El vocero de Podemos Perú (PP), Daniel Urresti y al excontralor Edgar Alarcón de las filas de Unión por el Perú (UPP), serían designados por sus bancadas para presidir las comisiones de Defensa Nacional y Fiscalización, respectivamente. La decisión final -aunque es protocolar- la tienen los propios grupos de trabajo que, tras su instalación, deben elegir a su directiva.
El jueves, los voceros de las bancadas confirmaron la distribución de las comisiones y a Unión por el Perú le corresponde dirigir Fiscalización, mientras que a Podemos Defensa. tal como informó El Comercio, Alarcón presidiría Fiscalización, que tiene un sus manos las principales investigaciones a los poderes del Estado; y Urresti dirigiría Defensa y Orden Interno, y tendría acceso a información privilegiada de las Fuerzas Armadas.
Pero, ¿quiénes son estos dos congresistas? Tanto Urresti Elera como Alarcón Tejada mantienen cuentas pendientes ante la justicia. El primero es acusado del presunto delito de homicidio y el segundo, es investigado en el Ministerio Público por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
El contralor fiscalizado judicialmente
Edgar Alarcón Tejada desempeñó el cargo de Contralor General de la República entre el 9 de junio de 2016 hasta el 4 de julio de 2017. Tras ello, un sinfín de hechos se fueron conociendo luego que el Ministerio Público le abriera hasta siete investigaciones en su contra.
Entre las que más resaltan son las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, uso de dinero del Estado para beneficio personal y lavado de activos.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos tiene en sus manos la mayoría de investigaciones contra el ex contralor. En 2019 formalizó la investigación preparatoria contra Alarcón por presunto desbalance patrimonial ascendente a S/2’871,186.
El caso se vincula a la compra y venta de vehículos que realizó el actual congresista y sus familiares entre 2002 y 2016. Se presume que en total fueron 93 autos de marcas como Audi, BMW, Jeep, y otras.
Por ese caso también tiene una investigación por el presunto delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas para este tipo de casos.
En julio del 2017, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la destitución de Alarcón en el cargo de contralor, luego de concluirse que los cuestionamientos que pesaban sobre él lo descalifican para continuar al frente del órgano de control. Según el ahora parlamentario lo sacaron de la institución por enfrentar la corrupción.
En las fiscalías para casos de corrupción, Alarcón es investigado por los pagos y reembolsos en la liquidación de una extrabajadora de la Contraloría General de la República.
En noviembre del 2019, la Fiscalía de la Nación formalizó una denuncia constitucional contra Alarcón y varios excongresistas por el Caso Los Temerarios del Crimen.
En este proceso, se les acusa por presuntamente, haber usado sus influencias para ayudar al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para obtener beneficios económicos ilícitos.
También se la vincula con el cobro de coimas para la obtención de licencias municipales, actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, malversación de fondos, entre otros.
Sobre el ex contralor, la Fiscalía señala que habría recibido S/30.000 de parte de Cornejo para levantar el bloqueo temporal de las cuentas corrientes de la municipalidad.
El caso más reciente se registró nuevamente en la Fiscalía de la Nación donde se le investiga por presuntamente haber gastado cerca de S/9 mil de la caja chica de la Contraloría, cuando se desempeñaba como gerente central de operaciones, entre los años 2012 y 2013.
Las compras iban desde flores, medicamentos, gastos en supermercados, detergentes, chocolates, entre otros. “Dentro del despacho de contralor, como existe en la actualidad, hay una cocina donde normalmente se preparaban alimentos, ¿no?. Se compran temas para hacer un break, una atención. Pero habría que ver cuál es el monto, ¿no?, 12 soles, 15 soles”, exclamó en su momento a Punto Final.
El 28 de febrero, cuando su nombre ya era voceado para presidir Fiscalización, Edgar Alarcón dijo que las investigaciones en su contra no lo invalidaban para ejercer ese cargo.
"Me gustaría presidir la comisión de Fiscalización si me dan la oportunidad. De ninguna manera [las investigaciones en mi contra me impiden presidir una comisión]. La ley me faculta, si tuviera una sentencia sí estaría invalidado”, puntualizó.
El general ante el banquillo
El próximo 23 de abril, la Tercera Sala Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, que tramitan los procesos de la subespecialidad de Derechos Humanos en adición de funciones y en forma alternada, dará inicio al juicio oral contra Daniel Urresti Elera, acusado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, perpetrada en 1988 en Ayacucho.
El tribunal que procesará su caso está integrado por los jueces María Luisa Apaza Panuera, Juan Carlos Santillán Tuesta y Francisco Celis Mendoza Ayma.
Urresti es acusado como presunto coautor del delito contra la Vida, el Cuerpo y la. Salud – Asesinato con gran crueldad y por explosión. Por ello, la Fiscalía Penal Nacional ha solicitado que el General del Ejército (r) sea sentenciado a 25 años de cárcel y pague una reparación civil de S/.500 mil a favor de los deudos del periodista.
La acusación que fue presentada el año pasado, se sustenta en las declaraciones de los oficiales (EP) Amador Vidal Sanbento y Edgardo Montoya Contreras, quienes prestaron servicio junta a Urresti en la base contrasubversiva de Castropampa, Huanta.
Ambos han indicado haber tenido conocimiento que Urresti fue quien señaló a Bustíos como integrante de de la organización terrorista Sendero Luminoso y por ello habría ordenado su asesinato.
En junio del 2013, tras la denuncia de la Fiscalía, el Segundo Juzgado Penal de Huamanga abrió proceso penal contra Urresti Elera, que en su condición de jefe de la Unidad de inteligencia en la base de Castropampa, fue sindicado como el “Capitán Arturo”.
Durante el Gobierno del ex presidente Ollanta Humala, se desempeñó como ministro del Interior (2013-2014) y también fue candidato presidencial por el mismo grupo político en 2015.
El 5 de octubre del 2018 el Colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió a Urresti al considerar que no había fundamentos para acreditar la responsabilidad contra el militar en retiro.
Sin embargo, en abril del 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía al ahora congresista de la República, al encontrar deficiencias durante la investigación. En el mismo fallo, se ordenó que Urresti sea sometido a un nuevo juicio oral.
Ni bien fue elegido parlamentario, Urresti aseguró a RPP que no se esconderá tras su inmunidad y que su bancada votará en bloque ante un pedido del Poder Judicial sobre el caso Hugo Bustíos.
“Quiero ser el primer congresista que cumpla con su palabra y que no se esconda tras ninguna inmunidad o que el Congreso le demore el proceso. Voy a ser el primero, la bancada está de acuerdo en votar en bloque para que el Congreso dé la autorización para que yo sea juzgado. Necesito ese juicio de inmediato, no es justo estar 11 años con esta situación”, exclamó.
El vocero de Podemos Perú (PP) ya se le impuso una condena de un año de pena privativa de la libertad suspendida, al ser hallado responsable del delito de difamación agravada por el 17 Jugado Penal de Lima y ratificada en segunda instancia en abril del 2018 por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres.
Se disparan a los pies
Para el analista y especialista en Ciencia Política, Arturo Maldonado, las designaciones; sobre todo la de Edgar Alarcón, es una acción donde “el Congreso se está disparando a los pies”. Pues si bien, el ex contralor tiene trayectoria en el rubro de fiscalización y que lo ha logrado posicionar en la bancada; los cuestionamientos en su contra lo desacreditan.
Sobre Urresti, sostuvo que si bien es un personaje cuestionado y está siendo procesado, él tiene el argumento de haber sido el congresista más votado y podría tener un soporte para avalar o defender mínimamente esta designación
“En el caso de Alarcón, los cuestionamientos en su contra están relacionados con temas de fiscalización y cuando estuvo en la Contraloría. Hay una contradicción entre la trayectoria de este personaje que está llena de dudas por estas acusaciones (en su contra) y el puesto accedido en el Congreso. Puede que si hubiera sido designado a otro puesto igual hubiera sido cuestionado, pero que sea la Comisión de Fiscalización, hace de esto un tema más discutible”, dijo.
Lamentó que todo sea parte de “una serie de negociaciones” políticas al momento de barajar los diferentes grupos parlamentarios y advirtió que Unión Por el Perú pudo haber elegido a otro candidato distinto a Alarcón para este puesto.
Explicó que, una de las razones que pudo haber llevado a su designación, es que a la población “no le interesa lo que está pasando en el Congreso”.
“Hay que decirlo con todas sus palabras. Todo el mundo estaba esperando que le deleguen facultades (al ejecutivo) y ya el congreso entra en un etapa casi de receso. Este proceso, la cuarentena hace que todos los ojos estén puestos en el Ejecutivo y muy poca atención está siendo derivada al Legislativo”,
De otro lado, según el ex fiscal anticorrupción superior, Pedro Angulo, ambos congresistas aún gozan en este momento de la presunción de la inocencia y por ello han podido postular y; como consecuencia se preveía que ocuparan algún cargo en comisiones.
“El hecho de que las presidan se debe a la votación de sus pares, por lo que no podría objetarse. Yo diría más bien que aquí hay una tarea que le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial, que son los que deberían haber acelerado su trabajo”, anotó.
En el caso de Alarcón, recordó, las investigaciones ya llevan bastante tiempo en sede fiscal. A diferencia del caso Urresti quien fue absuelto, pero que deberá ser juzgado nuevamente.