Juan Carlos Gonzales renunció este miércoles a la Comisión de Ética Parlamentaria. (Foto: Congreso de la República)
Gustavo Kanashiro Fonken

La del Congreso ha llegado a uno de los puntos más polémicos de su historia reciente. Luego de que algunos de sus integrantes anunciaran, en diciembre del año pasado, que renunciaban o suspendían su participación a la espera de una reestructuración, el grupo de trabajo .

En este contexto, el debate político sobre el trabajo de esta comisión tiene un largo trecho que recorrer. Sin embargo, los datos concretos de su labor en el presente periodo parlamentario revelan cifras que merecen ser analizadas.

- Pocas acusaciones sin resultados -

Por manos de la Comisión de Ética, desde julio del 2016 hasta inicios de abril de este año han pasado 117 casos. De ellos, solo 5 se convirtieron en informes que recomendaron sanciones efectivas, y apenas dos fueron aprobados por el pleno, aunque luego se convirtieron en simples llamadas de atención sin suspensiones efectivas. El resto fueron rechazados o devueltos para que sean investigados nuevamente.

En el mismo plazo, la Comisión de Ética del Congreso anterior había recomendado suspensiones en 13 casos, más del doble de los informes que se han producido en los últimos dos años.

"Es importante recordar que, durante los dos primeros años del Congreso anterior, la Comisión de Ética estaba formada por un representante de cada grupo parlamentario. Luego se cambió al sistema actual con un criterio de representación proporcional", destacó Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

- Los más recurrentes -

Fuerza Popular tiene el mayor número de casos archivados en Ética, llegando a 42 hasta la fecha. A eso habría que añadirle los 15 procesos contra congresistas no agrupados que eran parte del fujimorismo cuando fueron acusados (como Yeni Vilcatoma, Maritza García y Kenji Fujimori). A estos grupos les sigue el Frente Amplio con 10 procesos archivados.

Curiosamente, destaca la congresista Yesenia Ponce, quien ha llegado a acumular seis denuncias en su contra. A ella le siguen sus colegas de Fuerza Popular Elard Melgar y Betty Ananculí con cuatro procesos cada uno.

"La comisión tiene la facultad de rechazar de plano las denuncias cuando considera que no hay indicios o mala fe. Pero si tienes más de 100 casos y solo investigas unos 20 y, entre las archivadas, ves algunas que sí ameritaban al menos una indagación, creo que hay que replantearse varias cosas", señaló Távara, quien se mostró a favor de la iniciativa de reformar Ética.

- Las comisiones de ética en la región -

Ante la controversia dentro de la Comisión de Ética, han cobrado fuerza los planteamientos de congresistas que piden modificaciones. Acción Popular pide un miembro por bancada, mientras que el oficialismo considera que este grupo de trabajo debe ser formado por personas ajenas al Parlamento.

Estas ideas, sin embargo, serían novedosas no solo en el Perú sino en Latinoamérica, donde las comisiones de ética no solo son integradas por legisladores, sino que son presididas por partidos con mayoría.

En Colombia, por ejemplo, la Comisión Legal de Ética y Estatuto tiene 17 miembros de la Cámara de Representantes y 11 senadores. Actualmente está presidida por le Partido Liberal y por Opción Ciudadana, dos agrupaciones cercanas a Juan Manuel Santos.

En Chile se repite esta situación, donde la Comisión de Ética y Transparencia está formada por senadores bajo la presidencia del partido Renovación Nacional, que es parte de la bancada oficialista Chile Vamos. En Brasil, el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario es integrada por senadores y diputados bajo el liderazgo de miembros de los partidos que apoyaron la destitución de Dilma Rousseff y que respaldan a Michel Temer.

"No podemos comparar el Congreso del Perú con países como Chile. Según el último estudio de Transparencia Internacional, el índice de corrupción en este país lo coloca entre los mejores países del mundo. Ahí el Estado de derecho y el respeto hacia la ley es diferente, lo que le da viabilidad y respaldo a sus instituciones", comentó, a su turno, el ex presidente de Proética, Jorge Medina.

En esa misma línea se mostró Rafael Fernández Stoll, sucesor de Medina como presidente de Proética. Para él, fuera del ámbito internacional, la Comisión de Ética tal y como está formada no está funcionando para lo que debe servir.

"Por eso es destacable que se esté debatiendo su situación y se evalúen alternativas, que se abra el debate y se escuche a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y otras instituciones involucradas en la labor funcional", indicó Fernández Stoll.