El Congreso y los gastos de instalación: el monto, las posturas y polémicas alrededor del cobro

Una vez entre en funciones el Congreso de la República, sus 130 integrantes recibirán un salario mensual de S/15.600, lo que implica que al año —agregando las gratificaciones de julio y diciembre— cada uno percibirá S/218.400. Sin embargo, entre otros montos que se les entrega está el referido a los gastos de instalación.

¿De qué se trata? El artículo 22, inciso j, de Reglamento del Congreso indica que los parlamentarios tienen derecho “a recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”.

Por ejemplo, en el 2016, la Mesa Directiva del Congreso acordó en su primera sesión “autorizar a la Dirección General de Administración para realizar las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para abonar a los congresistas proclamados para el período 2016-2021 los gastos de instalación equivalente a una remuneración mensual”.

El acuerdo se basó en la citada norma. Y así también se hizo en anteriores períodos legislativos. Por tanto, uno de las primeras decisiones que deberá tomar la Mesa Directiva del próximo Parlamento girará en torno a los gastos de instalación, correspondientes a la entrega de S/15.600 a los nuevos legisladores por única vez al inicio del mandato congresal.

¿A qué se destinan los montos? La expresidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, comentó a El Comercio que son los parlamentarios del interior del país quienes requieren más del dinero, el cual invierten en su traslado a Lima y su instalación en alguna vivienda.

“La mayoría gasta en las movilidades, tienen que alquilar locales, departamentos para poder instalarse y cumplir sus faenas diarias […] Van a hacer un alquiler seguramente rápido y van a tener compromisos, visitas, inspecciones para las cuales tienen que prepararse. Eso forma parte del presupuesto del Congreso”, indicó Cabanillas y precisó que como los gastos de instalación están ya aprobados en el reglamento lo que hace la Mesa Directiva es autorizar la ejecución del pago, como un trámite administrativo.

Polémica

En anteriores períodos parlamentarios, hubo distintos hechos polémicos alrededor del cobro de los gastos de instalación. La pertinencia de la asignación económica para los legisladores por Lima y Callao, y los que resultaron electos, estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de algunos casos.

Por ejemplo, en el 2011, Martín Belaunde, miembro de la entonces bancada de Solidaridad Nacional y representante de Lima, no solo hizo efectivo el cobro, sino que además afirmó que iba a destinar parte del monto a la reparación de su automóvil. “No he hecho ninguna gestión para obtenerlo. Ha sido un pago legal que yo estoy destinando para mis funciones parlamentarias, entre otras cosas para el mantenimiento mayor de mi automóvil que está despedazándose”, indicó el por entonces también presidente de la Comisión de Fiscalización. Un día después, ante las críticas en su contra, anunció su renuncia a dicho derecho.

En el 2016, Karla Schaefer hizo el cobro pese a que fue reelecta con Fuerza Popular como representante de Piura. “Ya me había comprometido para construir dos aulas en Piura, no en zonas urbanas, sino rurales”, explicó a este Diario a través de un asesor. Por su parte, el hoy encarcelado Edwin Donayre, natural de Ayacucho pero representante de Lima, confirmó que hizo el cobro pero acotó que utilizó el dinero “en acto de solidaridad” con su pueblo.

El primero indicó por entonces a este Diario que destinó el dinero para un “apoyo social”. “Podría pagar mi departamento, pero preferí utilizarlo para ayudar”, afirmó. “¿Es ilegal?”, respondió al respecto Del Castillo.

¿Qué pasó antes?

En el caso del Congreso disuelto, en marzo del 2017, un informe de la Dirección General de Administración dio cuenta de que 16 legisladores no cobraron sus respectivos S/15.600.

En el documento se informó que si bien la mayoría cobró —entre ellos legisladores residentes en Lima, Callao y congresistas reelectos—, hubo otros que renunciaron al beneficio. Entre quienes no hicieron el cobro estuvieron algunos parlamentarios representantes de Lima de las otroras bancadas de Peruanos por el Kambio, Apra, Frente Amplio y Acción Popular.

¿Qué postura tomarán las nuevas bancadas?

En el caso de los 11 representantes de Somos Perú, los 2 correspondientes a Lima no cobrarán los gastos de instalación.

Uno de ellos es el vocero Rennan Espinoza, quien manifestó a El Comercio que ello es un acuerdo interno. “Vamos a proponer que eso se oficialice para que no sea solo voluntad, sino esté como acuerdo de la Mesa, para que en adelante ningún congresista de Lima cobre. Incluso que ningún congresista de regiones con residencia en Lima lo haga”, propuso.

En Acción Popular, de los 22, 5 fueron electos por Lima. Internamente se ha conversado del tema determinando que estos últimos no realicen el cobro.

“Considero que los congresistas electos por Lima y Callao no los debemos recibir, mientras que los congresistas elegidos de provincia si lo deberían hacer, pero siempre dentro de los criterios de razonabilidad y estricta necesidad”, explicó el virtual legislador Luis Roel.

Desde el Frente Amplio, el vocero Lenin Checco indicó que su bancada ha dejado la decisión a la voluntad de los 9 representantes, 3 de los cuales son de Lima.

“Los que están en la ciudad de Lima no necesitan estos gastos, pero seguro lo van a cobrar para donarlos en forma pública y transparente. Otros no lo van a cobrar. En el caso de provincias, también es en forma voluntaria, a muchos de ellos irrogan gastos poder trasladarse desde sus regiones a la capital. Cada congresista del Frente Amplio va a tomar la determinación en forma individual”, aseveró.

En Alianza para el Progreso (APP), el vocero Jorge Meléndez indicó que la bancada no ha conversado del tema y señaló que recién lo abordará después de la entrega de credenciales, programada para este 28 de febrero. “De manera personal, yo renunciaría a esos gastos de instalación. Este es un Congreso de un año y un par de meses”, afirmó.

Por su parte, José Vega es el único representante de Unión por el Perú (UPP) en Lima; los otros 12 son de distintas regiones. Refirió que internamente no hay una decisión, pero precisó: “Yo, particularmente, no tengo interés por el cobro”.

El caso del Partido Morado es particular. Tiene a 9 representantes y 6 de ellos son de Lima. Pero además, entre estos últimos están Gino Costa y Alberto de Belaunde, quienes fueron parte del Congreso disuelto.

Francisco Sagasti, vocero de la agrupación, dio cuenta de un acuerdo interno: “Hemos planteado en el partido que los congresistas que vivimos en Lima Metropolitana vamos a renunciar al bono de instalación. Otro caso es el de congresistas que viven al interior del país, es una situación diferente”.

En cuanto a Fuerza Popular, su vocero alterno Gilmer Trujillo, quien también fue parte del Parlamento disuelto, señaló que no se ha conversado del tema.

Este Diario también intentó contactar a representantes de Podemos Perú y Frepap, pero no fue posible.

TE PUEDE INTERESAR

► Alan García: ¿Puede el chat entre Roxanne Cheesman y Jorge Barata ser un arma de doble filo?

► Yehude Simon, de promesa regional a ser detenido por el caso Odebrecht | Perfil

► Somos Perú elige a Guillermo Aliaga como candidato para la Mesa Directiva