El rol del PPC en la historia de Horacio Cánepa: cinco momentos clave

En el marco del caso Lava Jato, un colaborador eficaz ha señalado que Odebrecht entregó US$10.000 al Partido Popular Cristiano (PPC) para que sondeara la intención de voto de Alberto Beingolea, reveló el domingo “Cuarto Poder”. El presunto aporte –dijo el colaborador–, se habría realizado con pleno conocimiento del excongresista y, como en otras oportunidades, con Horacio Cánepa como intermediario.

Beingolea ha negado enfáticamente haber tenido algún vínculo con la encuesta financiada por la constructora, que además se realizó para medir varias candidaturas.

Este, sin embargo, es apenas un pequeño ejemplo de la relación que ha mantenido por más de tres décadas el PPC con su todavía afiliado (en un largo proceso de suspensión) Horacio Cánepa. El abogado, hoy investigado por haber presuntamente recibido US$1,4 millones en coimas y US$1,2 millones para repartir a terceros y beneficiar a Odebrecht en arbitrajes contra el Estado, ha tenido en el partido de su juventud un apoyo crucial para su carrera. Especialmente en su faceta como árbitro.

–El ‘huanucazo’–

A los 26 años, en 1990 Horacio Cánepa había sido elegido como uno de los diputados más jóvenes de la historia del país por la alianza Fredemo, en la que el PPC fue una de las piezas clave. Su militancia en el partido, sin embargo, es incluso anterior: en 1988 había sido subsecretario departamental, con solo 23 años, y en 1992, secretario nacional de relaciones internacionales.

Pero sus problemas empezarían en 1995, cuando Cánepa volvió a tentar una curul por su natal Huánuco. Esta vez no solo no ganaría, sino que terminaría fuera del país acusado de fraude electoral. La prensa de entonces llamó al escándalo el ‘huanucazo’: una denuncia que involucraba a Cánepa en la manipulación de 4 millones de votos para favorecer las candidaturas de Alberto Fujimori, de su paisano Víctor Joy Way y la suya propia. A raíz de eso, sus enemigos comenzaron a llamarlo ‘Anforacio’.

Perseguido por la justicia, Cánepa tomó un vuelo a La Paz, Bolivia, el 16 de abril de 1995, y se quedó allí 13 días. Luego se subió a otro avión que lo dejó en Miami, Estados Unidos, apenas con una visa de turista que le permitía seis meses de permanencia. Su esposa y su hijo llegaron para las fiestas de fin de año, cuando ese plazo ya se había vencido, el 11 de noviembre. Era el comienzo de una corta etapa en el exilio.

Con la ayuda de una hermana, que por entonces estaba casada con un estadounidense, Cánepa logró abrir un restaurante y vivir allá durante algunos años al margen de la legalidad. El 24 de octubre de 1997, la justicia norteamericana le concedió el asilo político. En su resolución, el juez Teofilo Chapa indica que el gobierno de Alberto Fujimori –que para entonces ya se percibía como dictatorial– no le garantizaba a Cánepa el debido proceso.

“La Corte cree que el demandado fue señalado para tomar la culpa por sus opiniones políticas de oposición [al gobierno de Fujimori] y no por su real participación en el fraude electoral”, dice la resolución, a la que accedió El Comercio. Al juez le pareció inconcebible que el joven político hubiera adulterado actas para beneficiar a candidatos que no eran del PPC. En paralelo y por el mismo caso, en Perú era condenado en ausencia.

Pero esa sentencia solo duró hasta 1998. Ese año, lo absolvió una sala de la Corte Suprema integrada por Alejandro Rodríguez Medrano, operador de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial, quien luego fue condenado a ocho años de prisión por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Con la absolución, no obstante, Cánepa pudo regresar al Perú, donde volvió a dedicarse al derecho y a la política. Por supuesto, volvió a ser candidato al Congreso por el PPC.

“La prueba de que yo no tuve nada que ver [en el ‘huanucazo’] es que he regresado a mi propio partido y todo el mundo me recibe con los brazos abiertos. ¿Ustedes creen que si en el PPC supieran que yo he hecho algo indebido para favorecer a Fujimori [...] me van a acoger con los brazos abiertos?”, diría Cánepa más de diez años después para defenderse de la sombra de ‘Anforacio’.

“Yo lo respaldo porque se sometió a un proceso judicial y fue absuelto”, aseguró Lourdes Flores sobre él en el 2006, cuando se le criticó por llevarlo en su lista al Congreso, según recoge La República. Y en febrero de este año, cuestionada sobre por qué confió en alguien que había sido absuelto por la sala de Rodríguez Medrano, Flores dio la misma respuesta en el programa “Cuarto Poder”: “precisamente, fue absuelto”.

Exactamente lo mismo dijo ahora a este Diario: “Si una persona es absuelta, hay que partir de que se le ha declarado inocente”.

–Su defensora–

Precisamente, Lourdes Flores ha sido una de las defensoras más tenaces del hoy investigado. “La única ética profesional que conozco es ganar", decía la pantalla de inicio de la página web del estudio de abogados de Horacio Cánepa hasta finales del 2015. Por eso –entre otras razones–, la corte del centro de arbitraje de la PUCP decidió ese año retirarlo de su nómina de árbitros recomendados. Flores, en cambio, decidió defenderlo.

Al ser informado sobre su retiro de la lista, Cánepa envió un correo a una centena de árbitros peruanos lamentándose por el hecho. Allí le atribuyó la autoría de la frase de su web al abogado estadounidense Alan Dershowitz, una superestrella del derecho penal que tiene entre sus clientes más sonados al exboxeador Mike Tyson y al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. Calificó también la exclusión como un “veto” y una “injusticia”.

“Como abogado defensor, no tengo el más mínimo interés en lo correcto. Mi único interés es ganar”, le había dicho Dershowitz a la revista peruana Themis en el 2001. Inmediatamente después del correo, Cánepa decidió presentar una acción de amparo contra los miembros de la corte del centro de arbitraje que finalmente sería declarada improcedente. En esa demanda, una de sus abogadas fue Lourdes Flores.

En febrero de este año, Flores dijo en “Cuarto Poder” que defender a Cánepa contra la PUCP había sido “un error” que ella aceptaba “con hidalguía”. Pocos días antes, el exejecutivo de Odebrecht Raymundo Trindade Serra había afirmado que la constructora entregó un aporte de US$200.000 a la campaña municipal de la lideresa del PPC en el 2010. ¿El intermediario? Horacio Cánepa.

“Fue un grave error, porque si bien no había ningún elemento que demostrara alguna incorrección, los hechos posteriores han demostrado que defendí una causa que no era correcta. [...]. Mi grave error consiste en no haber podido intuir que había en relación a los arbitrajes una conducta incorrecta", contestó Flores a El Comercio.

–Las cartas amigas–

Lourdes Flores, sin embargo, no es la única pepecista que ha abogado por Cánepa a lo largo de su carrera como árbitro. Esta empezó –según contó él mismo en el correo a sus colegas– en 1993, luego de que el Congreso fuera disuelto por Fujimori. “[Desde entonces], he participado en más de 500 arbitrajes, tanto nacionales como internacionales”, dice el e-mail, al que El Comercio tuvo acceso. Esta comunicación no tuvo mucho impacto.

Pero en paralelo, Cánepa también envió cartas –por lo menos– a dos entonces congresistas de su partido: Juan Carlos Eguren y Marisol Pérez Tello. Ambos intercedieron en nombre suyo ante el centro de arbitraje de la PUCP.

Eguren, incluso, escribió al exrector de la universidad Marcial Rubio sobre una “presunta vulneración de los derechos" de Cánepa al “habérsele negado sin ningún motivo su reincorporación” a la nómina de árbitros, y le pidió que le “informe sobre las acciones que se dispongan al respecto”.

En tanto, Pérez Tello le dijo al director del centro de arbitraje, César Guzmán Barrón, que “de lo manifestado por Cánepa se podría colegir un proceder no fundado en el derecho” y le pidió “considerar lo señalado a efectos de establecer los correctivos que fueran necesarios”. Además, indicó que remitía al centro de arbitraje la documentación que le había enviado el exárbitro.

“Todas las cartas que llegaron fueron tramitadas en la misma forma. Trasladaba y comentaba en los mismos términos: si hay algo que arreglar, arréglese. Esa era la regla y Horacio lo sabía perfectamente. Eso no fue casual. Sabía mi forma de conducirme respecto a las quejas de los ciudadanos", se defendió Pérez Tello consultada por este Diario al respecto.

Eguren, en cambio, no respondió a las solicitudes de entrevista. En febrero de este año, Serra declaró que Odebrecht también habría aportado entre US$5.000 y US$10.000 a su campaña legislativa. En octubre, Barata ratificó el presunto aporte.

–La ‘Ley Cánepa'–

Eguren ha sido uno de los más entusiastas en la defensa de Cánepa. Dos años antes, en el 2013, había mandado una carta al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) cuestionando sus criterios de selección de árbitros, en los que este no calificaba.

“A mayor abundamiento y a modo de ejemplo, te alcanzo el CV de mi amigo Horacio Cánepa, quien curiosamente para OSCE no acredita experiencia ni especialidad en la materia”, finalizaba la misiva, enviada a la entonces presidenta ejecutiva de la entidad, Magali Rojas.

Pero eso fue apenas una pequeña muestra de aprecio. Luego de que la PUCP lo excluyera de su nómina de árbitros, Eguren presentó el proyecto de la llamada ‘Ley Cánepa’. Según Alfredo Bullard, quien escribió tres columnas sobre el tema en El Comercio, este proyecto de ley buscaba impedir a los centros arbitrales que se reserven el derecho de excluir árbitros de sus listas de recomendados.

En una columna de respuesta, Eguren alegó que había presentado la iniciativa para evitar ‘argollas’ que discriminasen profesionales capaces en el arbitraje. Sin embargo, la propia Pérez Tello afirmó que el proyecto tenía una tendencia clara de favorecimiento al separado árbitro.

“En el caso de Horacio no solo hizo eso [mandarle una carta a ella]. También hubo una propuesta de ley que el PPC apoyó inicialmente pero luego retiró la firma, porque la gente de la PUCP me explicó por qué era. Y dije ‘sabes qué, ni hablar’”, aseguró la excongresista.

Tras el retiro de las firmas, el proyecto de ‘Ley Cánepa’ inicialmente no prosperó. Pero con el nuevo Congreso, una nueva versión –muy similar a la de Eguren– fue presentada por Glider Ushñahua, de Fuerza Popular. El expresidente de la Comisión de Justicia, Alberto de Belaunde, logró postergar la propuesta no poniéndola en agenda hasta diciembre del 2017. Ese mes, perdió la titularidad del grupo de trabajo.

Sin embargo, el 10 de septiembre del 2019 –ya bajo la presidencia de Moises Guía y a pesar de haber recibido opiniones desfavorables de los centros de arbitraje, expertos arbitrales, el Ministerio de Economía y el de Justicia– se redactó un predictamen aprobatorio en la Comisión de Justicia. Veinte días después, el Congreso fue disuelto.

–La rivalidad interna–

El sondeo hecho para medir las posibilidades de –entre otros– Beingolea es el capítulo más reciente en la relación del PPC con Cánepa, quien habría fungido de intermediario en la transacción. La entrega, a su vez, se habría hecho a pedido de Lourdes Flores. “Cabe destacar que Alberto Beingolea sabía perfectamente que esos aportes para la encuesta venían de Odebrecht”, dijo el colaborador eficaz que reveló la entrega de dinero.

Beingolea, sin embargo, ha deslindado completamente del hecho. “No es verdad. Jamás he tenido ningún contacto con Odebrecht, no conozco a nadie de Odebrecht ni directa, ni indirectamente, jamás he pedido ningún favor de ningún tipo. No recuerdo que se haya mandado hacer una encuesta para mí y en todo caso si un sinvergüenza lo hizo, que él responda por qué y bajo qué circunstancias”, respondió Alberto Beingolea este domingo, en diálogo con “Cuarto Poder”.

El colaborador eficaz también dijo que, en agradecimiento por este aporte, Beingolea envió un documento a ProInversión consultando sobre la iniciativa que presentó la constructora para la carretera Huacho–Sayán–Churín–Oyón–Yanahuanca–Ambo. “Lo único que hago es preguntar sobre este proyecto, carta que no fue contestada. La carta fue enviada seis meses antes de la supuesta reunión que dice ese sinvergüenza. Es mentira”, se defendió el excongresista.

Pérez Tello recordó que por entonces Beingolea era rival interno de Cánepa en el PPC. “[Fue el único que no apoyó el proyecto de la ‘Ley Cánepa’] porque cualquier cosa que dijera Horacio, Alberto se oponía. Había una rivalidad entre ellos que Cánepa se encargó de hacer pública”, aseguró. “Horacio usó todas sus armas y lo seguirá haciendo. Miente, pone trampas, usa y usó al partido. Terminará en la cárcel y deshonrado”, agregó.

Una fuente del PPC, además, contó a El Comercio que Beingolea no sabía sobre la realización de la encuesta. Agregó que el sondeo fue solicitado para medir la intención de voto de cinco candidatos, uno de los cuales era el excongresista. Manuel Saavedra, socio de CPI –la encuestadora que realizó la medición– confirmó que el trabajo incluyó a varios candidatos además de Beingolea.

En más de treinta años, el PPC ha jugado un rol crucial en la vida de Horacio Cánepa. Incluso hoy, pese a que según fuentes del partido su militancia está en proceso de suspensión, Cánepa aparece en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como afiliado válido. Una relación en la que al partido todavía le quedan cosas por explicar.