La gran ausente de CADE, por Juan Paredes Castro

Para los organizadores de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) siempre ha sido una hazaña sacar a los candidatos presidenciales de su modorra electorera para obligarlos a hacer propuestas de gobierno serias y viables, que de otro modo no las conoceríamos bien y oportunamente.

La última CADE, en Paracas, cumplió con esa hazaña y con algo más: preparó el terreno propicio, con algunas ponencias importantes, como la de Moisés Naím, prominente economista y columnista de El Comercio, para que cada uno de los candidatos presidenciales tratase el tema de la institucionalidad democrática, tan dañada y venida a menos en los últimos cinco años.

Es cierto que de Alejandro Toledo a Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Keiko Fujimori, César Acuña y Alan García, las propuestas, unas más novedosas que otras, unas mejor sustentadas que otras, no podían estar desconectadas de la economía, la seguridad ciudadana, la corrupción, la educación, la inclusión social. Pero, debiendo tales propuestas responder a un necesario e imprescindible liderazgo presidencial, lo lógico era que cada candidato explicara cómo encajaría precisamente su liderazgo en una institucionalidad que llegará al 2016 hecha añicos, y que habría que reconstruirla pieza por pieza.

La gran ausente de CADE, en la voz de los candidatos presidenciales, ha sido pues la dramática crisis institucional del país, con la excepción fugaz de Alan García. Ya en la estación de preguntas y acicateado por Pablo de la Flor, el líder aprista dijo en breve lo que pudo haber desarrollado mejor en su ponencia: a) que el presidente es también jefe de Estado y como tal ejerce liderazgo y autoridad sobre los demás poderes, incluido el judicial; y b) que hay otra seguridad, la seguridad jurídica, gravemente afectada por jueces y fiscales ineficientes e irresponsables.

Por lo visto, no creemos que solo García sea consciente de la necesidad de una urgente reforma política. Pero todos, todos los candidatos presidenciales repliegan sus alas y su vuelo en este tema.

Es catastrófica la desaprobación de los poderes públicos (Ejecutivo, Congreso y Judicial) y de quienes los representan, que los coloca por el suelo de las preferencias y expectativas ciudadanas. ¿De qué manera podrían funcionar las mejores ofertas electorales de liderazgo político y gestión pública sobre este nivel de desconfianza tan hondo y tan difícil de revertir?

Hemos llegado en el Perú al extremo de que los mandatos políticos más elevados se han vuelto descartables: ya no solo las vicepresidencias y la presidencia de la PCM, hasta la presidencia de la República, que no sabemos en manos de quién está realmente, corre el mismo riesgo. La presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a jueces y fiscales, es descartable, como descartable lo es cada miembro de este organismo, y como descartables lo son muchas gobernaciones regionales.

La conclusión es que las propuestas presidenciables no servirán de nada sin una reforma política, y esta solo pasa por un compromiso político consensuado que, ¡oh, tristeza!, los liderazgos políticos no quieren asumir.

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