El domingo pasado, Keiko Fujimori inscribió su candidatura a la presidencia y presentó también su plan de gobierno: el “Plan Perú”. Se trata de un documento de 75 páginas que contiene las propuestas de Fuerza Popular, las cuales la candidata había mantenido en estricta reserva. Entre otros temas, destacan los planteamientos en materia económica, minera, educación y seguridad.
El documento es un listado de problemas sectoriales y propuestas de solución para cada uno. Sin embargo, hay una ausencia en información respecto a los plazos y costos de los planteamientos.
ECONOMÍA
Tributación e informalidad
El plan de Keiko Fujimori propone brindar beneficios tributarios extraordinarios para las medianas y pequeñas empresas (mypes), como tributación cero durante sus dos primeros años, un “IGV justo” y períodos de gracia.
Según indicó a El Comercio una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay ningún fundamento para tales medidas, pues no se conoce el impacto que tendrían en la recaudación tributaria. Además, sostuvo que las mypes ya cuentan con regímenes de muy baja carga impositiva, como el régimen especial de Impuesto a la Renta (RER) y el régimen único simplificado (RUS).
Juan Mendoza, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que una medida más efectiva para reducir la informalidad es la simplificación tributaria, así como el cambio de la forma en que se cobran los impuestos.
Gasto público
El plan de Keiko Fujimori además contempla reactivar la economía utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal y, a la vez, reducir la brecha de infraestructura. Según Mendoza, ello sería un grave error: “El propósito del fondo es financiar al sector público ante la eventualidad de desastres o ante una severa contracción en los ingresos fiscales”.
MINERÍA
Fuerza Popular ha planteado establecer un marco normativo que posibilite a las comunidades aledañas ser accionistas de las empresas mineras. Veljko Brcic, especialista en temas mineros, mencionó que esto significaría hacer a las comunidades partícipes del riesgo. “Y el mercado minero es muy volátil”, señaló y sostuvo que esto, a la larga, no ayudaría a resolver los conflictos. “Esta propuesta abre una caja de Pandora”, acotó.
EDUCACIÓN
En materia educativa, el documento plantea la cobertura plena en niños de 3, 4 y 5 años, un programa de alimentación integral en las escuelas más pobres, flexibilizar el currículo para adaptarlo a las necesidades laborales y crear un servicio nacional de aprendizaje para ofrecer alternativas de certificación y profesionalización a los jóvenes que no cuentan con educación básica regular.
Sobre la primera propuesta, el especialista en educación y docente de la Universidad del Pacífico César Guadalupe mencionó que actualmente la atención de niños entre 4 y 5 años es universal y en el caso de los de 3 años nos encontramos al 75%.
Asimismo, criticó la propuesta del plan de Keiko Fujimori de diversificar la enseñanza por no explicar el cómo: “Por ejemplo, diversificas para que haya una opción de electromecánica, ¿con qué máquinas? ¿En qué talleres? ¿Con qué docentes?”.
Añadió que para crear un servicio nacional de aprendizaje se tendría que haber planteado “un sistema no solo para dar instrucción, sino para reconocer lo aprendido fuera de la escuela”.
SEGURIDAD
En seguridad ciudadana, el plan realiza un diagnóstico respecto a seis problemas fundamentales (alta criminalidad, falta de liderazgo, falta de herramientas legales, recursos insuficientes, escasez de información para diagnosticar problemas e incremento de tráfico de drogas y terrorismo).
Sin embargo, para el especialista en temas de seguridad y ex viceministro del Interior Ricardo Valdés, el diagnóstico obvia los dos problemas de fondo: la débil institucionalidad de los operadores de justicia y la corrupción. Y, como consecuencia, no plantean soluciones adecuadas para ambos.
“Esto es grave, pues denota objetivamente que los asesores de la candidata Fujimori, o ella misma, no tienen mayor interés en evitar la corrupción, ni en cambiar los paradigmas institucionales de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE”, indicó.
En cuanto a las diez soluciones planteadas por el plan, Valdés resaltó que “ninguna contiene cómo se ejecutarían, no tienen ningún indicador de medición, ni período de ejecución ni costo asociado, por lo que más que un plan es tan solo un listado de acciones que podrían paliar la inseguridad, mas no resolverla”.
Respecto a algunas propuestas como la reformulación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, acotó que esta no toma en cuenta la participación vecinal, ni se da importancia al rol municipal, limitándose al bienestar policial e infraestructura.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) enero 14, 2016