El gobierno sin Congreso: la compleja historia detrás de tres decretos de urgencia

En cinco meses y medio de interregno parlamentario, el equipo de Martín Vizcarra ha emitido 70 DU, dos de los cuales disponen medidas “urgentes y excepcionales” para combatir el virus originado en Wuhan, China. Pero, más allá de esta crisis circunstancial, hay un grupo de dispositivos legales en los que el Ejecutivo ha plasmado sus prioridades.

Varios han sido criticados por su contenido o por su pertinencia sin contrapeso parlamentario. Pero todos tienen una historia detrás, un cómo y un porqué. Esta es la crónica política de tres de ellos: el que reorganiza el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el que busca estimular los proyectos priorizados del Plan de Infraestructura y el que le devuelve a los transportistas parte importante del impuesto al diésel.

La mar brava

La relación entre el Ministerio de la Producción (Produce) y los gremios pesqueros todavía está movida. Es una novela que se remonta al 12 de noviembre del 2019. Ese día, el Produce abrió la segunda temporada de pesca con una cuota máxima de captura de anchoveta de 2,8 millones de toneladas métricas. Fue una cifra histórica: la más alta registrada para una segunda temporada, por lo menos, desde el 2006.

Pero el entusiasmo duró poco. En la segunda semana de diciembre, la tasa de desembarque de anchoveta había caído al 20%, según cifras de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). El 13 de diciembre, las pesqueras TASA, Diamante y Exalmar suspendieron sus actividades. El 19, el Produce ordenó una suspensión general. La razón: había demasiados juveniles.

Como primer productor mundial de harina de pescado, la captura de anchoveta es una de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, el sector opera en medio de una búsqueda constante de equilibrio para asegurar su sostenibilidad. Si la anchoveta se pesca muy ‘joven’ (de ahí el término ‘juveniles’), no tiene tiempo para reproducirse. Y eso significa menos pescado para la siguiente temporada.

Por eso el Produce impone límites a las pesqueras. La idea es que dichas cuotas –que se establecen en base a estudios técnicos elaborados por el Imarpe– representen solo la captura de anchoveta adulta. Una pesca indiscriminada, en cambio, depredaría totalmente el recurso. Además, según fuentes de la SNP, la harina que se obtiene de los juveniles es de baja calidad.

Luego de suspender la segunda temporada del 2019, el 4 de enero el Produce ordenó un nuevo estudio técnico. Este encontró que, efectivamente, había un porcentaje de juveniles demasiado alto como para seguir pescando. Por eso, el ministerio cerró definitivamente la pesca el 14 de enero. Pero entonces empezó la asignación de responsabilidades. Y la mar comenzó a ponerse brava.

El 23 de enero, el gobierno emitió el DU 015-2020 para reorganizar el Imarpe, la entidad que había elaborado el informe sobre el que el ministerio determinó la aparentemente irreal cuota de pesca. Entre otros, el decreto establecía que la presidencia de la entidad ya no sería un cargo de confianza ocupado por un almirante en retiro de la Marina, sino que sería elegida mediante concurso público de méritos.

Este DU fue impulsado por la ministra de la Producción, Rocío Barrios, pero no cayó bien en los gremios pesqueros. Fuentes de la SNP dijeron a El Comercio que están de acuerdo con el cambio en la metodología para elegir al presidente, pero que el DU fue presentado “entre gallos y medianoche” y que podría tener la intención de controlar políticamente la entidad.

Según fuentes del sector, sin embargo, lo que gatilló el DU fue otra cosa. Al despacho de Barrios había llegado antes información sobre una presunta manipulación de datos en el Imarpe para inflar la cuota de pesca. Con esta premisa, el 26 de enero el procurador del Produce presentó una denuncia penal contra funcionarios de esta entidad y la fiscalía les abrió una investigación preliminar.

“Son dos investigaciones que se están llevando a cabo en este momento contra algunos funcionarios de Imarpe. En ambos casos tienen que ver con la posible adulteración de cierta información al determinarse la biomasa. En el fuero interno también hay una investigación administrativa contra aquellos funcionarios”, dijo Barrios a este Diario.

Y las olas crecieron. El 1 de enero, La República reveló audios de una conversación entre funcionarios del Imarpe en la que hablaban sobre “errores” en un primer método de medición. Luego indicaban que el segundo método utilizado había tenido fallas aún mayores. Pero pese a conocer esos errores en el segundo método, los resultados igual se habían plasmado en el informe enviado al Produce.

Pero el capítulo más reciente de esta novela ocurrió en marzo. El lunes 2 se conoció que Barrios tiene una acusación fiscal por presunto peculado doloso. El Ministerio Público pide contra ella 9 años y 3 meses de cárcel por haber autorizado el pago de S/177.279 a dos empresas por servicios que no se realizaron. Esto, en su época como jefa de la oficina general de administración de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es importante aclarar que estos servicios presuntamente ficticios no datan de su paso por la PCM. Su participación en el caso se limita a haber ordenado el pago posterior. Y ella alega haberlo hecho “en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. La revelación de este documento fiscal golpeó políticamente a Barrios, pero Vizcarra decidió mantenerla en el cargo.

Y la ministra contraatacó. “No creo en la casualidad, creo en la causalidad. Nosotros propusimos el cambio de la cabeza del Imarpe [...]. No tengo la certeza de que esta denuncia venga por ese lado. Sin embargo, sí hay cosas que me generan cierta suspicacia”, dijo a El Comercio. La presidenta de la SNP, Cayetana Aljovín, rechazó esta acusación y dijo a este Diario que su gremio se enteró de la acusación por la prensa.

Luego, Barrios focalizó un poco más sus sospechas. Del 17 de febrero a la fecha, una seria de 13 spots de 45 segundos ha sido transmitida por dos canales de cable de forma rotativa. El tema central de todos ha sido una supuesta “Crisis de la pesca” y han sido firmados por la poco conocida ONG Oannes. Uno de sus directores, Francisco Miranda, dijo a El Comercio que la campaña costó alrededor de US$30.000.

Según Miranda, la ONG se financia mediante actividades de gestión propia y aportes de sus patrocinadores. Aunque aseguró que ninguna puso dinero para esta campaña en específico, reconoció que entre los mecenas hay varias empresas asociadas a la SNP. También afirmó que los spots fueron emitidos después del DU que reorganiza Imarpe solo como una coincidencia. “Ya los veníamos programado”, dijo.

“Nos preocupan algunas señales que estarían impidiendo el desarrollo del sector pesquero formal, que esperamos sean revertidas en los próximos días”, dijo Aljovín sobre el desempeño de Barrios. Ella no piensa lo mismo. “Todos somos conscientes de la campaña publicitaria con una rotación de spots diarios en dos canales de televisión. Llama la atención que estos spots no hayan surgido antes”, argumentó a El Comercio.

Según fuentes del Ejecutivo, la hipótesis de alto nivel también es que su acusación se hizo pública como método de presión luego de que se emitiera el DU de Imarpe. Sin embargo, este finalmente fue declarado inconstitucional por la Comisión Permanente del Congreso. Un grupo de trabajo coordinado por Pedro Olaechea elaboró un informe –aprobado con 10 votos en febrero– que recomienda derogarlo.

Mientras, la ministra Barrios ha desafiado al Ministerio Público. “¿Que me apropié de dinero? ¡Que me digan cómo!”, ha dicho. Queda todavía tela por cortar.

El ministro célere

La siguiente es la historia de cómo los ingenieros parecen ganarle la batalla a los arqueólogos. Durante el 2019, el cargo de ministro de Cultura tuvo una rotación acelerada. De marzo a julio presidió la cartera la arqueóloga Ulla Holmquist, quien renunció alegando motivos personales. De julio a octubre, el arqueólogo Luis Jaime Castillo. Y de diciembre hasta hoy, la también arqueóloga Sonia Guillén.

Pero hubo un periodo de excepción en ese predominio de personajes ligados a la arqueología. Entre octubre y diciembre, después del cierre del Congreso, asumió Francisco Petrozzi, tenor lírico y excongresista fujimorista devenido en integrante de la Bancada Liberal. El 28 de noviembre, él firmó el DU 018-2019 para la promoción de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

Fuentes cercanas al Ministerio de Cultura indican que no es coincidencia que sea su firma –y no la de alguno de los ministros arqueólogos– la que está en ese documento. El artículo 15 da una pista del porqué. Se titula “Medidas para garantizar la celeridad y predictibilidad en los procesos en materia de intervenciones arqueológicas”. La clave, dicen las fuentes, está en estas palabras: celeridad y predictibilidad.

El DU reduce plazos para la obtención de permisos arqueológicos sujetos a silencio administrativo positivo. El punto más crítico está el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que debe emitirse en apenas 10 días hábiles. Junto a la firma de Petrozzi están las de los ingenieros Edmer Trujillo –entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC)– y Martín Vizcarra.

Uno de los proyectos priorizados del PNIC –y de Vizcarra– es el aeropuerto de Chinchero, que nunca obtuvo un CIRA. En cambio, acreditó un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) y un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA). Según un informe de la contraloría revelado por El Comercio, sin embargo, estos son “insuficientes”. La obtención del PEA y el PMA también se aceleran con el DU firmado por Petrozzi.

“El PMA depende de lo que diga el CIRA. Se han saltado el primer paso”, explica el experto en manejo de restos arqueológicos Alberto Martorell. También asegura que el nuevo plazo de 10 días hábiles para el CIRA es “absurdo” y “ridículamente corto”. “El problema es que el patrimonio es considerado como una carga, algo de lo que hay que deshacerse en el menor plazo”, alega.

Fuentes de alto mando en el Ministerio de Cultura revelaron a El Comercio que han llegado a un acuerdo con el MTC para rehacer todos los estudios arqueológicos de Chinchero considerados insuficientes. Aseguraron que se haría una excepción para que no estén sujetos a los nuevos plazos del DU firmado por Petrozzi.

Sin embargo, si en Chinchero hoy se quisiera obtener el CIRA, o volver a realizar el PEA y PMA que la contraloría considera insuficientes, formalmente estos correrían con los plazos acelerados. Pero además del aeropuerto hay otros 51 proyectos priorizados en el PNIC. Entre ellos, hidroeléctricas, carreteras, puertos y líneas de metro. Todos accederán, sin excepciones, a la celeridad arqueológica suscrita por Petrozzi.

“El Ministerio de Cultura no ha contratado más personal para poder hacer eso. No solo se han puesto plazos irreales, sino que no han hecho nada para crear condiciones para que se puedan cumplir en algún caso”, dice Martorell. Petrozzi rechazó las solicitudes de entrevista hechas por El Comercio. Hoy tiene una agregaduría cultural en la Embajada del Perú en Alemania.

Lo que lleva a recordar la sucesión de eventos que terminó con Petrozzi fuera del Gabinete y lejos del país. El 1 de diciembre del año pasado se publicó en El Peruano la destitución del expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) Hugo Coya. Según él, Petrozzi le había pedido la renuncia el mismo día que se publicó el DU de proyectos priorizados: el jueves 28 de noviembre.

“Me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia [...], pero lamentablemente ‘lo han envenenado al presidente, dos funcionarias lo han envenenado al presidente’”, relató Coya. Según fuentes de este Diario, estas dos funcionarias serían Mirian Morales y Mónica Moreno, secretaria general y de comunicación estratégica de la presidencia, respectivamente.

El 2 de diciembre, Petrozzi fue a Palacio a reunirse con el primer ministro Vicente Zeballos y le aseguró a la prensa que seguiría pese a las críticas. “Siento que tengo la confianza del presidente”, dijo. Dos días después, sin embargo, su discurso había cambiado. “Lo que pasará mañana está en manos de dios. Los amigos quedan, los cargos vienen y se van”, declaró horas antes de presentar su renuncia.

"El ministro Petrozzi presentó su carta de renuncia, la cual ha sido aceptada”, dijo secamente Vizcarra sobre el tema. Para entonces, había pasado una semana desde la publicación del DU para acelerar el PNIC. Salvo observaciones menores, un informe coordinado por el excongresista Ángel Neyra lo declara constitucional. Y el gobierno ya tiene nuevamente a una arqueóloga al frente del Ministerio de Cultura.

Tuesta, Trujillo y el transporte

La última historia –la de las tres T– es la del decreto de urgencia 012-2019, que establece la devolución a los transportistas del 53% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel. La primera T es la de David Tuesta, el primer ministro de Economía del gobierno de Vizcarra. En mayo del 2018, con poco más de dos meses en el cargo, dispuso el aumento del ISC a una serie de productos que podían afectar la salud de los peruanos.

Así, subió el impuesto a las bebidas alcohólicas, los cigarros, las bebidas azucaradas y los combustibles. El objetivo, dijo el MEF, era recaudar alrededor de S/1.700 millones adicionales ese año. Pero el último de los aumentos trajo problemas: desató inmediatamente una huelga nacional de transportistas. Entonces, desde Cusco, Vizcarra decidió ponerlo “en revisión”.

“Como ustedes saben, somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo. Y si vemos que alguna medida [lo] afecta, haremos cualquier ajuste [...] Le hemos encargado al MEF y el INEI está evaluando", fueron sus palabras. Tuesta, que no respondió a las solicitudes de entrevista de este Diario, quedó sorprendido. La decisión de Vizcarra se daba pese a un acuerdo previo del gobierno.

En entrevista con El Comercio, Tuesta había asegurado que no se retrocedería en el aumento del ISC. “Esta no fue una decisión del MEF, sino del gobierno. Estamos comprometidos como gobierno, porque se requieren recursos. entonces, si somos consistentes con que necesitamos recursos, esta medida se tiene que mantener”, había dicho. No le quedó más opción que renunciar, según fuentes de este Diario.

Entonces entró en escena la otra T, la de Edmer Trujillo. Con él como ministro de Transportes, el gobierno prometió a los transportistas que les devolvería el ISC. En octubre del 2018, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para hacer efectiva esa promesa. Pero el documento quedó entrampado. En abril del 2019, Trujillo tuvo que dejar el cargo en medio del escándalo por el incendio del terminal de Fiori.

Asumió en su lugar María Jara, una abogada vinculada a la última T: había sido gerenta de transporte urbano de la Municipalidad de Lima y directora general de transporte terrestre del MTC. Pero el proyecto de ley igual no fue aprobado por el Congreso. Hasta que Vizcarra lo disolvió, el 30 de septiembre. Entonces, Jara dejó el MTC y volvió –ya sin el riesgo de una censura y solo por cuatro meses– Trujillo.

En ese corto reencuentro con el ministerio, Trujillo estampó su firma en el DU que establece lo mismo que el proyecto de ley que no fue aprobado: el Estado devolverá 53% del ISC a los transportistas que tengan autorización para operar vigente, que no tengan sanciones de tránsito y que emitan comprobantes de pago electrónicos. La justificación es que con esas condiciones se mejora la seguridad vial.

En enero, un informe coordinado por el excongresista de Peruanos por el Kambio Clemente Flores encontró que el DU cumple con los estándares de constitucionalidad. En tanto, Trujillo dejó el MTC en febrero, en medio de una crisis ministerial que no tuvo nada que ver con él. El primer ministro Vicente Zeballos dijo que su salida se debió a una “oxigenación” del Gabinete.