En el relleno sanitario ‘La Cucaracha’, ubicado en el distrito de Ventanilla, no se registra ningún ingreso de los vehículos acreditados por el consorcio Cleaning, ganador de una de las licitaciones. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
En el relleno sanitario ‘La Cucaracha’, ubicado en el distrito de Ventanilla, no se registra ningún ingreso de los vehículos acreditados por el consorcio Cleaning, ganador de una de las licitaciones. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
Graciela Villasís Rojas

La Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del (Eslimp Callao) firmó contratos y adendas por más de S/10 millones con dos consorcios para el servicio de recojo y recolección de desmonte en la provincia del Callao. Los contratos nunca se ejecutaron, según un informe de la contraloría y de acuerdo con lo que corroboró este Diario.

Entre marzo del 2015 y febrero del 2017, Eslimp Callao autorizó los pagos en efectivo por S/5’594.105 y, posteriormente, por S/4’603.625 a los consorcios Cerro Verde y Cleaning, respectivamente.

Ambos consorcios están integrados por las mismas compañías: JKL Contratistas International S.A.C. y Corporación Grupo Cerro Verde S.A.C. El consorcio Cleaning también está formado por una tercera empresa llamada Guerra Casas Solutions S.A.C. En el caso de Grupo Cerro Verde S.A.C., a pesar de no estar registrada como empresa prestadora de servicios sólidos, ganó las licitaciones sin cumplir este requisito, que está establecido en las bases de los dos concursos.

La persona que firmó los contratos fue Joaquín Cochella Maldonado, hasta hace unos días gerente general de Eslimp Callao y actual candidato a la Alcaldía de La Perla por Vamos Perú, el partido que fundó el burgomaestre de la provincia del Callao, Juan Sotomayor. Cochella es además el actual secretario nacional de justicia de ese partido, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

Tres meses antes de que se suscribiera el primer contrato, el 26 de diciembre del 2014, Juan Sotomayor –quien postulará al Gobierno Regional del Callao en octubre– firmó una adenda al convenio de cooperación institucional entre la municipalidad y Eslimp Callao, para que esta última gestione y desarrolle un plan de manejo de residuos sólidos, sanitario y ambientalmente adecuado en la provincia chalaca. Este fue el paso previo a las licitaciones que recaerían sobre empresas dedicadas a un rubro distinto.

El informe de auditoría de la contraloría indica que “los funcionarios de Eslimp Callao requirieron la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final del desmonte sin sustento, otorgando la buena pro, y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían los requisitos, incrementando los montos sin sustento y realizando pagos por servicios no prestados, los cuales fueron sustentados con firmas no auténticas ocasionando un perjuicio económico a la entidad por un total de S/10’197.730”.

—Las empresas—
El Comercio buscó a las representantes legales del consorcio Cerro Verde, Sandra Canchari Palomino, y del consorcio Cleaning, Yesenia Guerra Casas, así como a los socios que figuran en las compañías consorciadas. Lo que se encontró en las direcciones que figuran como sus domicilios legales, según la Sunat, fueron viviendas y departamentos que no registran ninguna actividad comercial.

Héctor Cornejo Mendoza, un joven de 20 años y quien figura como socio minoritario de Guerra Casas Solutions, indicó a este Diario que él formó esta empresa por pedido de Yesenia Guerra Casas, a quien conoció, según su relato, cuando ambos trabajaban realizando inventarios para una ‘service’. Cornejo Mendoza asegura además que la empresa fue creada para dar servicios de cómputo y desarrollo de software. Sobre Yesenia Guerra Casas, afirmó que desde hace dos años no ha vuelto a saber nada de ella.

En el departamento de la apoderada legal del consorcio Cleaning, Sandra Canchari, en Pueblo Libre, nadie abrió la puerta. El portero del edificio indicó que Canchari tenía una oficina pequeña en ese inmueble y que de dos a tres veces por semana acudía con dos personas.

—Los vehículos—
Cinco de los ocho vehículos presentados en la propuesta ganadora del consorcio Cleaning no cumplían los requisitos exigidos en las bases. Las placas que debían corresponder a cargadores frontales y volquetes pertenecen a: un automóvil sedán del 2012, una camioneta Toyota del 2002 para uso familiar, un ómnibus de 1991 para transporte público y dos furgonetas del 2010 y 2012. Estos vehículos, de acuerdo con las características de fabricación, difícilmente podían trasladar residuos sólidos de construcción.

Otra de las evidencias encontradas por los auditores de la contraloría fue que ninguna de las placas correspondientes a los vehículos de la empresa responsable había ingresado a depositar los residuos al relleno sanitario ‘La Cucaracha’, en el distrito de Ventanilla, Callao. Petramás, la empresa propietaria de este relleno sanitario, confirmó a este Diario que, “luego de la verificación realizada por parte del jefe de planta Callao, no se visualiza [el ingreso de] las placas solicitadas”.

— Posición de la empresa—
La Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, representada por su actual gerenta general, Balvina Villanueva, envió una carta a este Diario en la que señala que el Informe de Contraloría 238 del 2018 “tiene la calidad de prueba preconstituida, son reservados y revelan en términos de indicios, hechos presuntamente irregulares […] En tal sentido, no es posible formular una posición relacionada con la conducta y presunta responsabilidad de los funcionarios y servidores de Eslimp Callao involucrados en el informe de control porque ello atentaría contra el principio constitucional de presunción de inocencia, el derecho a la reserva, el buen nombre y la dignidad de la persona”.

Este Diario intentó dialogar en reiteradas oportunidades con el ex gerente general de Eslimp Callao Joaquín Cochella, pero, a través del área de comunicaciones de la Municipalidad de Callao, nos hizo saber que no declararía para este reportaje.

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