Edgar Alarcón dejará la presidencia de la Comisión de Fiscalización. (Foto: GEC)
Edgar Alarcón dejará la presidencia de la Comisión de Fiscalización. (Foto: GEC)
Alicia Rojas Sánchez

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La bancada de (UPP) decidió retirar de la presidencia de la Comisión de Fiscalización al congresista , quien tiene dos denuncias en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las acusaciones del Ministerio Público son por presunto desbalance patrimonial y peculado cuando ejercía sus labores como contralor general.

Fuentes de El Comercio confirmaron esta decisión, que se tomó el miércoles y que fue aceptada por Alarcón. Por su parte, el congresista Posemoscrowte Chagua dijo que esta “es la voluntad de la bancada, que sea investigado, y deje la presidencia de la comisión. [...] sin embargo, aparentemente Alarcón ha comprendido que es parte de lo que debemos hacer como congresistas", dijo Chagua.

Agregó que no se “blindará” a nadie. Por su parte, el congresista Héctor Maquera, de la misma agrupación, asumirá la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

En diálogo con RPP Noticias dijo que ayer tuvieron la reunión como bancada en la que decidieron “frente a tanto hostigamiento respecto al proceso judicial en curso en contra de Edgar Alarcón, ha decidido dar un paso al costado”. En ese sentido, dijo que quien asumirá ahora esta titularidad será él.

Denuncias en curso

A fines de setiembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Luis Roel Alva (Acción Popular), aprobó declarar procedente las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Alarcón. La primera denuncia constitucional aprobada es por presunto enriquecimiento ilícito de Alarcón, quien cuenta con un desbalance patrimonial de S/201.337 por tener mayores egresos que ingresos entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando fue contralor general de la República.

La segunda denuncia constitucional es por el presunto delito de peculado. Como gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada, vicecontralor y contralor general “autorizó el pago de diversos servicios no prestados a la Contraloría General de la República, con cargo a los fondos de caja chica central de dicha institución, por el importe de S/32.417,39, así como a través de la emisión de comprobantes de pago por la suma de S/458.469,56”.

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