Edgar Alarcón: las dos investigaciones que el contralor enfrenta en la fiscalía

De fiscalizador a no solo fiscalizado, sino acusado de haber cometido delitos. La situación del contralor Edgar Alarcón es más que complicada, pues el Ministerio Público ha iniciado dos investigaciones preliminares en su contra.

El último viernes se conoció que la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo de la magistrada Yovana Mori García, abrió una investigación preliminar por presunto lavado de activos. Ello a raíz de la compra de más de 90 vehículos, entre autos y camionetas de las marcas BMW, Jeep y Audi, que hizo con sus hijos entre el 2002 y el 2015, período que incluye su labor como vicecontralor general de la República.

Hace unos días, el contralor Edgar Alarcón se defendió aduciendo, entre otras cosas, que no incluyó en sus declaraciones juradas el dinero de las operaciones de los vehículos ya que los consideraba montos “irrisorios”, y que la compra de autos era un “negocio” de importación que llevaba junto sus hijos.

─Negocios confusos─
Sin embargo, según una investigación realizada por El Comercio, se comprobó que en los Registros Públicos el nombre de Edgar Alarcón figura en la compra de 44 vehículos por cifras que superan los US$600.000.

También se pudo verificar, de acuerdo a información hallada en los Registros Públicos, que no era del todo un “negocio”, puesto que en la mayoría de las operaciones el vendedor siempre era el que perdía, en este caso, el contralor Edgar Alarcón.

Este Diario halló que en la compra y venta de vehículos había un saldo negativo de más de US$20 mil. Si se cuenta a partir de los 41 autos que el contralor adquiere en Lima desde el año 2002, Alarcón invierte un total de US$629.155. De los 37 que vendió, solo obtuvo US$606.500.

Por otro lado, El Comercio también encontró que los hijos del contralor Edgar Alarcón (Guillermo Alexander y Edgar Arnold) figuran en transacciones de otros 65 vehículos en Lima y Arequipa; y que algunas de las operaciones no eran del todo claras, puesto que algunos vehículos vendidos volvían a las manos de los Alarcón y a menor precio.

Vale apuntar que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República señala en su artículo 33 que el vicecontralor queda “prohibido de ejercer actividad lucrativa e intervenir, directa o indirectamente en la dirección y/o gestión de cualquier actividad pública o privada, excepto las de carácter docente”.

─La otra investigación─
A principios de esta semana, la Primera Fiscalía Anticorrupción ya había abierto una investigación de oficio en contra de Edgar Alarcón por supuestos pagos irregulares a una ex trabajadora de la Contraloría General de la República.

Marcela Emilia Mejía Franco recibía como sueldo S/3.350 laborando en el área de tesorería de la contraloría hasta el 2010, año en que fue cesada. Recibió una liquidación (presuntamente irregular) de S/127.000 y, además, S/100.000 por pagos de viáticos.

En su defensa, Alarcón que hubo un error en el cálculo hecho por la auditoría y negó irregularidades.

Cabe señalar que en su informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros (2016), Estados Unidos incluyó al Perú en su lista negra de lavado de dinero, junto a otros países como Brasil, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, entre otros.

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