El suero de la verdad, por Diego Macera

¿Verdad, media verdad o falso? En esta sección analizamos el grado de veracidad de las propuestas y aseveraciones de los candidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Desde programas de electrificación rural hasta medidas para la erradicación de la corrupción policial, las promesas de campaña a veces tienen más de entusiasmo que de factibilidad.

“Hacia el 2017, nuestra principal meta será elevar el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad desde un nivel de 0,54 a 0,70; un aumento de casi 30%”. César Acuña, plan de gobierno de Alianza para el Progreso del Perú.

FALSO: El partido del señor Acuña pone el desarrollo humano como eje principal de su plan de gobierno. En este sentido, APP propone –como meta primordial– un aumento de 16 puntos centesimales del Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad (IDH-H) de las Naciones Unidas en el 2017.

Este indicador toma en cuenta los logros alcanzados por cada país en términos de salud, educación y generación de ingresos, y también cómo estos resultados son distribuidos entre la población.

La meta, no obstante, parece ser demasiado ambiciosa para el corto plazo prometido. Alcanzar un IDH-H de 0,70 colocaría al Perú por encima de países como Chile o Uruguay, y eso apenas año y medio luego del eventual juramento del señor Acuña como presidente. Las metas parciales para llegar a ese objetivo son también particularmente optimistas. “Elevar sustantivamente el índice de educación ajustado por desigualdad de 0,39 a 0,70”, como consigna el plan de APP, equivaldría a alcanzar en muy corto tiempo a países como Italia o Japón en ese indicador.

“Estableceremos un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa”. Keiko Fujimori, plan de gobierno de Fuerza Popular.

MEDIA VERDAD: La propuesta de Fuerza Popular para que las comunidades sean incluidas como accionistas de los proyectos mineros forma parte estructural de su plan para la gran y mediana minería en el Perú.

Al respecto, es clave reconocer que las empresas mineras que lo deseen ya pueden ofrecer a las comunidades aledañas participación en el accionariado. Es el caso, por ejemplo, de la Minera IRL y su proyecto de oro Ollachea. La comunidad involucrada recibiría el 5% del accionariado del proyecto cuando se inicie la operación. El modelo ha sido reconocido y apoyado por la PCM y por Cofide.

Más allá de los inconvenientes que presenta la medida (falta de criterios claros de demarcación sobre las comunidades afectadas, participación societaria de comunidades pobres en actividades de alto riesgo, entre otras), la experiencia a la fecha no ha sido del todo exitosa. A finales del año pasado, comunidades de Carabaya, en Puno, anunciaron que retiraban el apoyo al proyecto Ollachea, lo que significaba su paralización indefinida.

“Implementación del programa de electrificación para 10 mil pueblos alejados utilizando paneles solares”. Alan García, plan de gobierno de Alianza Popular.

MEDIA VERDAD: El plan de gobierno de Alianza Popular hace énfasis en la necesidad de la electrificación del sector rural. Para ello propone medidas como “extender las líneas de transmisión eléctrica hacia áreas rurales y fortalecer las distribuidoras regionales”.

El uso de paneles solares también forma parte de su estrategia. No obstante, la meta de electrificación de 10 mil pueblos alejados, prometida por el ex presidente García, resulta inferior a la ya programada en el Plan Nacional de Electrificación Rural 2014-2023 de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En efecto, ese plan contempla la electrificación de más de 60 mil localidades, que incluyen 410 mil viviendas, 2.342 instituciones educativas y 632 establecimientos de salud en los siguientes años.

De hecho, en mayo pasado, el Minem suscribió ya un contrato con la empresa Ergon Perú para la instalación de 150 mil paneles solares que suministrarán energía a 15 mil localidades alejadas. El contrato tiene una vigencia de 15 años.

“Establecer la obligatoriedad de todo el personal policial de hacer declaraciones juradas de bienes e ingresos anuales. La Inspectoría General verificará de manera aleatoria estas declaraciones”. Pedro Pablo Kuczynski, plan de gobierno de Peruanos por el Kambio.

MEDIA VERDAD: El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) tiene una sección dedicada exclusivamente a la erradicación de la corrupción policial.

La iniciativa de PPK para hacer obligatorias las declaraciones juradas de bienes, sin embargo, es parte de las medidas que ya se han tomado en la policía para evitar y detectar desbalances patrimoniales que apunten a hechos ilícitos. A nivel superior, el inciso C del artículo 2 de la Ley 27482 del 2001, norma que regula las declaraciones juradas de funcionarios y servidores públicos, incluye a “los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad, así como los oficiales que laboren en unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”, como servidores públicos que deben presentar sus declaraciones juradas.

Adicionalmente, en abril del año pasado, el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, señaló que desde ese momento todo el personal policial estaría obligado a presentar su declaración jurada de bienes. “Para este año [2015], con Inspectoría de la policía, nos hemos trazado la meta de que todos hagan su declaración jurada y contrastarla luego con sus propiedades. Allí pueden salir muchas sorpresas”, indicó Flores en aquel momento.

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