La expulsión de Sada. Crónica de Fernando Vivas sobre una proscrita en el mundo empresarial.

Goray había buscado a gente de construcción civil, como un ‘target’ de sus proyectos de vivienda social. Igual pudo hacerlo -quizá lo hizo- con otros gremios o colegios profesionales, pero con los trabajadores del rubro constructor había intereses adicionales. La FTCCP (Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú) es un actor político dentro del mismo sector en el que ella estaba escalando; y ser amiga de la ahora muy formal federación –en su cálculo- podría ayudarla en sus proyectos con el Estado, además de protegerla de los grupos turbios y oscuros que cobran cupos en el sector.

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Sada, según diversos relatos que he recabado, no era de las ambiciosas frías sino de las angurrientas. La primera clase es la más calculadora y por eso construye redes informales más estables, manteniendo discreción y perfil bajo como reglas de supervivencia; la segunda es la clase que no se mide, que comparte sus pretensiones, que se desborda y pierde sentido de la realidad. Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), una instancia creado por los más importantes gremios empresariales del país, me contó cómo la conoció: “La ví dos veces, en enero”. ¿Después del escándalo?, pregunto. “Sí, la visité en Estados Unidos. Un amigo común me pidió hablar con ella. Yo le aconsejé la reinvención, asumir lo que una ha hecho y reinventarse. Pero no encontré esa disposición. Seguía con esto de la extorsión. Existe, y no hay que ocultarlo, capacidad extorsiva en el Estado; pero no parecía ser el caso. Más bien, lo que he visto luego es una maquinaria que quería copar el Estado”.

Eduardo me ha contado esta historia por la transparencia a la que lo obliga su función en el CPA. “Incluso me pidió que la ayude en una campaña, pero no acepté de ningún modo. Y aclaro que viajé por mi propia cuenta”. En realidad, llamé a Herrera para pedirle una reflexión sobre el caso, pero quiso empezar con ese testimonio personal. Sobre el lío en sí, me contó: “Cuando apareció el caso, consultamos con ASEI [Asociación de Empresas Inmobiliarias] y ADI [Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios], los dos gremios del rubro. Marka Group había estado en ASEI, pero ellos la sacaron. Entonces, no es asociada nuestra y no hemos tocado el tema con nuestros afiliados, pero sin duda lo haremos”.

Le pregunto a Eduardo para qué sirvió la lección del Lava Jato y la tendencia de las grandes empresas a establecer protocolos y contratar expertos en ‘compliance’ (cumplimiento ético y normativo). “Me temo que el ‘compliance’ es como un ‘check list’ en el que te apuntas, sin mucho impacto. Si las cosas están mal, hay que limpiarlas sin refugiarse en la hiperlegalización, aún a costa de que te amenacen con demandas”. Por cierto, Sada Goray y su defensa legal, están acostumbrados con amenazar a quien les cante sus incoherencias. Incluso, el viernes 15, con todo lo que sabemos sobre ella y contra ella, publicó un comunicado en La República, donde insiste con su narrativa de la víctima de extorsión –ahora la llama ‘coacción’- y persiste en amenazar a la prensa que le seguimos los pasos.

Herrera me había contado que ASEI sacó a Marka Group. En realidad, la empresa renunció, pero la directiva del gremio provocó esa renuncia. Alfredo Lozada, abogado y miembro del staff directivo de ASEI, me contó y documentó la historia: “Ella [Goray] pidió afiliarse más o menos en junio del 2022. Le dijimos que empiece el trámite y la afiliación estuvo lista como en agosto. Pero en setiembre ya apareció el primer reportaje en Cuarto Poder, y le pedimos descargos. No respondieron, no les gustó, y renunciaron”.

En realidad, la carta del gremio pidiendo los descargos parece la interpelación a un ministro con preguntas insidiosas que a Goray la habrán hecho trinar. La empresa nunca dio esos descargos por escrito, sino que pidió un encuentro presencial para hacerlo. ASEI mantuvo sus protocolos y Marka Group, posando de ofendida, renunció al gremio en el que solo estuvo pocas semanas. No deja de sorprender, que en pleno 2022, cuando su relación con la mafia estatal continuaba viento en popa (según las investigaciones periodísticas y los trascendidos de la fiscalía, ya controlaba el Fondo Mivivienda, la Superintendencia de Bienes Estatales, el Sencico y su ex pareja Luis Mesones era viceministro en el Ministerio de la Producción), se afilió un gremio. Quizá buscaba cooptarlo para su esquema del control total. No le dieron la oportunidad de hacerlo.

Si Sada tuvo un club o algo parecido de empresarios con los que compartió su poder en el Estado, es algo que continúa en investigación. “Hildebrandt en sus 13″ (”El diario de Marka Group” del 9/6/23), señala a los empresarios Fernando Pazos y Gonzalo Bedoya, como empresarios que se habrían ligado a ella a sabiendas de su influjo mal habido. Ambos son socios activos del Lima Marina Club, lo que, habría servido para animar a otros socios. Esto da pie para jugar con las acepciones de la palabra club, pero, repito, es una línea para investigar.

Quien no fue socio de Sada pero hizo un negocio del que ahora se arrepiente fue el Grupo Centenario, una de las más importantes empresas inmobiliarias, controlada por el Grupo Romero y con participación de otros socios importantes, como el Grupo Breca. El presidente de directorio es nada menos que Dionisio Romero Paoletti y el vicepresidente es Juan Carlos Verme, otro importante empresario que es el segundo accionista del grupo. Como les conté la semana pasada, Centenario compró a Goray y otras tres personas, entre el 2019 y junio del 2021, un terreno de 90 hectáreas, a sabiendas de que tenía una superposición con un terreno estatal. Cuando “Cuarto Poder”, el 23 de octubre, contó que Sada habría saneado el terreno con su influjo corrupto ante la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales), controlada por el ministro Geiner Alvarado y su asesor Salatiel Marrufo; aplicaron la cláusula anticorrupción de su contrato de compraventa, y lo resolvieron. Actualmente, está por empezar un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, entre Centenario y Goray; pues esta puso resistencia ante la decisión de su comprador.

En un comunicado a la opinión pública, Centenario afirma haber sido sorprendido por Goray. Ello significa que no tenía razones para pensar que incurriría en conductas ilícitas para lograr sanear el terreno comprado, y que tomaron ciertas precauciones para saber con quién se estaban metiendo. Sin embargo un hecho que llama mucho la atención es que el gerente general del grupo, su CEO Gonzalo Sarmiento Giove, fue desvinculado de la empresa el 6 de diciembre del 2022, en pleno escándalo. En una carta a la Bolsa de Valores, a la que se tienen que comunicar estos hechos de importancia, se dice que Sarmiento se desvincula y trabajará hasta marzo del 2023. ¿Si fueron sorprendidos, acaso la salida de su CEO no lleva a pensar que tuvo responsabilidad en algo que se hizo mal o que no se hizo?

He hecho esta y otras preguntas a Centenario, pero solo esta me ha sido contestada formalmente: “La salida de Gonzalo Sarmiento Giove del cargo de CEO fue efectivamente acordada entre él y el directorio antes del inicio de la investigación. No estuvo vinculada al caso que es materia de arbitraje”. A esta respuesta, añadieron otra: “La evaluación de EY [firma consultora] encargada una vez conocidos los hechos, concluye que Centenario ha adoptado absolutamente todos los mecanismos de compliance requeridos por ley. No obstante se están viendo maneras adicionales de reforzarlos”.

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Si la desvinculación de Sarmiento no estuvo vinculada al escándalo, ¡vaya que decidirla en medio de él fue inoportuno! La reserva a la que Centenario dice estar obligada por el arbitraje, no debiera ser obstáculo para dar mayor información sobre un caso que ha cobrado gran interés público. Pedí a la Confiep, como gremio empresarial cúpula (pues afilia a otros gremios), una reflexión sobre el Caso Sada Goray y me dieron este pronunciamiento: “Repudiamos y deslindamos con la corrupción. Somos muy enfáticos en ello. Hay que ser transparentes cuando nos ven y cuando no nos ven” (ver la declaración completa).

¿Goray también amenazará con acciones legales a la Confiep como lo hace con toda la prensa? Tras tantas revelaciones, incluyendo la así llamada confesión sincera de Mauricio Fernandini, está comprobado que fue ella quien bregó por contactar a funcionarios del Estado. Luego, se decidió a pagar, según relatos de colaboradores eficaces y testigos, no solo para que resuelvan trámites a su favor sino para colocar a gente de su confianza en puestos claves. Quería, como lo muestro al inicio de esta crónica, un control total del negocio. Ahora quiere controlar la verdad, pero eso es imposible.