de un contralor serio”.

Para el analista político Luis Nunes, el contralor general de la República no debería tardar en ponerse a disposición de todas las investigaciones pertinentes que se hagan por el caso. En ese sentido, afirma que los intentos por justificarse no contribuyen a fortalecer su defensa.

“Hay que hacer una investigación profunda en todas las instancias respectivas. Respecto a la compra y venta de autos, él se defiende aduciendo que en ese entonces era vicecontralor. Pero ya se vio que la norma sí lo afecta. Las reglas no tienen nombre propio. Él lo debería saber”, aduce.

Por su parte, el director de Vox Populi, Luis Benavente, afirma que los cuestionamientos y las respuestas dadas hasta el momento en torno al caso generan un panorama político grave para Edgar Alarcón y la institución que representa, pues es justamente la contraloría la que debe velar por la transparencia en la gestión pública.

“Este hecho los afecta muchísimo. Desde el punto de vista político, más allá de los términos administrativos y procedimentales, corresponde renunciar. Dar un paso al costado y someterse a las investigaciones serían gestos positivos. En cualquier país con una política competitiva pasaría ello”, destacó el también profesor de la Universidad de Lima.

Represalias y consecuencias

Las repercusiones causadas por el informe de la contraloría sobre el aeropuerto de Chinchero no pasan por alto para ambos analistas, por lo que concluyen en que el oficialismo debe pronunciarse en torno a la acusación de Edgar Alarcón por supuestas represalias tras la presentación de dichos documentos.

No obstante, también coinciden en que el rol que cumplirá Fuerza Popular en este asunto estará bajo el escrutinio de quienes realicen un seguimiento del caso.

“La política también es el arte de la suspicacia, es un elemento adicional. Las circunstancias son curiosas [porque estas denuncias se conocen tras la presentación del informe sobre Chinchero]. Ahora, dada la situación de enfrentamiento tan fuerte, parece que Fuerza Popular quisiera defender al contralor. Esto puede ser estimado como un error. Es un elemento más que agrava la inestabilidad política del país. Estamos entrando a una crisis de gobernabilidad”, advierte Benavente.

En otro momento, Luis Nunes apunta que estas acusaciones se dan en un momento particularmente sensible para la ciudadanía, pues los achaques generados por las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht ya han generado una corriente de opinión negativa contra varias instituciones del Estado.

“Para la opinión pública es otro golpe. Es una faceta más del Caso Odebrecht. Solo se cambia de nombres y apellidos. Este escándalo le hace un fuerte daño al intento de cambio que se esbozaba en la contraloría”, manifiesta.

Luis Benavente, finalmente, expresa que para quienes no manejan información política y no temen expresar desinterés por el acontecer noticioso, las denuncias contra Edgar Alarcón se añaden a un extenso listado de asuntos que producen que estas personas, en contextos electorales, expresen a través de sus votos todo el rechazo a quienes hacen política y a quienes la fiscalizan.

“Quienes no tienen mayor cultura política, acceso o interés en esta, entienden que hay algo sucio. Verán en los quioscos los titulares sobre el tema y lo único que ocurrirá es que reafirmarán su antipatía. ‘Esto es una cochinada, todo está podrido’. Esto se traduce en los procesos electorales en el voto de rechazo a la cultura política, precisamente cuando ellos optan por alternativas radicales”, concluye.

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