El ABC de Chaglla: ¿qué implica la devolución de los S/524 millones a Odebrecht?

Finalmente, se ha tomado una decisión crucial. La jueza María de los Ángeles Álvarez se ha pronunciado sobre la devolución a Odebrecht de los S/524 millones que el Ministerio de Justicia, a través de su unidad funcional, mantenía retenidos tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla. En su resolución, emitida el pasado 28 de octubre, Álvarez sostiene —en simple— que ella no tiene que pronunciarse sobre ninguna controversia porque los beneficios del acuerdo de colaboración ya habían quedado claros en su sentencia de homologación.

Esto significa —como confirmó el fiscal superior Rafael Vela a El Comercio— que los S/524 millones deberán ser devueltos a la constructora, porque la jueza no ve ninguna cláusula en el acuerdo ni en su sentencia que bloquee el desembolso. Esto pese a que desde julio la devolución se mantenía bloqueada debido a un acápite que ella misma añadió, y que decía que Odebrecht no debía tener “investigaciones o procesos penales en curso” antes de que la constructora recibiera el dinero. Tanto la fiscalía como la procuraduría, —resalta también la jueza— están de acuerdo con el reembolso.

Pero la cantidad de reflectores que han apuntado a Chaglla en los últimos meses se explica porque este no es un tema meramente financiero. Tampoco un tema que se agote en la hidroeléctrica misma. En cambio, podría entenderse como la punta del iceberg de un problema más bien político: que la situación financiera de Odebrecht está directamente ligada al proceso de colaboración que la constructora lleva en el país.

Por eso, es necesario entender exactamente cómo se origina la necesidad de devolverle dinero a Odebrecht y cómo puede impactar a la política peruana. Esta es una explicación detallada del caso y, sobre todo, de sus ramificaciones.

-La joya de la corona-

Chaglla era el activo líquido más importante de Odebrecht en el Perú. Según cifras de la procuraduría a las que accedió El Comercio, si hoy la constructora lograra vender sus otros activos rápidamente traspasables, como Olmos (US$28,9 millones), Iirsa Norte (US$44,6 millones), Iirsa Sur (US$31,8 millones) o Rutas de Lima (US$127 millones), obtendría un beneficio bastante menor a los US$1.200 millones que pagó el consorcio liderado por la china Three Gorges a cambio de la hidroeléctrica.

Otros proyectos, como Chavimochic III y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) están inconclusos, paralizados y a la espera de un arbitraje que defina su futuro. Por ejemplo, en el caso del GSP, el monto que Odebrecht podría reclamar todavía no está definido, y oscilaría entre los US$550 millones y los US$1.000 millones, según distintos cálculos. En el caso de Chavimochic, la empresa inició un arbitraje el año pasado, pero a la par hay negociaciones para que la obra se reinicie. Ninguno de los dos proyectos, en todo caso, produciría dinero rápido. Es decir, ninguno es líquido.

Esto significa que la venta de Chaglla era —por lejos— la que más oxígeno financiero podía proporcionar a la constructora en el corto plazo. De los US$1.200 millones pagados por el consorcio chino, sin embargo, queda hoy bastante menos. La mitad de ese monto aterrizó directamente en los bancos que habían financiado la hidroeléctrica y, de los US$618 millones restantes, nuevamente la mitad fue para pagar otras deudas garantizadas de Odebrecht en el proyecto. Los US$319 millones que quedaron —o S/1.052 millones al cambio— fueron retenidos por el Estado.

Entonces le tocó al Estado cobrar. Del monto retenido, la Sunat se cobró la parte exigible de los impuestos que debía la empresa hasta ese momento: S/435 millones. El Estado, además, cobró S/12,5 millones que quedaban por pagar de la reparación civil de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, y estaban pendientes de cobro otros S/80 millones de la primera cuota de la reparación civil del acuerdo de colaboración.

¿El saldo después de todos esos descuentos? La ya famosa cifra de S/524 millones. Al cambio, eso equivale a alrededor de US$156 millones: un monto que —después de haber eliminado varias deudas— todavía es mayor a lo que Odebrecht podría conseguir si vente el resto de sus proyectos rápidamente traspasables.

-De la ley al acuerdo-

El problema en torno a los S/524 millones de Chaglla estaba entre dos textos legales: la Ley 30737 y el acuerdo de colaboración que Odebrecht firmó con las autoridades peruanas en febrero de este año.

La ley 30737, promulgada en el 2018, tiene un nombre que explica su naturaleza: “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos”. Su objetivo fue poner candados para asegurar que las empresas vinculadas al caso Lava Jato resarcieran al Estado.

Esta ley estipulaba, por ejemplo, que si una empresa pretendía vender cualquiera de sus activos, 50% del dinero sería retenido en un fideicomiso administrado por una unidad funcional del Ministerio de Justicia. Eso ocurrió con la venta de Chaglla: luego de cancelar a los acreedores garantizados, el saldo no fue a la empresa sino al fideicomiso. El detalle es que, para cuando la venta de Chaglla se concretó, el 26 de abril, otro documento, el acuerdo de colaboración, ya había sido firmado.

Este convenio tiene una naturaleza distinta: le pone a la empresa condiciones menos estrictas para incentivarla a delatar a sus socios en la corrupción. Por ejemplo, ordena que se retenga —en un nuevo fideicomiso— solo el 25% del dinero que la empresa obtenga por la venta de sus activos. Con este argumento es que Odebrecht reclamaba la devolución de los S/524 millones: era un monto que ya no tenía que ser retenido bajo los nuevos términos del acuerdo.

Formalmente, la devolución supondrá para la constructora la “inaplicación” de la Ley 30737. Es decir, que Odebrecht recién ahora pasará de estar bajo los efectos de la ley a estar bajo los del acuerdo.

El problema, sin embargo, apareció en este punto. Para que entre en vigencia, todo acuerdo de colaboración debe pasar por un control judicial. Esta ‘homologación’, que estuvo a cargo de María de los Ángeles Álvarez, fue realizada en junio. Y en la página 226 de su sentencia, la jueza introdujo una cláusula que mantuvo frenado el desembolso del dinero desde entonces.

Para que se inaplicara la Ley 30737 (lo que significaba la devolución de los S/524 millones) —escribió Álvarez—, Odebrecht no debía tener otra “investigación o proceso penal en curso” que no sea sobre los cuatro proyectos incluidos en el acuerdo de colaboración. Estos son la Costa Verde Tramo Callao, la Vía de Evitamiento del Cusco, Iirsa Sur y la Línea 1 del Metro de Lima.

-La clave financiera-

Que Chaglla sea el activo que más “oxígeno financiero” le podía dar a Odebrecht en el Perú —como dijo el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, hace un mes— importa porque la empresa está al borde de la quiebra. Así lo ha podido comprobar este Diario revisando las cifras recopiladas por la procuraduría en diciembre del 2018. “La empresa está herida de muerte”, dijo Dagoberto Díaz, profesor de finanzas de la Universidad del Pacífico, para ilustrar la situación. Su muerte significaría el fin del proceso de colaboración que mantiene con las autoridades peruanas.

Según la información financiera, Odebrecht tiene una deuda en el Perú que bordea los US$1.000 millones y una caja libre —que indica la capacidad de pagar esta deuda— de apenas US$7 millones. Si lograra vender todos sus activos líquidos, descontando a Chaglla, obtendría apenas US$279 millones adicionales. Una brecha de, por lo menos, US$700 millones quedaría pendiente.

Una de las razones por las que, con esos números, Odebrecht todavía no está en un proceso concursal en el Perú (es decir, intervenida por sus acreedores) es que ha concentrado sus limitados recursos en atender la deuda con los que fueron sus proveedores nacionales. Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht en el Perú, advirtió en julio que si los pagos no continuaban, evaluarían llevar a la empresa a Indecopi. Para que los pagos continuaran, la empresa esperaba el reembolso de Chaglla.

Pero el local no es el único frente a tomar en cuenta. La mayoría de los grandes acreedores de la deuda en el Perú (como La Positiva, Pacífico, el BCP o Cofide) participan en el proceso global de reestructuración —formalmente conocido como “recuperación judicial”— que el holding matriz Odebrecht S.A. tiene en Brasil. Allí, la deuda total asciende a US$24.300 millones, y el objetivo de la empresa es que el dinero de Chaglla sirva también para sumar a esa bolsa general de renegociación.

El 4 de octubre pasado, sin embargo, el banco estatal brasileño Caixa Económica Federal pidió a la justicia de su país que decrete la liquidación de Odebrecht. Aunque es poco probable que esta solicitud sea aceptada, es una muestra de lo difícil que la tendrá la constructora para evitar un colapso general. De hecho, expertos citados por O Globo indicaron que el pedido de la Caixa sería una medida de presión para que Odebrecht presente un nuevo plan de reestructuración de la deuda. El que ha presentado no ha contentado a sus acreedores.

-La plata o la información-

Los problemas financieros de Odebrecht ya afectan directamente el proceso de entrega de información a las autoridades peruanas. De hecho, la razón por la que los S/80 millones de la primera cuota de la reparación civil estaban pendientes de cobro es que la Ley 30737 todavía no había sido inaplicada. Con el fallo de la jueza Álvarez, recién se podrá proceder con el cobro de la cuota. Este se realizará antes de la devolución y se le restaría a los S/524 millones.

Pero hay dos razones concretas por las que las que el proceso ya se ha visto afectado. La primera es formal: la empresa necesitaba dinero para pagar la búsqueda de información en sus servidores. Tres fuentes vinculadas al proceso de colaboración confirmaron a este Diario que desde hace nueve meses Odebrecht no le paga a la consultora autorizada por la justicia brasileña para buscar en sus servidores los nombres, montos y demás datos que sustentan las delaciones de sus exejecutivos.

Por eso, a su salida del último interrogatorio en Curitiba, el procurador Ramírez informó que la diligencia había tenido que suspenderse debido a “problemas logísticos de la empresa por falta de liquidez”. En términos judiciales, las declaraciones de personas como Jorge Barata tienen valor en tanto están respaldadas por ingresos en My Web Day, u otra información similar.

Pero también hay una razón informal: la naturaleza de un acuerdo de colaboración implica ofrecer incentivos para obtener delaciones. Sin un horizonte de supervivencia financiera, la empresa —aseguraron fuentes de la procuraduría— no tendría mayores incentivos para seguir brindando información.

Pero en el lado opuesto al de la información, está el dinero. En este caso, el que Odebrecht debe pagar al Estado peruano como reparación civil por sus actos de corrupción. El monto total asciende a S/610 millones y deberá ser cancelado en 15 años, según el acuerdo. No obstante, para una empresa cuya supervivencia financiera pende de un hilo, cumplir con esta obligación parece improbable. Y si la solución es que pague la reparación con los ingresos provenientes de nuevas obras, el golpe que ha recibido su reputación en los últimos años hace de esta una posibilidad aún más lejana.

“Cualquier proyecto, público o privado, que sería la solución para generar liquidez y seguir avanzando, quedaría en duda. Estaría súper vigilado”, explicó Díaz. Más de dos años después de que estallara el escándalo Lava Jato, Odebrecht no desarrolla ninguna obra nueva en el Perú.

El 10 de julio pasado, además, el Tribunal de Contrataciones ratificó una resolución que impide que contrate con el Estado por más de tres años. Por todo esto, uno de los argumentos de quienes se oponían a la devolución de los S/524 millones era que este dinero debería quedar como “un fondo que garantice pagos futuros”.

También está, sin embargo, un argumento más financiero: ni el dinero de Chaglla sería suficiente para que Odebrecht siga viva. Con una brecha de deuda de US$700 millones —por más que esté en renegociación—, los US$156 millones de la hidroeléctrica no actuarían más que como un respirador artificial cuyo oxígeno tendría que ser renovado a la brevedad posible. Y el siguiente balón, por su tamaño, tendería a ser el arbitraje del GSP.

Sin esa nueva inyección de oxígeno, el análisis de los números indica que en algunos meses los “problemas logísticos” de la colaboración volverían. Y en un escenario de eventual liquidación —sea a nivel global o nacional—, el Estado ya no tendría los S/524 millones retenidos para cobrarse la reparación civil, sino que tendría que entrar a buscarlos a la cola de la lista de acreedores.

-Eligieron posición-

Tomando en cuenta todos estos factores, el cálculo pendiente es fino. Implica responder preguntas como qué se debe privilegiar, hasta qué punto es factible apuntar a obtener tanto la reparación civil como las delaciones, cuánto tiempo más se necesita asegurar la supervivencia financiera de Odebrecht, qué otros incentivos tiene para colaborar, o cuán imprescindible es la presencia de sus exejecutivos en los juicios orales.

Distintos actores tomaron posición sobre ello en los últimos meses. El equipo especial de fiscales del caso Lava Jato estuvo desde el principio a favor de la devolución de Chaglla. A finales de julio, envió un informe al MinJus en el que interpretaba la palabra “investigación” de la cláusula introducida por la jueza Álvarez como una preparatoria y no preliminar. Esto se traducía en que Odebrecht no tenía investigaciones fuera del acuerdo en las que no estuviera ya brindando información, lo que allanaba el camino para el desembolso.

En tanto, el procurador ad hoc Ramírez inicialmente envío una opinión más neutral y distante al ministerio. Su postura fue que, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se pueden hacer interpretaciones de las sentencias judiciales.

Sin embargo, luego Ramírez expresó a la prensa una opinión más explícita a favor de la devolución. Esta postura —comunicó la procuraduría luego— había sido además enviada a la jueza, quien destaca en su última resolución el alineamiento de las partes como motivo adicional para optar por el reembolso.

“Acá estamos prefiriendo un bien mayor, que es conocer la verdad [...] Estos beneficios se dan con la idea de no quebrar a la empresa, sino que pueda seguir reportando las pruebas y colaborando con la justicia peruana”, declaró Ramírez desde Curitiba hace un mes.

En agosto, el procurador anticorrupción Amado Enco había presentado contra él una denuncia —cuestionada en su momento por abogados penalistas— por presuntamente haber “pactado irregularmente” el pago de los S/524 millones de Chaglla.

En contra de la devolución, en cambio, se habían pronunciado tanto la oposición parlamentaria como el Ejecutivo. Incluso con el Congreso ya disuelto, Rosa Bartra declaró a la prensa luego de que se suspendiera el interrogatorio en Curitiba (en el que se iba a dar información sobre el codinome ‘Campaña Legislativa’): “El gobierno le está pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada, direccionada solo para perseguir políticos”.

En tanto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, declaró hace tres meses que “las investigaciones preliminares ya son investigaciones”. “¿A qué se refiere [la jueza] cuando dice ‘investigaciones’? En mi criterio personal es que a las investigaciones preliminares”, agregó. Como Odebrecht sí tiene otras investigaciones en etapa preliminar, esta declaración implicaba estar en contra de la devolución del dinero.

Pero la declaración más controversial fue la del presidente. En agosto, Martín Vizcarra declaró que el saldo de Chaglla debía quedar como “un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”. Esto luego de que se hicieran públicos sobornos de Odebrecht en proyectos que no están incluidos en el acuerdo de colaboración. “Creo que [por] este daño tan grande, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar una multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque se lo entregamos”, aseguró el presidente.

El exministro de Justicia y ahora premier, Vicente Zeballos, también expresó una opinión en esa línea y la cual ratificó en entrevista con este Diario.

No obstante, el presidente Martín Vizcarra, Zeballos, Lecaros, Ramírez y el coordinador del equipo de fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela, habían dejado claro que la decisión final sobre cómo deben interpretarse las palabras de la jueza Álvarez era enteramente suya.

En entrevista con este Diario hace tres días, la nueva ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, dijo que el Ejecutivo respetaría lo que sea que decida la jueza y que el procurador Ramírez era el que tenía mayor conocimiento sobre el tema.

Finalmente, la jueza ha fallado y el dinero será devuelto. Odebrecht tendrá un oxígeno financiero momentáneo y, al menos por ahora, podrá pagarle a la consultora que busca información en sus servidores y no podrá alegar problemas logísticos para colaborar con la justicia.