La Junta Nacional de Justicia tiene entre sus atribuciones la designación de las cabezas de la ONPE y el Reniec, pero también debe decidir la sanción de los cuestionados jueces y fiscales supremos que  mantienen la facultad de elegir a dos representantes en el pleno del JNE. (Foto GEC)
La Junta Nacional de Justicia tiene entre sus atribuciones la designación de las cabezas de la ONPE y el Reniec, pero también debe decidir la sanción de los cuestionados jueces y fiscales supremos que mantienen la facultad de elegir a dos representantes en el pleno del JNE. (Foto GEC)
Paolo Benza

Periodista

paolo.benza@comercio.com.pe

A cinco meses de la convocatoria a elecciones generales y a nueve de que se celebren las primarias, las instituciones a cargo del sistema electoral están en una situación complicada. Entre julio y noviembre vence el mandato de cuatro de los cinco miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (); el jefe de la Manuel Cox, es interino; y el mandato del titular del Reniec, Bernardo Pachas, está vencido.

En ese contexto, una entidad recién constituida jugará un rol determinante: la Junta Nacional de Justicia (). El grupo tiene entre sus atribuciones la designación de las cabezas de la ONPE y el Reniec, pero también debe decidir la sanción de los cuestionados jueces y fiscales supremos que hoy mantienen la facultad de elegir a dos representantes en el pleno del JNE.

“La JNJ tiene la sartén por el mango”, dice el experto en derecho electoral José Tello.

— Cuestionados —

En julio vence el mandato como miembro del pleno del JNE de Luis Carlos Arce. Él es el representante de la junta de fiscales supremos, entre quienes hay tres involucrados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto: Tomás Gálvez, y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Hoy ellos tienen mayoría para decidir si se renueva el mandato de Arce o, de ser el caso, decidir quién debe reemplazarlo.

El propio Arce está involucrado en el caso. Recientemente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió dos investigaciones preliminares por los presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Aunque Arce lo ha calificado como un “abuso de autoridad”, hay audios de él con presuntos miembros de esta red.

Otro mandato que vencerá, pero en noviembre, es el del presidente del JNE, Víctor Ticona. El año pasado, El Comercio reveló cinco audios en los que se lo escucha en un presunto intercambio de favores con el exjuez supremo César Hinostroza.

Y hay más. El exjefe de la ONPE Adolfo Castillo fue suspendido en julio del 2018, acusado de favorecer ilegalmente la inscripción del partido Podemos Perú. Por eso Cox ejerce el cargo de forma interina.

—En manos de la junta—

Resolver esto depende de la . La junta es responsable de iniciar el proceso disciplinario a Castillo y de elegir –si es destituido– a su reemplazo en la ONPE. También debe nombrar al titular del Reniec. “Están obligados a resolver la situación de Castillo, Cox y Pachas. No hacerlo implicaría una omisión de funciones”, dice Tello.

En el caso del JNE, deberán definir la situación de los fiscales y jueces supremos vinculados a actos de corrupción. El jueves, la junta informó que ha abierto procedimiento disciplinario inmediato a Chávarry y Gálvez, así como a los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. El plazo para que se emita un informe sobre sus casos es de 60 días.

Además, se ha abierto investigación preliminar a otros dos jueces supremos: César San Martín y Ángel Romero. Todos estos magistrados son parte de la Sala Plena de la Corte Suprema que elige al presidente del JNE.

En el plan de trabajo de la junta se indica como una de sus tareas prioritarias “designar con carácter urgente a los titulares del Reniec y la ONPE”. El período que se estipula para tal labor es de 180 días. De tomarse el plazo entero, este vencería en julio, el mes en que se deben convocar las elecciones.

Sin embargo, si la JNJ no lograse cumplir este plazo, el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta opina que lo recomendable sería mantener a los titulares interinos.

“Si los órganos competentes no han resuelto la designación, no se debería forzar. La idea es que el proceso sea estable y no se afecte”, concluye el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui.

—Más datos—

En el 2017 se estipuló que las elecciones deben convocarse con 270 días de anticipación. Es decir, en julio. Antes eran solo 120 días.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes.