Procuraduría: Sentenciados por Gasolinazo no han demostrado que los hechos no ocurrieron

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto la apelación referida al Caso Gasolinazo, que involucra a 10 ex militares sentenciados por el robo de combustible, entre ellos el congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso).

En la diligencia se expusieron los alegatos de la Procuraduría Anticorrupción, a cargo del procurador Javier Pacheco Palacios, quien solicitó al tribunal supremo que no se declare la nulidad de la condena de 5 años y 6 meses de prisión para Donayre y los otros sentenciados.

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En la sesión también se escuchó la sustentación de la apelación por parte de César Nakazaki, abogado de Edwin Donayre, quien aseguró que no existen indicios que prueben los delitos que se le imputan a su defendido y pidió su absolución.

Según precisó el procurador, el proceso se llevó con regularidad y la sentencia se encuentra “debidamente motivada y con arreglo a ley”. Asimismo, defendió el pago de la reparación civil asignada a los implicados y aseguró que durante los dos días de la audiencia de apelación, no se ha podido demostrar que los hechos no sucedieron.

“La sala señala que tanto en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales como en la Región Militar Sur se han suscitado hechos en los cuales, en lo que llevo de estos dos días, en ningún momento se ha desacreditado que esos hechos no hayan existido. Existen y hemos escuchado que sí hubo una asignación extraordinaria de combustible para ambas regiones militares y cada uno sostiene en principio: yo no fui, no tenía la competencia y finalmente no me apropié”, afirmó.

Precisó que existen documentos de la Contraloría General que datan del 2007, en donde se determina que entre abril y octubre del 2006 se “incrementó en forma desproporcional la asignación de combustible de Diesel 2 y gasolina 84 (octanos)”, generando un incremento del 889% del presupuesto.

Asimismo, el abogado del Estado detalló que entre enero y noviembre del 2006 se dispuso la asignación de combustible de manera extraordinaria “sin sustento teniendo en cuenta que se colocaron unidades que no estaban operativas, las cuales debían ser provistas con este combustible”.

Defensa de Edwin Donayre

Por su parte, el abogado del congresista Edwin Donayre, César Nakasaki, aseguró en la audiencia que no se han probado los delitos por los que se le acusa a su defendido.

Según explicó Nakasaki, no se ha podido probar el delito de peculado en agravio del Estado, con combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur. El robo se produjo entre enero y noviembre de 2006.

“La razón de la absolución es que existe insuficiencia de pruebas de cargo para demostrar que hubo un acto de apropiación de combustible [...] Van a ustedes a evidenciar que no hay prueba que establezca que una sola gota de combustible fue apropiada por mi patrocinado para sí o para otro”, indicó.

Además, el abogado refirió que la “prueba” de parte de la fiscalía para culpar a Edwin Donayre es que la dirección de las facturas para enviar el combustible son dos direcciones, una en Arequipa y otra en Lima (San Borja), en lugar de consignar las direcciones de los tres grifos a los que debía llegar el combustible.

“La fiscalía y la sala recoge que el gran indicio que demuestra [el robo], el gran indicio que demostraría que hay apropiación [de combustible] es la dirección de la factura. En vez de colocar a los grifos para destinar este combustible […] se consigna como dirección la avenida Boulevard s/n, Cerro Colorado, Arequipa y la otra es avenida Boulevard s/n, San Borja, Lima”, afirmó.

“Entonces, ¿qué dice [la fiscalía]? Como consignaste una dirección diferente al grifo, entonces te apropiaste del combustible, pero nunca se pregunta a la sala por qué esas direcciones. Esas direcciones son las direcciones de la orden de pago, que es en el Sinte (Servicio de Intendencia del Ejército)”, agregó.

La sala suprema presidida por César San Martín evaluará los argumentos expuestos este jueves y resolverá en un plazo de 30 días. Finalizada la audiencia, el congresista Donayre se retiró sin dar declaraciones a la prensa.