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Los organismos electorales están en una carrera contra el tiempo de cara a las elecciones generales. Y el reto es difícil en tiempos de coronavirus: renovar a sus autoridades, como manda la ley. Sobre todo ahora que el presidente Martín Vizcarra ha declarado que la votación se realizará, sí o sí, en abril del 2021.
Apuros en el JNE
La situación más urgente es la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde el mandato de dos miembros del pleno vence en julio: Raúl Chanamé, el representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y Luis Carlos Arce, del Ministerio Público. Luego, en setiembre caduca el del representante de las universidades públicas, Ezequiel Chávarry, y en noviembre el del presidente del pleno, Víctor Ticona.
El primer caso es el de mayor complejidad, dado que para elegir a su reemplazo se requiere que el CAL organice una elección entre todos sus agremiados. La decana de esta institución, María Elena Portocarrero, dijo a El Comercio que está a la espera de que el JNE les envíe un requerimiento formal para poder organizar la elección.
“Ellos nos tienen que informar que se vence el cargo y que tenemos que nombrar a nuestro representante. Ya nos hemos comunicado con el JNE por correo electrónico [para que nos informe]”, afirmó. El JNE no respondió a las consultas de este Diario respecto al tema.
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Chanamé, por su parte, aseguró por escrito que no desea postular nuevamente y que es “parte interesada” en que se convoque a la elección y que ya ha informado “a las instancias respectivas para que tomen las medidas pertinentes”. El especialista en derecho electoral Jorge Jaúregui confirmó que piensa en postular para reemplazarlo cuando se realice la convocatoria.
Sin embargo, el tiempo cada vez es más corto: el reemplazo de Chanamé tendría que ser elegido, a más tardar, en junio. “La ONPE tiene que dar asistencia técnica en la elección y, luego, estamos hablando de dos o tres meses”, aseguró Portocarrero. Ello, tomando en cuenta que cada candidato debe tener tiempo para socializar sus propuestas entre los abogados.
Fuentes del CAL explicaron a El Comercio que, para solucionar el problema del distanciamiento social, se planea realizar la elección bajo el formato de voto electrónico no presencial. Portocarrero, sin embargo, declinó de confirmar esta información alegando que debe mantenerse neutral. “Es el Comité Electoral el que finalmente va a convocar a las elecciones”, aseguró.
De no cumplirse el plazo, sin embargo, el pleno del JNE quedaría con cuatro miembros: apenas el quórum necesario para emitir resoluciones. Esto es peligroso porque, si uno de los magistrados no pudiera sesionar o tuviera que abstenerse en algún tema, la elección sufriría retrasos.
“La ley orgánica del JNE dice que el miembro del pleno es elegido por un periodo solo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez. La ley no faculta a que se quede en el cargo más allá del plazo establecido, como sí lo hace de forma explícita en el caso del Tribunal Constitucional”, explica José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.
Incluso, Villalobos ve legalmente inviable que Chanamé sea reemplazado provisionalmente. “El suplente es elegido por el mismo periodo que el titular, y no cabría que haya un interino porque se trata de un pleno que puede funcionar con 4 miembros, pese a las dificultades. La única forma sería que el Congreso emita una ley que le permita a Chanamé quedarse”, dice.
El caso de Arce es menos complicado, pero también trae problemas: entre los cinco fiscales supremos debe elegir a su reemplazo, tres han sido involucrados en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. A dos de ellos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) les ha abierto procedimientos disciplinario: Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.
Algo similar ocurre con Ticona, cuyo reemplazo deberá ser elegido por los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema. Cuatro de sus miembros, sin embargo, también tienen procesos abiertos en la JNJ por presuntos actos de corrupción. Sustituir a Ezequiel Chávarry dependerá de los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas.
En manos de la JNJ
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec, en tanto, dependen de la JNJ. Esta entidad tiene el encargo de reemplazar a sus jefes –Manuel Cox y Bernardo Pachas, respectivamente–, que hoy ya ejercen el cargo de manera interina. Además, debe resolver el proceso disciplinario del suspendido jefe e la ONPE, Adolfo Castillo.
En marzo, la JNJ suspendió todas sus actividades y sus plazos debido a la emergencia sanitaria. Fuentes de alto rango de la entidad, explicaron a El Comercio que, pese a ello, aún mantienen el objetivo inicial de nombrar ambos cargos a más tardar en agosto. Para ello, deben convocar dos concursos públicos cuyos reglamentos ya han sido publicados y cuyas bases se están elaborando.
Las fuentes de la JNJ detallaron que el organismo está trabajando en la digitalización de sus procesos, pero que una parte de cada concurso tendrá –de todos modos– que ser presencial. Para ello, deben esperar a que la cuarentena se levante. De ocurrir en las próximas semanas, como tienen previsto, el proceso de selección se apretaría pero no sufriría retrasos significativos, precisaron.
Opuesto sería el escenario si el aislamiento social obligatorio se prolongara por varios meses. Las elecciones, a menos que el Congreso modifique la norma, deben convocarse a más tardar el próximo 14 de julio.
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