Percy García, el abogado de Gerardo Sepúlveda, cuestiona que no se le permita a su defendido salir del país por 41 días más y dice a El Comercio que presentará una queja contra juez Richard Concepción Carhuancho. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)
Percy García, el abogado de Gerardo Sepúlveda, cuestiona que no se le permita a su defendido salir del país por 41 días más y dice a El Comercio que presentará una queja contra juez Richard Concepción Carhuancho. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)
Paolo Benza

Periodista

paolo.benza@comercio.com.pe

El empresario chileno intentó sin éxito regresar a su país el pasado 27 de abril. Está en el Perú desde febrero, cuando llegó para declarar como testigo en el Caso Interoceánica. Días antes de su arribo, el juez Jorge Chávez Tamariz había rechazado un pedido de prisión preventiva en su contra por el caso Westfield Capital, donde la fiscalía sí lo ha incluido como investigado.

Pero fue otro juez el que lo conminó a quedarse en el Perú. . Y el último lunes, repuso 41 días a ese plazo: el tiempo transcurrido desde que se declaró la cuarentena. Percy García, el abogado de Sepúlveda, dice a El Comercio que presentará una queja contra el magistrado por ese fallo.

¿Qué pasó exactamente el 27 de abril, cuando Gerardo Sepúlveda intentó salir del país en un vuelo humanitario?

El 25 de abril, según la resolución del juez [Richard] Concepción Carhuancho, vencía el impedimento de salida que como testigo se le había dado a Gerardo. Y justo había un vuelo previsto del consulado, en el que se estaba organizando una salida para chilenos. Él me consultó y le dije: “claro que puedes salir”. Pero cuando estaba por subir al avión, no lo dejaron. Decían que necesitaba otra resolución judicial que confirmase que podía dejar el país. Entonces, nos pusimos en contacto con la secretaria del juez y le mandamos un ‘whatsapp’ preguntándole qué pasaba. Ese mismo día, el juez convocó a audiencia para discutir una reposición de 41 días al impedimento de salida.

¿No había ya un pedido de fiscalía para que se haga esta reposición?

Existía un pedido de la fiscalía, pero el juez de manera autónoma decidió declarar como urgente ese pedido y convocar una audiencia inmediatamente.

Si el objetivo del impedimento de salida era tomar la declaración de Sepúlveda, ¿no resulta lógico que, si ha habido 41 días de estado de emergencia, se extienda por tiempo equivalente la medida?

El plazo que tiene el fiscal para tomarle la declaración a Sepúlveda es de tres meses. Ese es el plazo procesal. Eso es lo que podría reponerse, pero no la medida de coerción personal. Si una persona está con prisión preventiva y hay una huelga del Poder Judicial, no se le da tres meses más. Se le excarcela. Lo que está haciendo realmente el juez es prolongar el impedimento de salida y eso por ley está prohibido en caso de testigos. El fiscal sabía ello y ha recurrido irregularmente al mecanismo de la reposición de plazos.

La fiscalía argumentó la pandemia del coronavirus, un evento extraordinario que escapa a todos.

¿Sobre quién tiene que pesar una situación como esta? ¿Sobre el ciudadano o sobre el Estado? Sí, hay una situación de pandemia y es imprevisible. Recordemos que Gerardo Sepúlveda no es imputado [en el caso Interoceánica], es testigo.

¿Cuánto tiempo pasó desde que Sepúlveda llegó al Perú hasta que empezó el estado de emergencia?

Él llegó el 23 de febrero. Desde el 24 hasta el 16 de marzo se le pudieron tomar declaraciones. ¿Qué tendría que hacer en este caso la fiscalía? Tomarle la declaración por videoconferencia. Ahora mismo podría programar la declaración para el caso donde es imputado [el caso Westfield Capital] y ese día tomársela como testigo del caso Toledo [Interoceánica]. Él, en todo caso, igual va a tener que venir al Perú siempre que se lo solicite la fiscalía. Si no, le dan prisión preventiva.

Pero ya en Chile, hacerla efectiva implicaría un proceso de extradición largo y complejo.

Él siempre ha podido negarse a venir, pero vino para declarar el 24, 26 y 28 [de febrero]. El 26 no le tomaron la declaración. Ese mismo día, el fiscal pidió el impedimento de salida y el juez Concepción Carhuancho, en dos horas, como siempre, le hizo la audiencia.

¿Qué motivo se les dio para no tomar la declaración?

El fiscal [José Domingo Pérez] dijo que en ese momento estaba en la audiencia pidiéndole el impedimento de salida. Mira, el Perú ha sido afectado durante muchos años por gente que ha hecho mal las cosas, pero cuando un juez se convierte en justiciero, cuando comienza a torcer las instituciones procesales y a pasar los límites de la legalidad, ya no se diferencia de aquello que persigue. En este caso se han saltado todas las vallas de razonabilidad y legalidad. ¿Cuál es el objetivo? Tengo mis teorías sobre qué persigue la fiscalía.

¿Cuáles?

Una es que como el fiscal no consiguió la prisión preventiva [en el caso Westfield], va a mantenerlo en el Perú sufriendo hasta que termine como colaborador eficaz. Otra es que lo están reteniendo en el país para ganar tiempo y convertirlo en imputado también en el otro caso [Interoceánica]. Y luego pedirle allí una prisión preventiva al juez Concepción Carhuancho, que se la daría de todas maneras. A ninguna le dice que no. Mira, [Sepúlveda] hoy no tiene trabajo, está haciendo lo que puede.

Ya, pero tampoco es una persona de bajos recursos, ¿no?

Una cosa es no ser una persona de bajos recursos y otra, tener un conjunto de gastos que asumir por tu nivel de vida. Sus ingresos están limitados a participar en algunos directorios que se lo han permitido remotamente. Y está solo aquí, sin su familia. Tampoco tiene el seguro privado que paga en Chile.

¿No es legítimo pensar que, después de todo esto, Sepúlveda no va a venir más al Perú, así se le cite?

Si no viene cuando se le cite, se le daría una prisión preventiva y se iniciaría un proceso de extradición. Y lo traerían en un año, dos o tres.

Pero ese proceso no solo demora, sino que es un filtro. No necesariamente lo tendrían que traer.

No, lo traen con seguridad. En Chile las instituciones de extradición funcionan. Más en casos de corrupción. Pero ojo, Gerardo no evita el problema. Cuando lo citaron en febrero, preguntó si había posibilidad de que lo detengan y le dijimos que sí. Igual vino. Además, tenemos un juez que no le ha dado prisión preventiva. Hay que ser locos para perder eso. Lo digo ya estratégicamente hablando. Si viene cuando le piden que venga, ¿qué entorpecimiento de la investigación podría ver la sala que ve la apelación que presentó la fiscalía [al rechazo de la prisión preventiva]?

¿Qué va a hacer Sepúlveda ahora, esperar los 41 días?

No le queda otra. Mientras, vamos a presentar apelación y una queja funcional contra el juez [Concepción Carhuancho]. Esta semana él no era juzgado de emergencia y, aún así, calificó de urgente el pedido del Ministerio Público y convocó a audiencia. Quien estaba de turno era otra jueza. Además, bajo el disfraz de una reposición de plazo, lo que ha hecho es prolongar el impedimento de salida de Sepúlveda y eso está expresamente prohibido. Repito: una cosa es ser juez y otra justiciero. Me parece excelente luchar contra los corruptos, pero cuando rompes las reglas eres un justiciero. Y te conviertes en aquello que persigues.

Entremos a un caso en específico. En el proyecto Olmos, Pedro Pablo Kuczynski [PPK] le consiguió garantías soberanas a Odebrecht y era dueño de Westfield Capital.

Pero las garantías estaban en el contrato. El Estado se comprometió a dar las garantías para la obtención del financiamiento.

¿Una garantía soberana?

Los contratos normalmente están establecidos en formas generales y luego se van completando...

Pero la garantía soberana no es común para este tipo de proyectos.

¿Sabes cuál fue la ganancia de PPK en Olmos por parte de Westfield Capital? Cero. No ganó un sol.

Con PPK en el Gabinete de Ministros, el Estado garantizó el pago del servicio de trasvase de aguas a Odebrecht, que inicialmente solo lo iba a hacer el gobierno regional.

Mira, yo no soy abogado de PPK, no me corresponde defender su actuación. Lo que sí te puedo decir con absoluta transparencia es que de esa estructuración en Olmos, Westfield Capital y PPK no recibieron un sol del honorario de éxito.

Pero la hipótesis fiscal es que luego se difirieron [presuntos] pagos ilícitos desde First y Westfield Capital.

First Capital le paga el 2013 por una consultoría en Rutas de Lima, cuando PPK ya no estaba en la función pública.

¿No se han transferido a PPK US$609.950 de First Capital y US$2.3 millones de Westfield en los últimos 15 años?

Bueno, no hay ninguna operación que no pueda ser explicada. La transferencia de First Capital a PPK, acreditada por contrato, fue una participación en la estructuración financiera de Rutas de Lima

¿Parte del discurso de la defensa es que aquí hubo conflicto de interés, pero no delito?

Hay un dato objetivo que es innegable: Westfield Capital pertenecía a PPK. Y Sepúlveda obtenía los ingresos por sus labores de estructuración utilizando ese vehículo empresarial. Eso lo dejamos a juicio de quien lo entienda así. Pero lo que están imputando aquí no es un conflicto de intereses, sino haber lavado una coima. Eso implica que él sabía que estaba recibiendo una coima cada vez que le pagaban por sus servicios. Y eso no ha sido así.