Luis Valdez: “El Congreso no quiere confrontación y una muestra es la confianza a un Gabinete que no la merece” | ENTREVISTA

— Alianza para el Progreso (APP) tuvo duras críticas al Ejecutivo por su manejo de la emergencia sanitaria, incluso el congresista Omar Chehade afirmó que el Gabinete Zeballos no merecía la confianza. ¿Por qué su bancada votó a favor?

No solo Chehade, por lo menos el 90% de las bancadas consideraba que no merecía el voto de confianza. La reacción del gobierno [frente a la pandemia] no solo ha sido tardía, sino poco efectiva. Hoy tenemos un índice de mortandad que superar al resto de países de la región. Y se ha invertido de manera irresponsable, poco planificada y anti técnica. Nosotros consideramos que el Gabinete tiene que ser reestructurado, pero ello no podía venir desde el Parlamento, eso hubiera sido generar una crisis política, dejar a un gobierno sin Gabinete en plena pandemia. Sí creemos que [tras la confianza] el presidente Martín Vizcarra debe realizar cambios en el Consejo de Ministros, empezando por el primer ministro. El gobierno tiene que aceptar que ha cometido muchos errores y esa responsabilidad política debe tener una consecuencia.

— El Congreso lleva dos meses y medio en funciones, en este tiempo han dado leyes como la liberación del 25% de los fondos de las AFP, la cancelación del cobro de los peajes, y hay otros proyectos de ese corte en espera. ¿No cree que el Parlamento está siendo populista?

Si ser populista significa darles las herramientas a los ciudadanos para enfrentar el estado de emergencia, podemos adoptar ese calificativo. Ese es el espíritu de este Congreso, no podemos darle la espalda a un deber que tenemos con los peruanos. El Perú atraviesa hoy una crisis profunda, no solo sanitaria, sino también económica. En ese contexto, es que se dio la liberación del [25% de los fondos] de la AFP…

— La cancelación del cobro de peajes ha dejado al país expuesto a demandas…

Eso es relativo, porque la ley ha establecido que cuando hay hechos de fuerza mayor, como una pandemia, entonces se pueden tomar medidas excepcionales, incluso en contra de esos contratos que pueden generar restricciones a personas sumidas en la crisis sanitaria…

— ¿No ha sido un error crear un régimen especial para que los parlamentarios presenten su declaración jurada de intereses? ¿No cree que le quita transparencia a la institución?

El gobierno, en su momento, intentó confundir a la población diciendo que nosotros nos resistíamos a presentar nuestras declaraciones juradas de intereses, lo cual no es cierto. Lo que se ha aprobado es que esta declaración se presente ante la contraloría. ¿Por qué? Porque es el ente constituido para esos efectos. Enviar esta información a un ente político, como la Presidencia del Consejo de Ministros, es darle la oportunidad para que puedan tergiversar y manipular antojadizamente la información. Históricamente, se ha visto cómo funciona el poder político cuando tiene oscuras intenciones. A la contraloría se le ha exigido que todos los peruanos tengan acceso a la declaración jurada de intereses [de los parlamentarios]. No es una cuestión de fondo ni de forma, solo se cambió la autoridad competente para estos efectos. Es más no solo los congresistas, todos los funcionarios públicos, sobre todo los que disponen de recursos del Estado, deberían presentar su declaración jurada de intereses ante la contraloría.

— Durante los últimos dos meses, el Congreso ha protagonizado discrepancias con el Ejecutivo por la liberación de los fondos de las AFP, la cancelación de los peajes y el deshacinamiento de los penales. ¿La relación se ha desgastado más pronto de lo que esperaba?

De los tres puntos que has mencionado, el que ha salido a cuestionar al Congreso por decisiones legítimas y democráticas ha sido el Ejecutivo. Entonces, nosotros tenemos un ánimo distinto, contrario, que es construir y trabajar de manera pro activa. Me parece que desde el Ejecutivo no hay este mismo ánimo. Una sola persona no puede resolver los problemas del Perú, estos son tan profundos que requieren de la concurrencia de todas las fuerzas políticas, de las instituciones y de todos los poderes del Estado.

— ¿Es alto el riesgo de que se dé un nuevo escenario de confrontación con el gobierno?

Para que exista un conflicto se requiere de dos partes, y nosotros no somos una de ellas. Una muestra clarísima de que el Congreso no quiere confrontación sino construir es que terminó dándole el voto de confianza a un gabinete sin que lo merezca. Tenemos la esperanza de que el gobierno, el presidente Vizcarra, sea honesto con los peruanos y pueda corregir los problemas que son evidentes en la lucha contra el COVID-19. No se ha actuado de manera adecuada, y estos errores tienen que ser corregidos para tener efectividad.

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— La Universidad César Vallejo- de propiedad de César Acuña, líder de su partido- obtuvo su licenciamiento de SUNEDU, pero tiene que cerrar algunas de sus filiales. ¿El voto de confianza tiene relación con la ampliación del plazo de este cierre?

No, me parece que esa es una sugerencia bastante irresponsable. No tengo nada que ver con esa institución [la Universidad César Vallejo]. El Parlamento es autónomo, está siguiendo sus líneas de acuerdo a las necesidades del país. Lo otro me parece es una afirmación irresponsable que han hecho algunas personas en redes sociales para confundir.

— El programa “Punto final” reveló que familiares de Manuel Merino de Lama contrataron por más de S/200.000 con el Estado entre el 2011 y 2016, cuando el acciopopulista era congresista. ¿El caso del actual presidente del Parlamento debe pasar a la Comisión de Ética?

Frente a la mínima acusación, lo primero que se debe de hacer es transparentar, y se puede investigar, ya sea en la Comisión de Ética, en el Ministerio Público o en cualquier otra institución, aquí nadie va a tapar a nadie, si hay una denuncia, una queja o una sospecha lo mejor es que se investigue y eso es lo que ha pedido el presidente del Congreso.

— El cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, ganó más de S/175.000 en servicios que brindó al sector Cultura durante la administración de seis ministros. ¿El Congreso debe investigar estos contratos?

El Congreso, el Ministerio Público y todas aquellas instituciones como la contraloría que tiene el deber legal y constitucional de transparentar a la administración pública. Ha sido evidente la indignación que ha generado [los contratos a ‘Richard Swing’] en todos los sectores de la población. Se debe determinar si hay o no un conflicto de interés, quién ha favorecido a esta persona, que desde mi perspectiva no tiene nada que aportar al Ministerio de Cultura. Esta contratación atenta contra el esfuerzo de los peruanos, más aún en este estado de emergencia.

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— La Comisión de Constitución aprobó un dictamen que deja sin efecto las elecciones primarias para el 2021 por el COVID-19. ¿Cree que, ante la situación de emergencia sanitaria, la modalidad de las internas debe ser un militante, un voto, a través de sufragio electrónico y que el proceso sea organizado por la ONPE?

Creo que ahorita no estamos para experimentos, porque esto generaría un riesgo en las próximas elecciones. Frente a ello, creemos que se debe mantener el modelo [usado] en el último proceso electoral [general]…

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

La bicameralidad sería el mejor legado que puede dejarle este Congreso al país de cara al bicentenario. La bicameralidad es una necesidad urgente, porque nos permitiría hacer un mejor filtro no solo de las leyes que aprueba el Congreso, sino para la elección de los representantes al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva. Evitaríamos muchas repartijas, que se dieron en el pasado. Pero no sé si el tiempo y la coyuntura nos ayuden.

— ¿Es César Acuña el candidato natural de APP a la Presidencia de la República en el 2021?

Para Luis Valdez, sin lugar a dudas por lo que ha significado su trayectoria en el sector público, como alcalde de Trujillo, gobernador de la Libertad, congresista, pero, además, por su trabajo incansable en la empresa y por la cantidad de profesionales que ha aportado a este país, puede dar un ejemplo de lo que significa eficiencia.

— En el 2016, APP llevó al Congreso a Benicio Ríos y a Edwin Donayre. Los dos están en prisión ahora. Y en el 2020 han llevado al Parlamento a Humberto Acuña, quien tiene una sentencia suspendida por cohecho activo en calidad de cómplice. ¿Esperan mejorar sus filtros para el próximo año?

Los filtros tienen que mejorarse, hemos hecho un esfuerzo para este proceso electoral, gracias a Dios hoy no tenemos parlamentarios con problemas con la justicia. Y sobre el congresista Humberto Acuña, la justicia no se ha pronunciado todavía de manera definitiva, yo creo en su inocencia, conozco el caso. Sin embargo, habrá que esperar que la justicia se pronuncie. Y el día que lo haga, tenga la seguridad de que APP adoptará las medidas que corresponda y sobre todo dentro del ámbito de integridad.

— El parlamentario Marco Verde, integrante de su bancada, fue grabado en una reunión social bebiendo licor e incumpliendo el aislamiento social por la emergencia del COVID-19. ¿Será suspendido de APP? ¿Lo someterán a la Comisión de Ética?

Primero hay que decir que ha sido un error, y él lo ha reconocido públicamente, ha pedido disculpas no solo al país, sino a la interna de APP. Ya cuando se constituya la Comisión de Ética dependerá de los congresistas evaluar su caso y si tienen que sancionarlo, él está llano. Se ha sometido públicamente a las investigaciones que el hecho diera a lugar.

— ¿Los congresistas deben reducirse sus salarios ante la emergencia sanitaria? ¿En cuánto?

Mira, hemos planteado un proyecto de ley para reducir el 20% de las remuneraciones de todos los funcionarios públicos sin distinguir la entidad, desde el Ejecutivo, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva. Estas dos últimas instituciones tienen salarios alejados de la realidad del país, esto tiene que regularse. Esta reducción irá hasta el 31 de diciembre de este año. Durante ese tiempo, la PCM debe reestructurar la escala salarial del Estado Peruano.

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