Reforma electoral: ¿hay coincidencias en proyectos presentados?

Tres propuestas para la reforma electoral serán debatidas próximamente en la Comisión de Constitución del Congreso que preside el parlamentario de Fuerza Popular, Miguel Torres.

Al anteproyecto de ley que presentará el 16 de mayo la subcomisión de reforma, liderada por la legisladora fujimorista Patricia Donayre, se suman los textos del Poder Ejecutivo y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que hace unos días también expusieron sus planteamientos.

Si se revisan los tres textos normativos propuestos, se puede apreciar más de una concordancia. Por ejemplo, los tres proyectos de ley proponen elevar la cuota de género del 30% al 50% con alternancia en las listas de candidatos a elecciones, prohibir los aportes de gobiernos extranjeros y los anónimos, así como la obligatoriedad de bancarizar los aportes mayores a una unidad impositiva tributaria (UIT) (S/4.050).

Da clic para ver la infografía completa. (Elaboración: El Comercio)

Además, todas las propuestas han incidido en un tema que diversos especialistas solicitaban desde hace varios años: establecer sanciones políticas a los partidos que no cumplan con transparentar sus finanzas.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, destacó la voluntad política del Congreso, el Gobierno y las entidades electorales en la reforma. Incidió en que las tres propuestas hayan coincidido en incluir sanciones políticas como la cancelación o suspensión de la inscripción a las organizaciones que incumplan sus obligaciones. “Las sanciones deben tener carácter político, se debe cancelar o suspender el registro de un partido que incumpla sus obligaciones. Las multas no las paga nadie”, manifestó.

Ejemplo de ello es la multa de S/2’267.440 impuesta a Alianza para el Progreso por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por recibir aportes en exceso provenientes de la Universidad César Vallejo durante la campaña municipal del 2010, que hasta la fecha no ha pagado.

Si bien hay similitudes, también existen discrepancias. Por ejemplo, la subcomisión de reforma electoral (integrada por representantes de todas las bancadas políticas, incluido el oficialismo) no contempla la obligatoriedad de la participación de las entidades electorales en las elecciones internas de los partidos. Tampoco propone la eliminación del voto preferencial ni autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda acceder al levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de los candidatos, algo que propuso el Ejecutivo.

A diferencia de lo planteado por el grupo congresal y el JNE, el Ejecutivo recomienda reducir de 4% al 1% el número de firmas necesarias para inscribir un partido ante el JNE. Esto fue criticado por Donayre, quien considera que una medida de este tipo ocasionaría que no se tengan organizaciones sólidas en el Perú, sino “partidos ocasionales que se juntarían para cada elección”. También se cuestionó desde el Congreso que la medida favorecería candidaturas puntuales de cara a los comicios del 2021. El grupo de trabajo aprobó no incluir esta disposición en sus recomendaciones.

Un enfoque distinto tiene el experto en temas electorales Fernando Tuesta, quien cuestiona la existencia misma del requisito: “La exigencia de firmas no demuestra la capacidad movilizadora de un partido. Por el contrario crea un mercado negro de firmas”.

Távara subraya la necesidad de encontrar consensos políticos para que la reforma electoral pueda estar vigente en las elecciones regionales y municipales del 2018. Para ello será fundamental que el grupo que preside Torres la apruebe en esta legislatura.

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