A menos de un año de los comicios generales, el cambio de autoridades en los organismos electorales depende -en gran medida- de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La pandemia, sin embargo, ha ajustado unos tiempos que ya de por sí eran cortos. El titular de la entidad, Aldo Vásquez, explica a El Comercio cómo planean resolver las limitaciones que impone el distanciamiento social para completar esta labor.
¿Cuándo tendrán nombrados a los jefes de ONPE y Reniec?
Nuestro plan de trabajo decía que en los primeros 180 días se haría la convocatoria. Eso se mantiene plenamente. Haremos la convocatoria en las próximas semanas. ¿En qué etapa estamos? Publicamos hace algunas semanas el reglamento, que era un primer paso. El segundo hito es la aprobación de las bases del concurso. La mañana del sábado hemos tenido un pleno [virtual] en el que casi cerramos las bases, aunque hay algunos detalles finales por afinar. Cuando se publiquen, en los próximos días, estaremos listos para hacer la convocatoria. No puedo precisar la fecha exacta en que estarán designadas las autoridades, pero puedo adelantar que nuestro propósito es que esa fecha no esté muy alejada de la convocatoria a las próximas elecciones generales. Por eso, confiamos que a más tardar en agosto puedan asumir.
¿Cuánto del proceso puede hacerse virtual y cuánto tiene que ser presencial?
Nos estamos poniendo en el caso de que no podamos reunirnos presencialmente con los postulantes. Estamos dejando abierta la posibilidad de que la propia entrevista pudiese ser por alguna vía virtual que tenga todas las seguridades del caso.
Entonces, ¿el proceso ya no dependerá de que se levante la cuarentena?
Así es. Sin embargo, confiamos en que aún cuando se mantengan determinadas restricciones, algunas fases puedan ser presenciales. Pero nos estamos poniendo en el escenario en que debamos enfrentar una cuarentena más prolongada.
La convocatoria a elecciones tiene que ser el 14 de julio. ¿Cambiarán a los titulares de dos organismos electorales con el proceso electoral ya ha iniciado?
Entiendo que también hay propuestas para modificar el cronograma electoral. No la fecha de las elecciones, sino el cronograma. Pero aún cuando no hubiese tales modificaciones, la designación de las nuevas autoridades no va a distar demasiado de la convocatoria.
¿Pero, así no diste mucho, no es igual un problema?
Siempre lo más deseable es que las autoridades estén designadas al momento de la convocatoria, pero estamos hablando de instituciones con autoridades que ejercen en plenitud las funciones que les corresponden. Hay una continuidad.
¿Considera que el Congreso debería variar parte del calendario electoral, como la fecha de convocatoria a elecciones?
No tengo elementos de juicio suficientes como para pronunciarme. Son aspectos que no nos corresponden a nosotros.
¿Cuánto se ha avanzado en los procesos disciplinarios a jueces y fiscales?
Estamos preparando una directiva que va a favorecer su desarrollo a través de medios digitales. En este periodo los procedimientos no han podido avanzar porque los plazos están suspendidos. Sin embargo, todo aquello que corresponde a la actuación de los miembros de la Junta, sí hemos estamos trabajándolo.
Es decir, ¿lo que no se ha podido hacer es pedir testimonios, descargos, etc?
Así es. Tomar declaraciones, convocar la presentación de testimoniales, hacer audiencias. Todo eso lo hemos suspendido. Antes de la declaratoria del estado de emergencia teníamos cerca de 170 expedientes en giro. Ahora estamos adelantando una directiva para digitalizar nuestros procesos ante la eventualidad de la cuarentena.
¿Qué va a regular esta directiva?
Se trata de facilitar audiencias virtuales. Tenemos garantizar la autenticidad de los mecanismos a usar. Me refiero a la participación de fedatarios informáticos que puedan verificar que se inició una audiencia, que la conexión se cerró, entre otros.
¿Por qué cuando se le abrió proceso [de oficio] a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, no se incluyó a Víctor Raúl Rodríguez Monteza? Hay un informe de la fiscal Sandra Castro que señala que forma parte de los Cuellos Blancos.
Los procedimientos disciplinarios que se iniciaron responden al grado de información que habíamos recabado hasta entonces. En la medida en que la Junta toma conocimiento de informaciones adicionales va tomando las decisiones que corresponden.
¿Cuándo se resolverán los procesos de Chávarry y Gálvez?
Estimábamos que tendrían una duración de entre seis y ocho meses. Es probable que la cuarentena suponga un retraso equivalente a su duración. Anticipábamos que podían terminar hacia agosto. Ahora el plazo tal vez nos lleve hasta octubre.
Tres de los cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos están comprometidos con los Cuellos Blancos. Ellos tienen mayoría para reemplazar a un miembro del pleno del JNE [Luis Carlos Arce], cuyo mandato vence en julio. ¿No van a resolver sus procesos antes?
Los procedimientos disciplinarios tienen fases, pasos que deben seguirse para garantizar el debido proceso y el derecho de la defensa de los investigados. Esos procedimientos son autónomos respecto de cualquier otra consideración.
¿No le preocupa que fiscales cuestionados elijan una persona que va a estar cuatro años como representante ante un organismo electoral?
Ese tipo de inquietudes no corresponde que sean manifestadas en un escenario distinto al del propio procedimiento. Allí es donde se establecen responsabilidades y se aplican, o no, las sanciones que correspondan.
Tienen 18 meses para revisar todo lo heredado del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Cómo va ello?
Ya hemos dado varios pasos en el cumplimiento de esa tarea. Hay una comisión especial de miembros de la Junta que ya empezó la primera aproximación. Confío que en 18 meses habremos cumplido con este encargo. A lo que no hemos podido darle peso el primer semestre es a la evaluación parcial, ratificación y selección y nombramiento de jueces, que es una tarea permanente. Ello no fue priorizado dentro porque había que tomar otras prioridades. Pero por supuesto que tendrán toda nuestra atención en el segundo semestre.
¿Incluirán en sus criterios de evaluación si un juez fue célere en revisar las prisiones preventivas para que los presos puedan salir por la pandemia?
Estamos conscientes de que el riesgo de contagio en los penales es alto. Es un tema sanitario, pero por supuesto jueces y fiscales tienen una contribución que hacer en la revisión de casos de prisión preventiva. Esas son decisiones, sin embargo, que corresponden al Poder Judicial en el marco de su autonomía. Para nosotros lo primordial es la actuación independiente de jueces y fiscales. La celeridad es un aspecto importante en la evaluación, pero no estamos refiriéndonos particularmente a este caso.
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