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Josefina Miró Quesada

El presidente Martín Vizcarra afirmó el lunes que confía en que los seis proyectos de reforma política impulsados por su gestión serán aprobados en el Congreso sin ser distorsionados y a más tardar el 25 de julio, cuando termine la presente legislatura. Sin embargo, precisó que, de no ocurrir así, asumirá que la cuestión de confianza "ha sido denegada" y, en consecuencia, actuará como lo establece la Constitución.

Dos semanas antes, en su presentación ante el pleno del Congreso, el martes 4 de junio, el primer ministro, , pidió mantener la ‘esencia’ de los seis proyectos de ley por los que presentaba la que, finalmente, le otorgó el Parlamento. Por 'esencia' entiéndase un contenido indispensable que no debe alterarse.

La gran pregunta es qué (y quién) determina los límites de lo que se puede o no cambiar, bajo riesgo de estar desnaturalizando estas iniciativas. En todo caso, qué pasa si el Congreso transgrede los límites trazados por el Ejecutivo, luego de haber votado a favor de la cuestión de confianza.

“La cuestión terminó con la votación en sesión y [el Ejecutivo] no puede decir: ‘No seguiste lo que yo dije, entonces me negaste la confianza’”, señala Elena Alvites, profesora de derecho constitucional de la Universidad Católica.

Milagros Revilla, catedrática de la Universidad del Pacífico, coincide, aunque entiende que hay una discusión jurídica y política sobre si la confianza depende de mantener la ‘esencia’ de los proyectos.

“La interpretación [de la Constitución] no es literal y eso explica por qué para unos colegas la cuestión se acaba en el acto legislativo de la votación del pleno, mientras otros consideran que implica también una carga política que va más allá del acto del pleno, y es que finalmente es una norma jurídica y política; yo tengo mis reservas de que se extienda [la confianza]”, sostiene.

Para la constitucionalista Úrsula Indacochea,“el Parlamento ya otorgó la confianza y tiene la obligación de legislar respetando los parámetros [de la esencia], pero si no los cumple, el remedio ya no es jurídico sino político”.

Alternativas
Según este razonamiento, si los proyectos llegan a ser desnaturalizados, no se puede interpretar que la cuestión de confianza ha sido rechazada ni el presidente queda facultado para disolver el Congreso.

Alvites sostiene que en este escenario podría plantearse nuevamente otra cuestión de confianza sobre aquello que no fue aprobado por el Congreso, aunque “se haría un uso manido de la medida”. O, respecto a las reformas constitucionales −proyecto sobre impedimentos para postular a los cargos e inmunidad parlamentaria−, el presidente podría tener una iniciativa de referéndum, aunque, advierte: “Sería un entrampamiento profundo para la gobernabilidad del país”.

Si bien Revilla coincide con la posibilidad de plantear un referéndum, explica que esto implica una participación del Parlamento que es el que aprueba los textos de los proyectos. En el caso de las reformas legales, añade que el Ejecutivo tendría que esperar otro momento para presentarlos.

“El sistema no es perfecto, pero está organizado para que al final se respete la división de poderes y los principios de la Constitución”, comenta Revilla. 

Avances en Constitución
La Comisión de Constitución modificó su cronograma y empezó a debatir las seis propuestas priorizadas por el Ejecutivo.
En esta semana, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, participó en el debate y el próximo martes se espera la asistencia del primer ministro, Salvador del Solar