Elecciones 2021: cuatro partidos en carrera investigados por presunto delito de lavado de activos

A fines de octubre se oficializó la decisión del expresidente Ollanta Humala de ser precandidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano (PNP), así como de la excongresista Keiko Fujimori de liderar la plancha presidencial de Fuerza Popular (FP). Ambos ya se encuentran en carrera para participar en los comicios generales del próximo año y, al mismo tiempo, enfrentarán acusaciones de la fiscalía que los investiga por presuntos aportes ilícitos de empresas brasileñas como Odebrecht y OAS.

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Alianza Para el Progreso (APP) y el Partido Aprista Peruano (APRA) también han sido comprendidos en investigaciones por presunto financiamiento ilícito.

-Ollanta Humala y el Partido Nacionalista-

El Partido Nacionalista Peruano (PNP), como persona jurídica, fue incluido en la acusación que el Ministerio Público presentó contra Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros por el delito de lavado de activos por la presunta recepción de dinero ilícito de empresas brasileñas.

Para Humala Tasso, el Equipo Especial Lava Jato ha solicitado 20 años de cárcel. Mientras que para la ex primera dama, se ha pedido 26 años de prisión.

Además, en el requerimiento se ha solicitado la disolución del Partido Nacionalista Peruano, como consecuencia accesoria a la posible condena. Se indica que el partido fue “instrumentalizado” para lavar activos en el marco de una organización criminal.

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Mientras la carrera electoral dentro del PNP viene ya acelerando la marcha, la fase intermedia del proceso judicial en el que se viene ya analizando este caso, ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, podría estar terminado en diciembre próximo.

Luego de ello, recién vendrá el juicio oral. Esta última etapa procesal podría iniciarse entre marzo o abril, en pleno pico de la campaña electoral. Hasta que el Poder Judicial no tome una decisión, el Partido Nacionalista tiene el camino expedito para participar de las Elecciones Generales de abril 2021.

El abogado Raúl Pariona, defensa legal del Partido Nacionalista Peruano, dijo a El Comercio que dicha agrupación no tiene impedimento legal para participar en los comicios generales y que subsiste el principio de la presunción de inocencia hasta que no se emita una condena.

Por ello, consideró que “no existe amparo legal” que pueda evitar la participación del partido en los comicios de abril del 2021.

“Persiste la presunción de inocencia, no hay posibilidad de aplicar cualquier otra medida antes de que concluya el proceso judicial. Tiene que pasar el proceso y si el tribunal lo considera, aplicar una consecuencia accesoria (disolución). Pero nosotros creemos que esto no sucederá porque el Partido Nacionalista no ha intervenido en ningún acto delictivo”, remarcó Pariona.

Estimó que el juicio oral podría durar todo el 2021.

-Fuerza Popular y una decisión pendiente de la Suprema-

Un pronunciamiento judicial previo a abril del 2021, podría truncar la carrera electoral de Fuerza Popular. Ello, debido a la solicitud de suspensión requerida por el Equipo Especial Lava Jato para que no pueda realizar actividades políticas por el espacio de dos años y medio.

Fuerza Popular, como persona jurídica, fue incorporada a la investigación en noviembre del 2019 y en mayo del 2020 se solicitó su suspensión. Aún no existe un pronunciamiento sobre el requerimiento fiscal.

La defensa de Fuerza Popular, a través de un recurso de casación, cuestionó la incorporación a la investigación y el próximo 13 de noviembre la Corte Suprema calificará si acepta o no analizar el fondo de este extremo.

Fuerza Popular también ha recurrido ante la justicia constitucional a través de un amparo para anular su incorporación y, a la vez, solicitar su exclusión de la investigación. No obstante, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima ha rechazado la pretensión alegando que no existe ningún derecho afectado y que, por el contrario, se busca la revisión de una decisión ya sustentada en otra instancia judicial.

Elio Riera, defensa de Fuerza Popular, dijo a este Diario que la casación cumple con todos los requisitos por lo que espera que la Corte Suprema lo declare “admitido” y luego de ello, se convoque a una audiencia para analizar su pedido.

No obstante, en el supuesto de que la Corte Suprema rechace su pedido, anotó Riera, el requerimiento realizado por la fiscalía para suspender al partido político deberá ser analizado en una audiencia ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que lleva al caso.

Adelantó que “no se puede limitar” el derecho constitucional de un partido político a participar de los procesos electorales.

“Se dice que se está instrumentalizando al partido para realizar operaciones delictuosas, pero no dice cómo y no dice bajo qué supuesto. Estamos esperando; y en el supuesto negado que el recurso de casación sea declarado improcedente vamos a debatir. Pero desde ya, es imposible que puedan limitar un derecho constitucional de un partido político”, anotó.

-Alianza Para el Progreso y Apra-

Otros partidos políticos que también se han sumado a la carrera electoral del 2021, pero que vienen siendo investigados por presunto delito de lavado de activos, son Alianza Para el Progreso (APP) y el Partido Aprista Peruano (Apra).

Contra APP, su líder César Acuña y otros, se abrió una investigación en el 2018 en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos. Esto, debido a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un pago al publicista Luis Favre por US$750 mil, en las elecciones del 2016.

Según pudo conocer este diario, el fiscal para casos de lavado de activos Eduardo Cueva Poma, se encuentra en la última etapa de las investigaciones concluyendo con las pericias contables y posterior a ello, se emitiría un pronunciamiento sobre el partido político y su líder César Acuña.

El congresista por APP, Luis Valdez, dijo a este Diario que los fondos de Alianza Para el Progreso fueron lícitos.

“No habrá ningún tipo de prueba, indicio o delación (de) que alguien haya aportado a Alianza Por el Progreso un recurso o fondo ilícito. Los fondos que se han usado en las distintas campañas han sido de los mismos candidatos en algunos casos; y en el mayor de los casos o de aportes, han provenido del presidente del partido”, afirmó.

Valdez alegó que las investigaciones son sanas y positivas para que las organizaciones políticas tengan la oportunidad de aclarar sus ingresos y cuentas; y además, para que la justicia sancione a los que han ingresado o recibido dinero ilícito, sobre todo provenientes de fondos públicos, obras o contactos con el narcotráfico.

Agregó que, en este contexto electoral, los partidos políticos necesitan limpiar su imagen frente a hechos y denuncias sobre presunto actos de lavado de activos o utilizar fondos ilícitos para las distintas campañas que fueron usados para posicionar su imagen o su partido.

“En esa línea, Alianza Por el Progreso está a favor de las investigaciones para que las organizaciones políticas puedan transparentar sus cuentas y sus ingresos; y sobre todo aclarar aquellos que no tienen compromiso con la corrupción o dónde provienen sus fondos para sus diversas campañas”, indicó.

En el caso del Partido Aprista Peruano (APRA), organización política investigada por presunto lavado de activos, también se encuentra en pleno proceso interno para elegir a quién los representarán en la contienda electoral del 2021.

El partido de la estrella fue incorporado en las investigaciones como parte de las pesquisas que realiza el Equipo Especial Lava Jato por la presunta recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht.

Alex Morón, defensa legal del partido político, sostuvo que no existe nada sólido sobre las pesquisas realizadas a la persona jurídica y que “tarde o temprano el caso se va a desvanecer”. Ello, debido a que los presuntos dineros ilícitos entregados “son una especulación” puesto que no existen pruebas y las declaraciones que se han dado hasta el momento deben ser corroboradas.

“La organización partidaria no ha recibido nada, no se ha corroborado. Ahora, los presuntos dirigentes, que no eran dirigentes y que dicen haber entregado dinero, tampoco han corroborada nada hasta ahora. Por eso estamos tranquilos, pero en el caso, debido a que se nos ha causado agravio, esto va a ser tomado en cuenta para las acciones legales en su momento”, anunció.

En ese contexto, Morón explicó que están esperando que las investigaciones sigan y que se se lleve un proceso electoral de manera serena, positiva, responsable y transparente, pues no existe impedimento para su participación en las elecciones de abril del 2021.

“No hay ningún impedimento pues la persona jurídica no está sancionada o suspendida, entonces se va a participar en los comicios ”, concluyó.

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-Otras investigaciones-

Sin estar investigadas como personas jurídicas, las finanzas de Solidaridad Nacional (cuyo nombre a Renovación Popular está en proceso de cambio ante las autoridades electorales) y el Partido Popular Cristiano (PPC) vienen siendo analizadas por parte del Ministerio Público como parte de las pesquisas que se le siguen a sus exrepresentantes políticos.

En el caso de Solidaridad Nacional, la fiscalía sostiene el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, habría recibido de la empresa brasileña OAS el monto de USD$480 mil para la campaña electoral del 2014. El dinero habría sido introducido a través de “falsos aportantes”.

Sobre el Partido Popular Cristiano (PPC), el Ministerio Público investiga un presunto aporte de USD$225 mil que habría realizado al constructora Odebrecht. Dicho dinero, sostiene la tesis fiscal, pudo haber sido introducido a dicho partido para las campañas a la Presidencia y a la alcaldía de Lima en el 2006 y 2010, respectivamente, de la exlideresa Lourdes Flores Nano.

-Existe ley de financiamiento-

El pasado mes de setiembre se publicó la Ley N.° 31046 de reforma política, que modifica la ley sobre financiamiento de organizaciones políticas que deberá aplicarse para el proceso electoral en curso de las elecciones generales de abril del 2021.

Entre las obligaciones que tendrán los partidos políticos en este proceso, será la de informar ante la ONPE las actividades proselitistas que realicen sus órganos ejecutivos. Este, tendrá un plazo no menor de siete días calendarios, previos a la realización del evento, para que se pueda efectuar la supervisión respectiva.

El partido político tendrá la obligación de bancarizar a través del sistema financiero cualquier aporte privado en dinero que supere el veinticinco por ciento (25%) de una unidad impositiva tributaria (UIT) (S/.1,075). Y, aquellos aportes en especie o que no superen dicho porcentaje se efectuarán mediante recibo de aportación que contendrá la valorización del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el responsable de campaña.

Será considerada una infracción recibir aportes en efectivo superiores al veinticinco por ciento (25%) de una unidad impositiva tributaria (UIT) fuera del sistema financiero.

Además, los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, provenientes de aportes en efectivo deberán estar debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes, hasta cien (100) unidades impositivas tributarias por actividad.

Asimismo, el partido político identificará a los aportantes de las actividades proselitistas y remite la relación a la ONPE.

Los partidos políticos están obligados a entregar dos informes financieros de ingresos y egresos, uno de ellos durante la campaña electoral. Por lo que, será considerado como infracciones graves y muy graves por incumplimiento con dichas obligaciones en un plazo de seis meses, aplicándose las sanciones contempladas en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, mismas que podrían conllevar a la suspensión de la inscripción electoral del partido.

Luis Lamas Puccio: “Quienes están siendo investigados deberían de abstenerse de participar en contiendas políticas hasta que se resuelva su situación legal”

El Comercio consultó sobre la situación de los mencionados partidos con el especialista en derecho penal Luis Lamas Puccio y el secretario general de Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra.

Luis Lamas Puccio, consideró que la participación de los partidos políticos implicados en presuntos casos de lavado de activos en sus finanzas, refleja un “menoscabo de la ética política, pues para un país como el Perú; que vive una crisis ética y moral en materia política; quienes están siendo investigados deberían de abstenerse de participar en contiendas políticas hasta que se resuelva su situación legal”.

Explicó que si bien les asiste su derecho constitucional, muchos de ellos aprovechan las falencias jurídicas legales que subsisten para continuar en la brega política “como si no pasara nada” argumentando el principio de presunción de inocencia y respeto al debido proceso.

Remarcó que los partidos sí pueden ser investigados, ya que muchas personas los han utilizado “para favorecerse, encubrirse y evitar cualquier acción contra ellos, argumentando que los partidos políticos no pueden ser investigados, cuando en realidad no es así”.

Un partido político, explicó Lamas Puccio, es una persona jurídica que tiene que cumplir con una serie de exigencias de carácter ético y administrativo. Por lo que, al igual que las empresas, deberían tener un oficial de cumplimiento que responda frente a casos de corrupción y lavado de activos. Es decir, deberían implementar una especie de “compliance” para evitar que la política sea utilizada con fines de corrupción.

“Son empresas porque captan fondos, tienen representatividad jurídica, tienen persona jurídica, tienen contabilidad, es decir que son empresas que bajo la figura de la asociación asume una representación corporativa, pero en temas de responsabilidad tanto las empresas como asociaciones que no tienen fines de lucro, deben responder penalmente cuando dentro de sus actividades se develan casos de corrupción y lavado de activos, entre otras fechorías”, alegó el penalista.

En otro aspecto, Lamas Puccio cuestionó que el sistema procesal normativo y legal esté “desfasado frente a la realidad”. Es decir, que los procesos judiciales duren cuatro, cinco, seis o siete años superando largamente la cronología electoral de nuestra realidad.

Ivan Lanegra: “Se requiere que la ONPE haga un trabajo muy estricto”

Por su parte, el secretario general de Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró “lamentable” que en esta campaña electoral se tenga a este tipo de organizaciones políticas, siendo investigadas por lavado de activos.

No obstante, remarcó que al igual que las personas naturales, “no puede haber ningún tipo de juicios antes de tener la información firme de parte de las investigaciones que están en curso". "No se puede adelantar ninguna opinión sobre la responsabilidad que puede haber”, dijo.

A su criterio, se debe ser cuidadoso en este tipo de situaciones ya que, de existir responsabilidades personales, estas deben identificarse y sancionarse, salvo que haya una evidencia muy clara y debidamente probada de una vinculación de las organización en su conjunto. De lo contrario, debería separarse los temas personales de los temas partidarios.

“Porque además, las consecuencias de las decisiones no solo afectarían a los involucrados; sino que afectarían al total de los miembros de un partido y hay que tener mucho cuidado con eso”, expresó.

En perspectiva de Lanegra, ninguna persona que está siendo objeto de un proceso o de investigación se le puede restringir un derecho político o que una persona con investigación decida postular. Ello, indicó, pasa más por un tema personal.

“Radica más en una evaluación personal y de la organización a la cual representa. Es decir, que una persona esté siendo objeto de una investigación, eso tiene un impacto en las elecciones; me refiero a las posibilidades. Pero esa es una decisión que corresponde a la persona y al partido, de fuera no puede haber un juicio adelantado”, agregó.

Por ello, el representante de la Transparencia sostuvo que, en este contexto electoral, tendrán un rol importante las entidades contraloras de las campañas electorales. Recordó que existe una nueva ley de financiamiento político electoral que le ha dado más herramientas a la ONPE para realizar su trabajo de fiscalización política.

Incluso, agregó, las consecuencias de no cumplir con las reglas electorales puede derivar, en los casos más severos, a la suspensión de la organización partidaria.

“Se requiere que la ONPE haga un trabajo muy estricto en esta ocasión, que se garantice que no hayan evasiones a estas reglas tan importantes porque el financiamiento, es un elemento clave que nos ha llevado en el pasado a estas situaciones y hay que evitarlas. Por eso, la ONPE tiene un acto central y esperamos que se le brinden todos los recursos par realizar este trabajo”, invocó.

Finalmente, Lanegra remarcó que las agrupaciones tienen una responsabilidad mayúscula, pues son el primer filtro para garantizar el buen manejo partidario tanto del grupo político en conjunto como de cada uno de los postulantes.

Así las cosas, son los partidos políticos investigados los llamados a evaluar internamente el escenario jurídico-electoral que enfrentan.

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